
La jueza federal María Eugenia Capuchetti definirá si abre una nueva investigación contra el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, por la presunta asignación de una custodia oficial para su esposa, Bettina Angeletti. El caso surgió a partir de una denuncia del diputado nacional Rodolfo Tailhade, quien a la vez ya tiene una causa iniciada por supuesto espionaje ilegal a la familia del ministro coordinador.
La secuencia de eventos comenzó el mes pasado, precisamente el 29 de abril, cuando Adorni se presentó ante la Cámara de Diputados para dar su informe de gestión.
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Cuando fue su turno de preguntar, Tailhade se refirió a la esposa del funcionario y señaló tres ubicaciones que frecuentaba -una de ellas un bar en Palermo, a donde Angeletti iría con amigas-. A esto, el legislador kirchnerista agregó que la mujer gozaba de una custodia oficial de la Policía Federal Argentina (PFA), con uniformados que la escoltaban incluso para citas personales.
Sus dichos en el Congreso le valieron a Tailhade una denuncia del Ministerio de Seguridad, que recayó en el Juzgado Federal N° 5, a cargo de Capuchetti. La fiscal de la causa fue Paloma Ochoa.
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En su presentación, los abogados de la cartera que conduce la ministra Alejandra Monteoliva advirtieron posibles “tareas de espionaje ilegal sobre la vida privada del Sr. Jefe de Gabinete”, que además trascenderían “ese plano individual y se proyectaría como una conducta que compromete directamente a la Seguridad Nacional”.
El Ministerio también dejó asentadas sus sospechas acerca de si el pasado de Tailhade en la SIDE, como director de Contrainteligencia, le permitió “emplear indebidamente influencias, contactos, información y/o eventualmente medios técnicos” para enterarse de los detalles de la vida privada de Adorni y su esposa.
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No obstante, el fiscal federal Guillermo Marijuan y el juez Daniel Rafecas ya tenían abierto desde hace pocos días antes otro expediente por las referencias de Tailhade en Diputados.
Marijuan, con la investigación delegada, certificó ante su par Paloma Ochoa que él ya estaba detrás del supuesto espionaje, a partir de una denuncia que un abogado particular radicó en Comodoro Py.
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Pero la causa tuvo un agregado inesperado. El legislador denunciado envió espontáneamente un descargo a la fiscalía de Ochoa en el que cuestionó que el Ministerio de Seguridad actúe “como abogado” de Adorni y, en paralelo, denunció lo que ya había dicho en la sesión de abril.
Así, la fiscal Paloma Ochoa entendió que debía investigarse, por un lado, el presunto espionaje que ya tramitaba ante Marijuán y Rafecas, por lo que declinó su competencia para intervenir en ese hecho.
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Y, por otro, le sugirió a la jueza Capuchetti extraer testimonios por la denuncia de Tailhade y enviar el caso a la sala de sorteos de la Cámara Federal ante el “hecho nuevo” que apareció en el expediente, para averiguar por separado lo relativo a la supuesta custodia oficial de Angeletti.

Según supo Infobae de fuentes judiciales, la jueza Capuchetti volvió a pedir certificar la causa de Marijuan y también la de enriquecimiento ilícito que lleva adelante el fiscal Gerardo Pollicita.
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Tras analizar toda esa información, la magistrada deberá tomar una decisión: si desestima la extracción de testimonios o elige abrir una nueva causa contra Adorni.
Cabe recordar que la titular del Juzgado Federal N° 5 también está a cargo de todos los expedientes por los “créditos VIP” del Banco Nación a funcionarios libertarios.
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