Quedaron atrás las polémicas iniciales por la virtualidad, la frecuencia de las audiencias y el lugar donde debía realizarse el juicio por los llamados “cuadernos de las coimas”: a un año del inicio del debate, el Tribunal Oral Federal 7 acaba de mudar su sede desde el Palacio de Justicia a una hilera de despachos ubicados en la planta baja de Comodoro Py 2002 acondicionados a nuevo.
La mudanza incluyó la caja fuerte donde desde hace años se resguardan los originales que escribió el remisero Oscar Centeno con su relato de circuitos para el cobro de sobornos junto a su entonces jefe y exfuncionario kirchnerista Roberto Baratta. Los blocks y cuadernos espiralados sólo salen de allí en poder de un secretario que se pone guantes blancos cada vez que los manipula para mostrárselos a algún testigo en el debate oral.
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El viernes 6 de noviembre se cumplió un año del inicio: todavía hay 208 testigos pendientes de declarar ante los jueces Enrique Méndez Signori, Fernando Canero y Germán Castelli.
También se aguarda por decisiones cruciales: reclamos de careos por contradicciones y una definición sobre testigos pendientes como la exempleada de Casa Rosada Miriam Quiroga y el CEO de Techint Paolo Rocca, ambos con justificativos médicos que por ahora los mantienen alejados de Comodoro Py 2002.
Ya pasaron por la sala de audiencias -presencial o virtual- 146 personas que brindaron testimonio, según un relevamiento de la fiscalía. Se juzgan los expedientes conocidos como Cuadernos, La Camarita, Corredores Viales y Trenes. La acusación alcanza a 85 personas, entre ellas la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, 19 exfuncionarios, 63 empresarios y dos exchoferes.
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Según la hipótesis acusatoria, se analiza la presunta existencia de una asociación ilícita que, entre 2003 y 2015, habría recaudado dinero de empresas de los rubros de la construcción, la energía y el transporte a cambio de beneficios en la adjudicación de contratos estatales. La fiscal León definió el expediente de manera previa al inicio del juicio como la “investigación de hechos de corrupción más extensa que se ha realizado en la historia judicial argentina”.
80 audiencias
Entre el 17 de marzo y el 30 de abril se realizaron 12 audiencias de indagatorias. De los 85 imputados, 30 declararon y 55 optaron por no hacerlo. Cinco de quienes declararon respondieron preguntas de la Fiscalía: Rafael Llorens, Oscar Thomas, Walter Fagyas, Alberto Tasselli y Julio Álvarez.
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Roberto Baratta, exsecretario de Coordinación del Ministerio de Planificación Federal, amplió su declaración indagatoria en las audiencias del 11 de junio y del 10 de septiembre.
La etapa testimonial se abrió el 5 de mayo. Hasta el 5 de noviembre se celebraron 51 audiencias en las que declararon 146 testigos. Restan comparecer otras 208 personas, 13 de ellas ofrecidas por el Ministerio Público Fiscal.
La Fiscalía señaló que no puede precisar cuándo terminará esa fase porque su duración depende de la actividad de todas las partes. Sin embargo, sostuvo que el desarrollo del debate permite prever que los alegatos podrían llegar antes de la estimación original.
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“El debate se desarrolla con un ritmo sostenido y favorable, lo que permite prever que la discusión final podría ocurrir en un plazo inferior al inicialmente estimado”, consignó la Fiscalía en su informe actualizado.
Durante las audiencias se exhibieron los originales de los cuadernos secuestrados y reservados por el tribunal, fotografías, registros audiovisuales, audios y mensajes de WhatsApp. También se incorporaron informes de la ex AFIP, órdenes de vuelo, manifiestos de pasajeros, documentos administrativos, cruces de comunicaciones telefónicas, actas de procedimientos y allanamientos, croquis y declaraciones testimoniales previas.
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