La justicia de Paraná determinará qué pruebas podrán utilizarse en el futuro juicio por presunto enriquecimiento ilícito contra el exgobernador de Entre Ríos, Sergio Urribarri, quien permanece detenido en la Unidad Penal 9 de Gualeguaychú, cumpliendo una condena por otros hechos de corrupción.
En el marco del Sistema Acusatorio, el juez de Garantías Mariano Budasoff escuchará a las partes en una audiencia oral y pública el próximo lunes, en la que deberán definir qué documentos, registros contables, elementos digitales e informes podrán ser incorporados al debate. Una vez completado ese trámite, la Oficina Judicial fijará la fecha de inicio del proceso.
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En el caso intervienen los fiscales Gonzalo Badano y Juan Francisco Ramírez Montrull, quienes le atribuyen a Urribarri un supuesto incremento patrimonial injustificado de $ 11.546.740,92, USD 7.245.441 y 16.300 euros.
La hipótesis sostiene que Urribarri habría utilizado al empresario paraguayo Diego Armando Cardona Herreros y a Rubén Ángel Martínez para ocultar o disimular la titularidad de fondos y bienes. Martínez, vinculado a la firma Relevamientos Catastrales SA, resolvió su situación mediante un juicio abreviado.
Cardona Herreros, quien aparece como propietario de la firma que fue contratista del estado entrerriano, Relevamientos Catastrales S.A., habría puesto a disposición su estructura empresarial, a sus empleados y su propio nombre para gestionar pagos, viajes, adquisiciones y registros de bienes.
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En tanto, Martínez figuró como titular de un Ford Focus Ghia comprado en noviembre de 2011 por $ 117.000, mientras que las autorizaciones para conducir el vehículo fueron otorgadas a Mauro Gabriel Urribarri, Lucila María Sattler y Ana Lía Liliana Aguilera, esposa del ex gobernador.
Entre los gastos e inversiones que examinó la pesquisa surgen gastos de viajes internacionales contratados a nombre de Urribarri, Aguilera y otros integrantes de su familia. Entre los destinos mencionados figuran Atenas, París, Roma, Jerez, Cancún, Venecia, Cerdeña, Natal, Miami, Nueva York, Londres y Río de Janeiro.
La investigación incluye inmuebles en Puerto Madero y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, reformas en una propiedad de la calle Garat de Concordia, vehículos, un reloj Rolex, esculturas de cristal de Murano, una moto de agua, un gomón y equipamiento para la Casa del Lago.
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Por su parte, el defensor de Urribarri, Miguel Cullen, planteó que los bienes, ingresos y gastos del grupo familiar no pueden atribuirse automáticamente al gobernador. En ese sentido, señaló que su hijo Bruno Urribarri desarrolló una carrera como futbolista profesional en clubes de Argentina y Grecia, con ingresos propios que deberían ser considerados al reconstruir la situación económica familiar.
Otro juicio pendiente contra Urribarri que podría litigarse en simultáneo con el de enriquecimiento ilícito corresponde a una causa por supuestas negociaciones incompatibles, que evalúa la contratación de un sistema de software para la Administración Pública de Entre Ríos que habría sido adjudicado a Relevamientos Catastrales.
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La sospecha es que durante la gestión del ex mandatario provincial habría utilizado el cargo público para favorecer a esa firma mediante contratos estatales y, presuntamente, el pago de coimas o beneficios a exfuncionarios. Por esos hechos, Urribarri y Cardona Herreros también están acusados de cohecho pasivo y fraude.
Condena unificada por cinco causas
A los dos procesos pendientes, se suman otras cinco causas de corrupción por las que Sergio Urribarri recibió una sentencia única de 8 años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.
El fallo abarcó un conjunto de expedientes que integraron el megajuicio contra el exmandatario por direccionamiento de fondos, contrataciones de imprentas, gastos de promoción turística, fondos para la Cumbre del Mercosur y una solicitada contra los fondos buitre.
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El caso conocido como “Global Means” examinó el otorgamiento irregular de publicidad oficial a una firma vinculada al empresario Germán Buffa. La acusación sostuvo que el gobierno entrerriano direccionó recursos hacia la empresa antes de que contara con existencia real.
En otra investigación, se evaluaron maniobras de peculado mediante facturación y contratos de imprenta y publicidad que habrían sido falsos o direccionados. Las firmas señaladas en ese expediente fueron Next SRL y Tep SRL, relacionadas con el entorno familiar de Juan Pablo Aguilera, cuñado de Urribarri.
La tercera causa se vinculó con el “Sueño Entrerriano”, un parador playero instalado en Mar del Plata durante el verano de 2015. El emprendimiento incluyó una estrategia de difusión turística cuyo costo superó los 14 millones de pesos. Según la acusación, esos recursos públicos se utilizaron para promover la precandidatura presidencial del entonces gobernador.
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El cuarto expediente estuvo relacionado con la Cumbre del Mercosur que se realizó en Paraná en 2014. El sumario abordó el manejo de los recursos destinados a organizar ese encuentro regional en la capital entrerriana. La cifra bajo análisis alcanzó los 28,4 millones de pesos.
El quinto proceso se concentró en una solicitada de prensa publicada en medios nacionales y provinciales contra los llamados fondos buitre. La justicia relevó la sustracción y el desvío de más de cuatro millones de pesos de la partida presupuestaria para financiar esa publicación.
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