Máximo y Florencia Kirchner vuelven a Casación para intentar frenar el decomiso de sus bienes en la causa Vialidad

El Tribunal Oral Federal N° 2 avanza con la ejecución de la condena por administración fraudulenta contra la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner en la causa Vialidad. Este miércoles, los jueces Rodrigo Giménez Uriburu, Andrés Basso y Jorge Gorini concedieron los recursos de casación presentados por la defensa de los hermanos Máximo y Florencia Kirchner, así como por el director de las firmas de la familia, Hotesur y Los Sauces, con los que buscan frenar el decomiso de sus bienes.

Sin embargo, esta medida no detiene el proceso de ejecución ni las medidas cautelares que pesan sobre las propiedades en cuestión, con las que se busca recuperar los $684.990.350.139,86 desviados del Estado.

A principios de agosto, el TOF N° 2 dispuso avanzar de forma cautelar sobre diversos inmuebles pertenecientes a las firmas Los Sauces y Hotesur. La resolución se fundamentó en que el paquete accionario de ambas sociedades está integrado por Máximo y Florencia. Con el fin de resguardar los activos frente a un eventual decomiso, la justicia ordenó trabar embargos preventivos sobre una serie de matrículas inmobiliarias.

Entre las propiedades afectadas por esta medida se encuentran el departamento ubicado en la calle San José 1111 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires —donde la exmandataria cumple arresto domiciliario—, unidades en el complejo Madero Center y diversos terrenos, hoteles y locales situados en las localidades santacruceñas de El Calafate, Río Gallegos y El Chaltén.

Frente a esta decisión, el abogado de los hermanos Kirchner, Luis Joel Goldin, interpuso un recurso de casación. No obstante, el 18 de septiembre de 2026, la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal, por voto mayoritario de los jueces Diego Barroetaveña y Gustavo Hornos, declaró inadmisible dicho recurso.

La mayoría de la alzada consideró que los embargos preventivos, al ser medidas cautelares, no constituyen una sentencia definitiva ni equiparable a ella, por lo que no habilitan la intervención de esa instancia revisora. En disidencia, el tercer integrante de la sala, Mariano Borinsky, votó por declarar procedente la vía al entender que se afectaban bienes de personas no condenadas en la causa.

De forma paralela al trámite en Casación, la defensa de los Kirchner y el director titular de las empresas hoteleras e inmobiliarias, Sebastián Sánchez, realizaron nuevas presentaciones ante el Tribunal Oral Federal N° 2.

El 26 de agosto, la presidencia del tribunal dictó un decreto en el cual difirió el tratamiento de dos solicitudes: por un lado, el pedido de la defensa de suspender el trámite de ejecución y los embargos hasta que la Corte Suprema resuelva una queja sobre la cuantificación del decomiso; por el otro, la petición de las sociedades comerciales de ser tenidas por parte de manera inmediata.

Ante esto, los recurrentes interpusieron recursos de reposición para intentar revertir ese diferimiento. El 14 de septiembre, el tribunal en pleno rechazó in limine (sin sustanciación) estas reposiciones. Los magistrados explicaron que la sola existencia de un recurso de queja pendiente ante la Corte Suprema no suspende la ejecución de una condena penal firme ni impide adoptar medidas precautorias para asegurar la eficacia del decomiso.

Asimismo, aclararon que no se vulneró el derecho de defensa de las empresas, ya que su participación sustancial se encuentra garantizada para el momento en que se corra traslado del requerimiento de decomiso definitivo formulado por la fiscalía, trámite que aún no se inició.

El reclamo, a Casación

Tras el rechazo del 14 de septiembre, los representantes de los hermanos Kirchner y las empresas Hotesur y Los Sauces interpusieron recursos de casación contra dicha negativa. Argumentaron que postergar la intervención de las sociedades y continuar con los actos preparatorios del decomiso les genera un perjuicio patrimonial irreparable y las coloca en un estado de indefensión.

Finalmente, este miércoles el TOF N° 2 resolvió conceder estos recursos de casación. Los jueces señalaron que, si bien las decisiones sobre medidas cautelares o trámites de ejecución no configuran una sentencia definitiva, la gravedad de los perjuicios invocados por los recurrentes en torno al derecho de propiedad y la garantía de la doble instancia justifican habilitar la revisión por parte de la Cámara Federal de Casación Penal.

Con esta concesión, el expediente se elevó a la instancia superior con efecto devolutivo, lo que significa que la tramitación de la ejecución de la pena y la vigencia de los embargos preventivos sobre las propiedades de los Kirchner no se suspenden mientras se sustancia la apelación.