
La denuncia del diputado nacional Esteban Paulón contra un grupo de influencers libertarios por supuestas amenazas, incitación a la violencia y discriminación en redes sociales fue archivada parcialmente este miércoles. Según pudo saber Infobae de fuentes judiciales, la fiscal Celsa Ramírez entendió que no hubo delito alguno en los posteos de Daniel “Gordo Dan” Parisini, Mariano Pérez y Pablo Sebastián Pazos, tres de los cinco imputados que tiene la causa.
Luego de tomar esa decisión, la fiscal porteña fue apartada del expediente y asumió la conducción de la investigación su par Hernán Biglino.
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Celsa Ramírez fue recusada por el abogado Alejandro Sarubbi Benítez, otro conductor del canal de streaming Carajo, quien tomó cierta notoriedad en el último tiempo luego de protagonizar episodios de discriminación. Junto a él, el biógrafo del presidente de la Nación, Nicolás Márquez, completa la lista de denunciados por Paulón.
Márquez aún no fue indagado y será citado en los próximos días. La causa contra él y Sarubbi Benítez sigue en pie. Como querellante, el legislador nacional también puede insistir para que la acusación vuelva a alcanzar a todos los comunicadores oficialistas.
Inexistencia de delito
Según relató Esteban Paulón en su denuncia, desde que asumió su banca en el Congreso Nacional fue blanco de una campaña de acoso coordinada en redes sociales, especialmente en la plataforma X y en canales de streaming afines al Gobierno.
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El diputado llevó a los tribunales porteños posteos que van desde advertencias como “vas a correr” hasta acusarlo “sistemáticamente y sin pruebas” de ser “pedófilo” o de “promover el abuso infantil”.

Estas expresiones se desataron a raíz de su orientación sexual —está casado con un hombre— y por haber impulsado políticas públicas de acompañamiento a las infancias trans cuando fue funcionario en la provincia de Santa Fe, señaló Paulón.
Además, el escritor Nicolás Márquez se refirió a él de manera despectiva en un tweet como “La Diputada @EstebanPaulon” y lo acusó de estar “siempre publicitando conductas que contagian el VIH”.
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Entre los comunicadores libertarios también lo acusaron públicamente de tener vínculos con el narcotráfico.

Paulón argumentó que no se trata de simples opiniones o discrepancias políticas, sino de un ataque organizado y sostenido que busca disciplinarlo y silenciarlo por su histórico activismo en favor de los derechos de la comunidad LGBTQ+.
El diputado manifestó ante la Justicia sentir un profundo temor por su integridad física, su vida y la seguridad de su entorno familiar, advirtiendo que estas acusaciones en el entorno digital actúan como una incitación para que otras personas lo agredan físicamente en la vía pública.
La fiscal Celsa Ramírez indagó a todos los imputados, excepto a Márquez, a quien la Policía de la Ciudad no lograba notificar formalmente. Dan, Pérez, Pazos y Sarubbi Benítez se negaron a declarar y presentaron descargos escritos.
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Al analizar las explicaciones individuales de cada influencer, la fiscalía entendió que la conducta de Dan, Pérez y Pazos resulta “atípica”. Es decir, que sus posteos no encuadran en la descripción de los delitos de amenazas, incitación a la violencia y discriminación.
Distinto fue el temperamento que tomó con Sarubbi Benítez, autor de la mayor parte de los posteos que acusan a Paulón de pedófilo.
Luego del archivo parcial de las actuaciones, la fiscal Ramírez fue apartada por el Juzgado en lo Penal, Contravencional y de Faltas N° 19 de la Ciudad.
El abogado Sarubbi Benítez la denunció y pidió su recusación en esta y otras causas en las que fue denunciado. La decisión será revisada por instancias superiores.
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Tras presentarse a indagatoria, el imputado aseguró que la fiscal “tiene un problema personal” con él y violó “sistemáticamente” sus derechos y garantías.
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