Causa ANDIS: el segundo de Spagnuolo dijo que es creyente y por eso hablaba de dar “ofrendas” a empresarios

Daniel María Garbellini fue director nacional de Acceso a los Servicios de Salud y hoy está acusado de haber sido uno de los jefes de la asociación ilícita que habría operado en la Agencia Nacional de Discapacidad durante la gestión libertaria. Él lo negó rotundamente en un descargo escrito que presentó recientemente en los tribunales de Comodoro Py.

En ese documento, además, apeló a la religión para explicar por qué trataba como “hermano” a un lobista acusado de corrupción y le informaba las “ofrendas de esta semana” a otro beneficiario de los desvíos millonarios que investiga el fiscal Franco Picardi.

Esas palabras comprometedoras aparecieron en el celular de Garbellini, más precisamente en sus chats con Pablo Atchabahian, exsecretario de Salud del Municipio de Pilar y exdirector de ANDIS entre 2018 y 2019; y Miguel Ángel Calvete, empresario señalado como principal articulador del circuito. Junto a estos tres, Diego Spagnuolo completa la mesa de los cuatro presuntos líderes de la banda que señala la fiscalía en su acusación.

Según plasmó el fiscal Picardi en un dictamen de 228 páginas al ampliar las indagatorias, la palabra “ofrendas” aludía de forma inequívoca a retornos de dinero o dádivas derivadas de las adjudicaciones direccionadas en el sistema de compras SIIPFIS.

Sin embargo, Garbellini rechazó esta interpretación y argumentó que el vocabulario empleado responde a un contexto estrictamente religioso que compartiría con Atchabahian y Calvete.

Según detalló, conoce a Atchabahian desde el año 2010 a través del Instituto de Diálogo Interreligioso (IDI). El exfuncionario explicó que en ese ámbito espiritual es común el uso del “parentesco ritual”, un giro lingüístico por el cual personas sin lazo biológico se tratan de “hermanos” o “familia” para consolidar la confianza mutua.

“Mi trato con él no es íntimo. Pero acaso hemos tenido intercambios donde nos prodigamos el trato de ‘hermanos’, ya que en la fe, todos somos hijos de un mismo Dios”, se defendió el exfuncionario, que cuenta con la representación de los abogados Agustín Biancardi y Martín Olari Ugrotte.

Bajo esa misma lógica espiritual, Garbellini sostuvo que el término “ofrenda” constituía un lenguaje simbólico propio de la comunidad religiosa y no una referencia a coimas.

Sucede que en el celular del acusado, el fiscal encontró una conversación en la que el entonces funcionario le enviaba a Calvete un cuadro con nombres de empresas proveedoras de insumos con montos “a cobrar”, según surge del dictamen.

Para la fiscalía, Garbellini le estaba rindiendo cuentas al principal acusado de mover los hilos de la corrupción en la ANDIS, con un listado que muestra “dinero que empresas propias y ajenas debían cobrar, respecto de las cuales Miguel Ángel Calvete obtendría un rédito espurio por habilitarles su participación irregular en el SIIPFIS, que luego también implicaba retornos a funcionarios públicos”.

Daniel María Garbellini afirmó que le envió la imagen del listado a Calvete ante sus insistentes reclamos telefónicos por deudas que el organismo mantenía con sus empresas. Según su versión, los proveedores solían presionar con discursos moralistas y “sermones cargados de retórica pesada” sobre la necesidad de cobrar para no interrumpir las entregas de insumos vitales, por lo que él simplemente remitió la foto para confirmar que el pago estatal ya se había acreditado en las cuentas bancarias.

Según el fiscal Picardi, Garbellini suministró a Calvete “flujos de información privilegiada de los procesos de compra y de pago de la ANDIS para garantizar un resultado previamente acordado, que no es otro que el obtener ganancias extraordinarias en detrimento del erario público”. Todo esto a cambio de coimas.

“Esto no es así. No sucedió. Nunca sucedió. Y a lo largo de todo el dictamen no se ha hecho referencia alguna a probanza que permita sustentar tales aseveraciones”, refutó el acusado.

Hechos difíciles de explicar

El descargo de Garbellini se estructuró sobre una serie de desmentidas a los pilares de la acusación fiscal. En primer lugar, el exdirector cuestionó que lo señalen como jefe de una banda criminal que operó desde diciembre de 2023 hasta octubre de 2025. Argumentó que existe una imposibilidad temporal insalvable para imputarle dicho rol, dado que él asumió su cargo en la ANDIS recién en junio de 2024, siete meses después del inicio de la supuesta organización.

Según el fiscal, su desembarco en el organismo sucedió gracias a Atchabahian, que estaba buscando volver a hacer pie dentro de la ANDIS al menos desde 2022.

Atchabahian fue jefe de Garbellini en dos oportunidades: en 2015 en el Ministerio de Salud bonaerense, y entre 2018 y 2019 en la ANDIS. Compartieron el grupo de WhatsApp “Grupo Museo” junto a otros imputados en la causa.

De allí la influencia que el fiscal le atribuye a Atchabahian sobre Garbellini, quien habría recibido órdenes de este que impactaron en la gestión de la Agencia.

“Atchabahian es un ‘mandado’, ‘un librepensador’ que opinaba unilateralmente, y que, al haber sido en otras oportunidades superior jerárquico, pudo creer -erróneamente- estar ayudando con sus consejos o comentarios”, se defendió el segundo de Spagnuolo.

Respecto a la supuesta manipulación de los procesos de compra, Garbellini defendió la legalidad de las denominadas “compulsas especiales” o abreviadas. Explicó que la utilización de la contratación directa por urgencia está plenamente respaldada por los decretos 1023/2001 y 1030/2016. Según el acusado, el entonces director ejecutivo de la ANDIS, Diego Spagnuolo, estaba preocupado por la acumulación de amparos judiciales y embargos contra las cuentas del organismo debido a demoras en la entrega de prestaciones críticas. Por ello, se recurría a este mecanismo rápido para garantizar la cobertura inmediata a pacientes vulnerables, de acuerdo a su versión.

A contramano, el fiscal incorporó pruebas al expediente para afirmar que esas compulsas abreviadas fueron “un verdadero catalizador de gestiones direccionadas” para simular competencias inexistentes entre un reducido grupo de proveedores “amigos”. Al eliminar la competencia real, se facilitaba el terreno para los sobreprecios que, según una auditoría interna del Ministerio de Salud, en algunos casos eran de más de 4000%.

En cualquier caso, Daniel María Garbellini negó de forma tajante haber participado en la selección de qué empresas participaban en las cotizaciones. Sostuvo que el sistema SIIPFIS invitaba de manera automática a los proveedores registrados que cumplían con los requisitos estatales.

También desmintió la afirmación del fiscal de que él “firmaba las órdenes de pago”. Garbellini detalló que, bajo la Ley de Administración Financiera, las órdenes de pago son resorte exclusivo de la Dirección de Contabilidad y Presupuesto, y que las firmas autorizadas correspondían a Spagnuolo y sus dependientes directos, aclarando que él ni siquiera poseía un usuario o firma digital en el sistema para ejecutar tales actos administrativos.

Finalmente, el exfuncionario calificó de “irreales” y producto de un “error de tipeo” los informes de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) que le atribuyen a su esposa, Romina Peloni, consumos por más de 9.000 millones de pesos en 2024 y más de 4.000 millones en 2025.

Aseguró que sus ingresos y los de su cónyuge provienen de sus sueldos legítimos, de su actividad profesional privada y del alquiler de diversos inmuebles familiares en Avellaneda y Mar del Plata, todos debidamente declarados ante la Oficina Anticorrupción y el fisco.

De hecho, presentó un listado de nueve propiedades que tiene en alquiler y le generarían ingresos mensuales.

A pesar de las explicaciones y desmentidas de Garbellini, en la causa hay una serie de pruebas contundentes que aún no encuentran justificación.

El análisis de la fiscalía sobre las bases de datos del sistema SIIPFIS revela un patrón sistemático de simulación de competencia. En los segmentos de insumos analizados (como cardiología, traumatología, audífonos y amputaciones), los investigadores demostraron que, de manera consistente, la gran mayoría de las empresas invitadas se abstenían de cotizar o presentaban ofertas con precios irrisorios.

Por ejemplo, en el rubro cardiológico, la firma Farma Salud S.R.L. (perteneciente a Osmar Mariano Caballi, integrante del “Grupo Museo” junto a Garbellini y Atchabahian) resultó adjudicataria de más del 90% de las órdenes de compra por un monto superior a los 13.700 millones de pesos en tan solo diez meses.

El descargo de Garbellini no logra desvirtuar esta concentración extrema de adjudicaciones en favor de su allegado, y se limita a señalar que el mercado está atomizado.

Otro caso: en los teléfonos secuestrados a Miguel Ángel Calvete se hallaron chats con Fabián Piedimonte (presidente de Neurosalud S.A.), donde este último se quejaba de la competencia de la firma Boedo. Calvete le respondió que esa sería “la última que hace Boedo” y ordenó el cese de sus cotizaciones.

Pocos días después de ese chat, Garbellini le dio la orden directa a un subalterno, Diego D’Giano, de que “con Boedo S.A. no se trabajaría más”, lo cual se tradujo de inmediato en el sistema SIIPFIS, donde la empresa dejó de ser invitada. En su descargo, Garbellini admite haber discontinuado el trabajo con Boedo S.A., intentando justificarlo en supuestos incumplimientos administrativos y falta de respaldo financiero de la firma, pero no logra explicar la exacta coincidencia temporal y de contenido entre la orden que dio y las directivas previas que Calvete y Piedimonte habían pactado en sus chats privados, siempre según lo delimitado por la acusación.

Garbellini, Spagnuolo, Atchabahian, Calvete y otras 15 personas tienen un procesamiento confirmado en segunda instancia por los delitos de asociación ilícita, defraudación contra la administración pública y negociaciones incompatibles. El juez Ariel Lijo, subrogante del Juzgado Federal N° 11, tiene pendiente de resolución la ampliación de la acusación que impulsó el fiscal.