Causa ARSAT: dos fiscales pidieron procesar a Facundo Leal por presunta corrupción en la empresa estatal

Dos fiscales pidieron procesar con prisión preventiva al extitular de ARSAT, Facundo Leal, por presuntos hechos de corrupción en la empresa estatal de soluciones satelitales. Fue tras concluir que hubo un “direccionamiento complejo y deliberado” para beneficiar a una firma privada en la contratación de un predio, destinado a almacenar y preservar materiales de alto costo y valor estratégico.

Según la hipótesis judicial, el perjuicio para las arcas del Estado Nacional habría sido de U$S 1.912.061,3 y $40.300.000, las cifras totales de los servicios contratados por ARSAT a la firma ALS en condiciones que se presumen irregulares.

El fiscal federal de San Isidro Fernando Domínguez y el titular de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas Sergio Rodríguez, reclamaron que se procese a Leal como supuesto coautor de administración fraudulenta, autor de negociaciones incompatibles y cohecho pasivo e incumplimiento de deberes, según el dictamen al que tuvo acceso Infobae.

La decisión será del juez federal de San Isidro Lino Mirabelli, quien ya indagó a todos los acusados por la contratación del predio en la localidad bonaerense de San Fernando, donde se guardaban materiales tecnológicos de alta complejidad pertenecientes a la firma pública.

Los investigadores descubrieron una serie de supuestas irregularidades los servicios de almacenamiento y logística. El punto de partida de la investigación fue la denuncia de un robo en ese lugar de materiales de alto costo pertenecientes a ARSAT.

Leal ya está detenido procesado con prisión preventiva y bajo arresto domiciliario en otra causa penal que se lleva en los tribunales federales de Retiro, por supuesta tenencia de estupefacientes con fines de comercialización, a raíz del hallazgo de droga en su departamento de Palermo durante un allanamiento que había ordenado el juzgado de San Isidro, en el marco de la causa ARSAT.

En ese departamento se encontraron US$650.000 en efectivo, ketamina, drogas sintéticas y cocaína. Además, en otra propiedad ubicada en Mendoza se le secuestraron US$1,7 millones. Tiene abierta una causa paralela por supuesto enriquecimiento ilícito.

Leal presidió ARSAT durante los gobiernos de Alberto Fernández y Javier Milei y, cuando fue indagado, su abogado defensor Marcelo Rochetti presentó un escrito donde aseguró que no participó de la licitación que se investiga porque por ese entonces no tenía cargo alguno -era planta permanente de la empresa- y además, sostuvo que la causa aún tiene medidas de prueba pendientes. “Se encuentra acreditado ya que no existe una sola constancia que indique mi intervención en el asunto, tal como correo electrónico, mensaje, nada que se me haya dirigido, que yo haya contestado o que yo haya enviado”, sostuvo Leal en ese descargo.

Los acusados

Los fiscales pidieron procesar sin prisión preventiva a los demás indagados en el caso, Gerardo Boschin, Pablo Pagani, Juan Antonio Álvarez, Diego Padilla, Fernando Diego Paredes, Gastón Padilla, Sofía Varela Vizgarra, Santiago Pando y Juan Andrés Navarro, así como a la persona jurídica Argentina Logistic Services SA, la firma contratista del predio.

Boschin se desempeñó como subgerente de compras de ARSAT y en mayo de 2025 fue designado presidente de Trenes Argentinos Operaciones, cargo al que renunció meses más tarde. La fiscalía pidió procesarlo por presunta “administración fraudulenta en perjuicio de una administración pública y autor del delito de negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas”, además de cohecho pasivo e incumplimiento de deberes.

La pesquisa judicial se centró en el vínculo comercial entre ARSAT y ALS. Según la hipótesis de los fiscales, existió un acuerdo ilegal entre directivos estatales y empresarios para direccionar la adjudicación de los contratos de custodia y el traslado de bienes estratégicos.

Los fiscales dieron por probado “una disposición patrimonial perjudicial para ARSAT, el interés particular de funcionarios en las operaciones en las que intervinieron por razón de sus cargos, el apartamiento consciente de sus deberes funcionales y la existencia de contraprestaciones indebidas vinculadas con tales actos”.

La prueba “permite reconstruir la existencia de un direccionamiento complejo y deliberado, que de ningún modo se agotó en una maniobra ejecutada aisladamente, mediante un único acto funcional ni bajo el dominio exclusivo de una sola persona”, agregaron.

Acuerdo venal

De acuerdo a la reconstrucción de los hechos, se sostuvo que entre diciembre de 2020 y diciembre de 2024, “funcionarios de ARSAT y miembros de la empresa ALS articularon una relación, a través de un acuerdo venal, destinada a asegurar, mediante 12 procedimientos de contratación irregulares, que esta última sociedad fuera contratada por la empresa pública y permaneciera como proveedora de servicios de fletes, transportes, grúas, espacio de guardado (depósito) y prestaciones asociadas de la empresa estatal”.

La decisión de favorecerla “precedió al procedimiento formal administrativo que tramitó en la empresa pública; fue sostenida mediante contactos, transmisión de información interna, una competencia aparente construida con ofertas de empresas vinculadas o directamente apócrifas, y, durante la ejecución del servicio, a través de la tolerancia de deficiencias relevantes en la prestación del mismo, que culminaron con el robo de material estratégico para el desarrollo de la Red Federal de Fibra Óptica gestionado por la empresa pública”.

En ejecución de ese acuerdo se emitieron, entre otras, órdenes de compra con fondos abonados por ARSAT, los que, en parte, “fueron utilizados por ALS y sus directivos y empleados para retribuir con pagos indebidos a los funcionarios y al intermediario Santiago Pando mediante entregas en efectivo, moneda extranjera, pasajes, colocaciones laborales y otros beneficios”, sostuvo la acusación fiscal que es analizada por el juez Mirabelli.