Pidieron el juicio oral para Elías Piccirillo y ocho acusados por un operativo policial ilegal

Tras un año y medio de trabajo, el fiscal federal Franco Picardi pidió llevar a juicio oral a Elías David Piccirillo y a otras ocho personas por el armado de una causa falsa que derivó en la detención de Francisco Hauque y Anahí Aquino Laprida en enero de 2025. Sostuvo que el empresario financió un operativo policial ilegal para saldar un conflicto marcado por una deuda de $6.000 millones.

En el requerimiento, el fiscal indicó que Piccirillo pagó en efectivo más de USD 51.000 para garantizar el procedimiento. Según esa presentación, al menos USD 25.000 llegaron como soborno al entonces comisario Iván Carlos Helguero, jefe de la División Robos y Hurtos Norte de la Policía de la Ciudad.

La hipótesis del expediente sostuvo que la noche del 17 de enero de 2025, Piccirillo colocó en el vehículo en el que viajaba junto a Hauque una pistola calibre 9 milímetros con pedido de secuestro por robo y dos paquetes con 1.262 gramos de cocaína, con una pureza del 92 %.

Horas después, un grupo de policías de civil interceptó el auto en la avenida Alvear y Libertad con el argumento de una denuncia inexistente de violencia de género y afirmó haber encontrado allí el arma y la droga.

Además de Piccirillo, quedaron imputados Carlos Sebastián Smith, señalado como organizador operativo de la maniobra, y los policías Iván Carlos Helguero, Facundo Adrián Ybarra, Leonardo Ariel Tedone, Erika Luciana Arias, Víctor Adrián Alvarenga Duarte, Héctor Javier Saavedra y Eliana Guadalupe Britos. Ocho de los nueve procesados cumplen actualmente prisión domiciliaria.

El plan

Picardi describió en su dictamen que Piccirillo mantenía con Hauque una deuda aproximada de $6.000 millones y que, ante el temor de que esa situación tomara estado público, ideó y financió un plan para provocar la detención de su acreedor y de su pareja.

Con la reconstrucción del caso, el fiscal estableció que Piccirillo dirigió y costeó la maniobra; Smith actuó como enlace operativo, y Helguero, como el jefe policial que incorporó al plan a otros seis efectivos de la División Robos y Hurtos Norte.

Esa misma noche, Piccirillo llevó a Hauque y a Aquino Laprida a cenar al Palacio Duhau. Mientras la pareja permanecía en el restaurante, los policías involucrados realizaron tareas de vigilancia en la zona.

Cuando ambos se retiraron del lugar, los interceptaron en la avenida Alvear al 1400 con el argumento de que había una supuesta denuncia de violencia de género, que resultó falsa. Luego accedieron a requisar el auto, donde finalmente hallaron el arma y los estupefacientes.

Como parte de la prueba, la fiscalía aportó el informe de la DATIP (Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal), que extrajo datos relevantes de los teléfonos y de un pendrive secuestrados a los principales sospechosos.

Luego se sumó el cotejo de antenas para establecer geolocalizaciones y se elaboró la reconstrucción audiovisual de las reuniones previas, la vigilancia a las víctimas y el operativo.

La pesquisa también permitió establecer que Piccirillo entregó a Smith USD 30.000 antes del operativo y otros USD 21.000 en encuentros posteriores. Smith, a su vez, le habría entregado a Helguero USD 20.000 la misma madrugada del procedimiento y otros USD 5.000 dos días más tarde.

Precisamente, Elías Piccirillo se encuentra bajo arresto domiciliario con tobillera electrónica en un departamento de Banfield, procesado con prisión preventiva en esta causa.

Las imputaciones

Piccirillo, Smith y Helguero fueron acusados como coautores de privación ilegítima de la libertad con fines coactivos, agravada por la intervención de tres o más personas y por el uso de estupefacientes para ejecutar el delito; tenencia simple de estupefacientes; encubrimiento agravado, y cohecho.

Además, Piccirillo enfrenta el cargo de portación ilegítima de arma de fuego de guerra. Con la suma de delitos, enfrenta una pena mínima de 13 años y 6 meses.

Por su parte, Helguero deberá responder por cohecho pasivo, incumplimiento de los deberes de funcionario público y, como instigador, por falsedad ideológica de documento público agravada y falso testimonio agravado.

En tanto, Ybarra, Tedone, Arias, Alvarenga Duarte, Saavedra y Britos fueron acusados como coautores de privación ilegal de la libertad cometida por funcionario público con abuso de sus funciones e incumplimiento de los deberes de funcionario público.