La fiscalía que investiga el atentado contra la abogada y activista Nadia Beller en Bolivia pedirá que el consultor libertario argentino Fernando Cerimedo quede con detención preventiva en ese país “sin plazos”, en base al peligro de entorpecer la investigación, riesgo para la víctima y medidas de prueba pendientes. Si esta opción no prospera, se postuló que se le fije el máximo previsto de 180 días.
Entre los motivos que se remarcaron en un dictamen oficial acusatorio se explica que el exasesor de La Libertad Avanza no logró acreditar aún una “actividad lícita” en Bolivia. Cerimedo no cuenta hasta ahora con documentación que dé cuenta de un arraigo en ese país y “no ha manifestado ni acreditado tener una actividad lícita”, más allá de haberse presentado como “consultor político” sin dar detalles concretos de dónde desempeña ese trabajo, según la acusación de los fiscales Herlan Rodríguez Cuevas y Yolanda Aguilera Lijerón.
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Cruces de llamados y reconstrucción del hecho
La prueba pendiente es uno de los motivos por los cuales la fiscalía departamental de Santa Cruz, Bolivia, reclama que siga detenido. Entre las medidas que se realizarán figura la triangulación de llamadas entre los teléfonos de la víctima y el acusado; la reconstrucción de los hechos, la toma de declaración a testigos -como empleados del hotel y paramédicos que llegaron al lugar-. También se buscará peritar el “flujo de llamados” de Cerimedo para “determinar con quienes se contactó el día del hecho” y se hará una pericia informática sobre el celular y la computadora secuestrados al acusado, se adelantó en la acusación fiscal, según supo Infobae en fuentes del caso.
Beller mantenía una relación sentimental con Cerimedo en Bolivia, y la noche del lunes último fue baleada en la entrada de un hotel en Santa Cruz de la Sierra por dos sicarios armados que se hicieron pasar por repartidores de una empresa de delivery y llegaron al lugar en motocicleta y con los rostros ocultos por los cascos.
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Según declaró la víctima, llegó allí para encontrarse con un supuesto informante que la había contactado por WhatsApp para ofrecerle datos sobre un presunto caso de violación a una menor de 13 años vinculado a Evo Morales. Según la declaración de la abogada, ella había desistido de concurrir pero su “pareja” la convenció y fue.
“Absoluto desprecio por la vida”
La fiscalía advirtió además que hay “peligro efectivo” para la víctima. Cerimedo “lejos de proteger a su pareja” embarazada de cuatro semanas, “actuó con un absoluto desprecio por la vida”. Según la acusación fiscal la habría manipulado “sistemáticamente” y coordinó de manera remota y “bajo engaños” su traslado al Swissotel Santa Cruz de la Sierra, “para que terceros atentaran contra su vida”. Para los fiscales, lo ocurrido evidencia una “total peligrosidad criminal”, según lo dejaron asentado en la imputación formal que expondrán ante un juzgado.
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Hay “peligro efectivo para la sociedad y para el entorno familiar de la víctima”, y las mujeres pertenecen a un grupo de atención “prioritaria y vulnerable”, agregaron. Los investigadores aseguran contar con información “precisa, confiable y circunstanciada aportada en la investigación” y remarcaron que Cerimedo habría intentado irse de manera “desesperada” de Santa Cruz de la Sierra y fue bajado de un avión por la policía. Esto indicaría su intención de no estar a derecho y por eso se haría “imperativa” su detención preventiva.
También sostienen que “existen elementos de convicción suficientes” para considerar que el consultor argentino “facilitó y dirigió remotamente la emboscada”. Remarcaron que aún no se ha encontrado la cartera ni el celular de Beller y que si el acusado conoce a los agresores aún prófugos, de recuperar la libertad podría “destruir, modificar” u ocultar esos objetos. Si queda libre podría presionar, amenazar u ofrecer “dádivas” a testigos, agregaron. La investigación en Bolivia está a cargo del Ministerio Público Fiscal especializado en Delitos contra la Vida en Santa Cruz de la Sierra.
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