La Cámara Federal confirmó una pericia clave en la causa por enriquecimiento ilícito de Baratta y quedó más cerca de la indagatoria

La Cámara Federal porteña confirmó la validez de un peritaje contable sobre el patrimonio del exfuncionario del Ministerio de Planificación Federal en el kirchnerismo Roberto Baratta, quien quedó así más cerca de ser citado a declaración indagatoria por supuesto enriquecimiento ilícito.

La defensa del ex número dos de ese organismo que condujo Julio De Vido reclamó la nulidad del estudio contable que llevó varios años y, además, pretendía que se hiciera uno nuevo. El planteo fue rechazado en primer lugar por el juez federal Julián Ercolini, a cargo de la investigación, y ahora esa decisión quedó confirmada en el Tribunal de Apelaciones, según la resolución a la que tuvo acceso Infobae.

La casa del country

El conflicto se originó, entre otros puntos, a la hora de determinar quiénes son los verdaderos propietarios de una lujosa casa en el Country Mapuche. La defensa sostiene que fue comprada por los padres del ex funcionario con capacidad económica suficiente para esa adquisición, mientras que los acusadores sospechan que habrían actuado como prestanombres de su hijo. La propiedad está embargada y fracasaron intentos judiciales de la familia por recuperarla.

Los jueces del Tribunal de Apelaciones Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Mariano Llorens, ratificaron ahora la validez de la pericia que ya está en el juzgado federal 12, donde desde 2017 se investiga el patrimonio de Baratta, y ahora el próximo paso sería la citación a indagatoria del exsubsecretario de Coordinación y Control de Gestión del Ministerio de Planificación Federal entre 2003 y 2015. El Tribunal de Apelaciones reclamó “celeridad”.

La defensa cuestionó la metodología aplicada en el estudio, la documentación tomada en cuenta y varias conclusiones vinculadas con la evolución patrimonial bajo análisis. La fiscal del caso, Alejandra Mangano, se pronunció por rechazar todos esos planteos y confirmar la validez del estudio contable.

Entre los puntos discutidos está la propiedad de Mapuche Country Club. También hubo reparos sobre el tratamiento de otros bienes inmuebles y aclaraciones formuladas por la perito oficial en torno a montos, documentación y valuaciones. La defensa también objetó conclusiones sobre un departamento en Huergo al 200, en CABA, porque sostuvo que el bien pertenecía a la esposa de Baratta desde antes del inicio de la relación y no debió haberse incorporado a la pericia.

Los jueces afirmaron que las críticas se refieren al contenido técnico del informe y a su valor como prueba, una discusión que deberá resolverse en la etapa procesal que corresponda. El fallo remarcó que la mera discrepancia con el dictamen oficial no alcanza para declarar su nulidad, sobre todo porque en el expediente también intervino un perito de parte, que ya presentó sus propias conclusiones. Esa circunstancia, según el tribunal, permite que las objeciones sean consideradas más adelante sin necesidad de invalidar todo el estudio.

En junio pasado, cuando rechazó el pedido de la defensa del ex funcionario, el juez Ercolini advirtió que no se demostró “el peritaje sea inexistente, incontrolable, incomprensible o formalmente inválido” sino que lo que se plantea es “que debería realizarse nuevamente con otros parámetros, con otra documentación, con una lectura distinta de la sociedad conyugal, con otra ponderación de ciertos ingresos y con un análisis diverso de determinados valores”, Todos aspectos que “podrán ser objeto de contradicción técnica y valoración judicial, pero no imponen la anulación del dictamen ni la realización automática de un nuevo peritaje”.

Reclamo de celeridad

La Cámara dejó firme ahora ese rechazo al pedido de una nueva pericia patrimonial y reiteró “una vez más la necesidad de imprimir celeridad” a la causa penal para definir la situación de Baratta. La investigación se abrió en 2017 cuando el juzgado federal 12 estaba a cargo del juez Sergio Torres, quien dejó ese puesto para ir a la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires. En la actualidad es uno de los juzgados vacantes en Comodoro Py 2002 y a lo largo de los años pasaron diferentes magistrados como subrogantes. La Cámara Federal de Casación rechazó ya un planteo de prescripción.

Baratta era jefe del arrepentido remisero Oscar Centeno, autor de los cuadernos en los que dio cuenta de recorridos en busca de supuestos sobornos que pagaban empresarios, a pedido del entonces funcionario de Planificación Federal. Ambos son juzgados en la actualidad en esta causa penal junto a la ex presidenta Cristina Kirchner, De Vido y otros exfuncionarios.