La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público (SHCP) informó que había congelado cuentas de Guillermo “Billy” Álvarez Cuevas y otros dos directivos de la cooperativa Cruz Azul, quienes actualmente se encuentran investigados por lavado de dinero y delincuencia organizada.
Los otros dos hombres a los que también aplicaron esta medida fueron Alfredo Álvarez Cuevas, hermano de Guillermo, y a Víctor Manuel Garcés, ambos forman parte también de los altos mandos de la cooperativa.
De acuerdo con Grupo Fórmula, los tres hombres habrían creado un esquema para desviar recurso a cuentas personales en España, Estados Unidos, y otros países entre 2013 y 2020, con movimientos de 1,200 millones de pesos.
En los últimos días la UIF había presentado una querella a la Fiscalía General de la República (FGR) contra los tres directivos por presuntas transferencias internacionales y compra de inmuebles en los Estados Unidos.
En abril de 2019 fueron presentadas las denuncias en contra de los hermano Álvarez y Garcés por administración fraudulenta y lavado de 191 millones de pesos, de acuerdo con el periódico Reforma.
Las fuentes ministeriales del medio informaron que fue con base en estas acusaciones que la UIF tomó cartas en el asunto. El organismo hacendario le atribuye siete inmuebles en territorio estadounidense ubicados en Miami, Oklahoma y Nevada, además de realizar depósitos a una empresa con recursos de la cooperativa celeste.
Sin embargo, esto ha sido desmentido por algunas personas allegadas Álvarez, quienes aseguran que los verdaderos propietarios son homónimos del acusado, pero que las identidades no han sido verificadas y que el dinero transferido pagaba servicios relacionados con los hornos de cemento a Thyssenkrupp, una empresa alemana.
La Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales (SEIDF) de la FGR ya habría solicitado en dos ocasiones que un juez de control solicitara a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) entregar los reportes financieros de los tres señalados.
Bajo argumentos de falta de competencia del SEIDF para tramitar la investigación, este proceso fue turnado a la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO). Esta cumple con los requisitos y capacidades legales para indagar este tipo de delitos y dar parte al UIF.
Hasta el momento, el dinero solo se encuentra bloqueado, pero aún no se ha girado una orden para inmovilizar recursos, lo cual podría ser decretado en los próximos días.
En diciembre de 2019, el periodista Carlos Loret de Mola reveló en su columna del Universal que el presidente de la institución era señalado como propietario de más de diez residencias de lujo y numerosos desarrollos inmobiliarios en Florida, Nevada, Colorado y Oklahoma. Además, acumuló una fortuna de 5 mil 600 millones de pesos entre los años 2011 y 2018.
También existe también una lista de 179 personas morales vinculadas a facturas de varias empresas presuntamente fantasmas. Además, hay un listado de despachos de abogados que han ayudado al dirigente ante los señalamientos de los cooperativistas por malos manejos y desvío de recursos.
Aunque fue señalado en el reporte inicial como relacionado al caso y vinculado al ex presidente Enrique Peña Nieto, el Bufete Ruiz Durán se deslindó a través de una misiva dirigida a Infobae de tener cercanía o relación con el ex Consejero Jurídico de la Presidencia de la República durante el anterior sexenio.
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