Lo detevieron por borrar mensajes del celular en medio de una investigación judicial en Rosario

Un hombre, identificado como Sergio L, fue detenido con prisión preventiva de 30 días tras ser acusado de participar en la eliminación remota de chats y archivos de WhatsApp de un celular incautado por Asuntos Internos en Rosario. La medida fue ordenada durante la audiencia imputativa a cargo del juez Lisandro Artacho, quien formalizó la acusación contra el imputado.

Según reportó la Fiscalía este viernes, la hipótesis principal del Ministerio Público de la Acusación indica que la supresión de los datos, tenia como objetivo alterar evidencia digital relevante para una investigación penal en desarrollo. El delito comenzó el 21 de mayo de 2025.

El expediente sostiene que, tras recuperar la libertad por una causa de falso testimonio, Norma A, madre del sospechoso, denunció la pérdida del teléfono en una sucursal de Personal. De esa manera, obtuvo una nueva tarjeta SIM y, posteriormente, se reunió con Sergio L, quien posee experiencia en reparación de celulares y conocimientos informáticos.

Detallaron que ambos instalaron la SIM en otro aparato, reactivaron la cuenta de WhatsApp mediante la cuenta de Gmail asociada al dispositivo y, desde ese momento, procedieron a eliminar de forma remota diversos mensajes, imágenes y archivos. Este material incluía conversaciones con terceras personas, así como con funcionarios públicos aún no identificados.

En este marco, el fiscal Pablo Socca imputó a Sergio L por violación de sellos y documentos, en calidad de coautor, y destacó que otras personas permanecen bajo investigación en torno a los hechos reportados por el Ministerio Público.

Hasta ahora, la defensa del aprehendido no realizó declaraciones públicas y no trascendieron versiones oficiales sobre posibles medidas adicionales. El Ministerio Público de la Acusación continúa investigando la posible existencia de una red de complicidades, con la atención puesta en eventuales vínculos entre los imputados y funcionarios públicos.

Por otro lado, la prisión preventiva de 30 días dictada busca evitar cualquier intento de entorpecimiento adicional de la investigación. La Justicia suele adoptar medidas restrictivas de la libertad cuando existen riesgos procesales, como la posibilidad de fuga o la reiteración de conductas orientadas a destruir o modificar pruebas relevantes.

La pena por el delito de violación de sellos y documentos puede ser de 6 meses a 2 años de prisión, dependiendo de la gravedad y del impacto de la maniobra sobre la causa principal. Si se llegara a comprobar la participación de más personas, especialmente funcionarios públicos, la situación procesal de los acusados podría agravarse y derivar en imputaciones adicionales, como encubrimiento o asociación ilícita.

Este episodio también expone la necesidad de reforzar los protocolos de custodia de dispositivos electrónicos y de actualizar las prácticas judiciales frente a la creciente importancia de la evidencia digital. La sustracción o eliminación de información almacenada en la nube plantea nuevos desafíos para fiscales, jueces y fuerzas de seguridad, que deben garantizar la preservación de datos en contextos de alta sensibilidad judicial.

Cuatro imputados por extorsión en Rosario

En otro caso también trascurrido en la ciudad de Rosario, tuvo como causa principal la busqueda a desaparición de Alicia Isabel Godoy. La mujer de 30 años fue vista por última vez el 4 de abril y su búsqueda derivó en las últimas horas en la imputación de cuatro personas acusadas de extorsionar a la familia de la víctima. Según la investigación del fiscal Gastón Ávila, los acusados se contactaron con allegados a González y exigieron sumas de dinero a cambio de supuesta información sobre su paradero, en un contexto de profunda angustia e incertidumbre para los familiares.

La investigación sostiene que su desaparición podría estar vinculada a una presunta deuda por drogas y a la acción coordinada de un grupo que la privó de su libertad y exigió dinero a sus familiares bajo amenazas.

Su familia denunció que, tras la desaparición, comenzaron a recibir llamadas y mensajes intimidatorios, en los que los extorsionadores exigían pagos y transferencias a cambio de supuesta información sobre el paradero de la joven. En el contexto de estas maniobras, llegaron a entregar bienes y realizar movimientos de dinero a cuentas asociadas a dos de las imputadas.

La fiscalía atribuyó a seis personas haber actuado en conjunto, aunque la jueza Luciana Vallarella desvinculó a dos de ellas y confirmó la prisión preventiva para tres acusados: dos mujeres, Ana y María, y un hombre, Gastón. Un cuarto imputado, Yonatan, quedó en libertad con restricciones. La investigación detectó, además, el funcionamiento de una estructura de microtráfico de drogas en la zona sur, con roles definidos y múltiples puntos de venta de cocaína.

Alicia Isabel Godoy continúa desaparecida y la causa judicial sigue abierta, con el objetivo de esclarecer tanto su paradero como el posible vínculo entre la extorsión sufrida por su familia y las actividades delictivas de los acusados.