El columnista de policiales de Infobae en Vivo desmenuzó las claves del escándalo de la presunta megaestafa de autos cero kilómetro que involucra a 23 procesados, 34 querellantes, 124 denuncias y un esquema delictivo que, según la Justicia, supera los dos millones y medio de dólares en perjuicios.
La génesis de esta causa se remonta al 7 de octubre del año pasado, cuando una madre y su hija acudieron a la comisaría 13 A de la Policía de la Ciudad—en pleno Puerto Madero—para denunciar que habían sido víctimas de una estafa. Habían entregado un adelanto de 500 mil pesos y un vehículo como parte de pago por una C3 Aircross en la concesionaria Automóviles Núñez, regenteada por Gladys Jezabel Pallone y Alejandro Facchinetti. Nada de lo prometido se cumplió: esa entrega marcó el comienzo de una “bola de nieve” judicial que terminó por destapar una operatoria financiera y societaria de audacia más que inusitada en el mercado automotor argentino.
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“Pusieron un adelanto y la mujer entregó su Logan en buen estado. Pocos días después, en vez de un auto, recibió excusas eternas. El Logan terminó vendido por otra agencia, nadie le respondió y por eso hicieron la denuncia”, relató Fahsbender.
El papel que jugaron los administrativos de la empresa fue otro de los focos: “Era raro ver administrativos procesados. Aquí, el frente de atención al cliente de esta supuesta megaestafa fue identificado y procesado”, señaló, poniendo el énfasis en cómo una estructura montada sobre la confianza terminó por facilitar el fraude a decenas de personas.
Rápidamente, la investigación siguió sumando eslabones: “La jueza Alejandra Provitola agregó otra denuncia, y en paralelo ya había una causa previa en el juzgado federal número 4”, explicó el periodista. El mecanismo engañoso—sostenido en concesionarias falsas, cartelería de marcas reconocidas y showrooms en zonas premium como Avenida del Libertador y Figueroa Alcorta—resultó determinante para consumar los engaños. “En una esquina de Libertador tenían un espejismo en el desierto automotor. La gente iba y tomaba arena en vez de agua. Pero todo era una ilusión”, enfatizó el especialista en policiales.
“Estamos hablando de 23 acusados, 34 querellantes, 124 estafas, 82 casos de desbaratamiento de derechos y un daño global imposible de calcular con exactitud”, subrayó. Había, además, “damnificados que no denunciaron y mucho dinero negro que la gente no quiere reconocer”.
El contexto judicial se complica con la confirmación del procesamiento de los principales acusados: “Prisión preventiva y embargos que superan en diez veces lo impuesto a funcionarios y narcotraficantes célebres. Los procesos patrimoniales y los reportes de operaciones sospechosas buscan ahora rastrear cómo y hacia dónde se desvió el dinero”, informó Fahsbender, citando los últimos movimientos del expediente.
En su defensa, Gladys Palone sostuvo que “el negocio le salió mal por la pandemia, los proveedores y problemas de leasing”. Sin embargo, tanto la Justicia como la representación legal de Citroën y Chery desmontaron rápidamente ese argumento: “La gran mayoría de las denuncias entran después de la declaración del fin de la pandemia en 2023, y las propias fábricas niegan cualquier vínculo comercial: Chery, incluso, promovió una demanda por cese de uso de marca”, destacó. Así, se cerró un circuito en el que la legitimidad aparente se sostenía con fachada y logos, no con contratos reales.
En cuanto a los bienes patrimoniales, la pregunta clave era si los acusados contaban con activos suficientes para responder ante el daño ocasionado. El columnista explicó: “No se sabe si esta mujer tiene bienes. Se hicieron pedidos de información a la UIF y reportes a entidades bancarias para rastrear el destino del dinero”. La quiebra de la sociedad central del grupo, Central Alcorta S.A., decretada por el Juzgado Civil y Comercial número veintidós, marcó un nuevo giro con impacto directo en las posibilidades de reparación a las víctimas.
No solo los dueños están comprometidos. El caso marca un hito porque, esta vez, “los administrativos del grupo también fueron identificados y procesados: recibían a los damnificados, transmitían excusas y, según testimonios, eran presionados por los principales acusados para mentir o dilatar respuestas”. Las consecuencias para el personal fueron tan traumáticas como insólitas: “Hubo disturbios y escraches. En una concesionaria de Avenida del Libertador, la policía tuvo que evacuar a las empleadas con ataques de pánico, y el episodio se hizo viral”, relató Fahsbender.
El destino procesal de los principales involucrados hoy es la prisión preventiva domiciliaria para la gran mayoría, y el caso sigue sumando aristas: “El procesamiento está recién en el punto medio. La parte patrimonial y el rastreo del dinero determinarán si alguna vez las víctimas reciben algún tipo de reparación”, concluyó el periodista.
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