El caso del abusador que estuvo prófugo 14 años y quedó sobreseído llegó a Diputados: comenzó el debate por la Ley Segovia

La Comisión de Legislación Penal de la Cámara de Diputados inició este miércoles el tratamiento de 12 proyectos que buscan modificar las reglas de prescripción en delitos contra la integridad sexual, a partir del debate que reavivó el caso de Alberto Martín Del Valle, detenido tras más de 14 años prófugo y sobreseído en la causa por abuso sexual agravado contra su hijastra, que tenía 11 años al momento de los hechos.

La reunión tuvo carácter informativo y no derivó en un dictamen. La presidenta de la comisión, Laura Rodríguez Machado, afirmó que más de 40 diputados intervienen en iniciativas vinculadas con el tema y anticipó que el debate incorporará la participación de víctimas y especialistas, “para que no quede ninguna voz sin ser oída”.

Las propuestas tienen un punto en común: evitar que una persona acusada de delitos sexuales contra menores pueda beneficiarse del tiempo transcurrido mientras permanece prófuga, rebelde o fuera del alcance de la Justicia. Algunos textos proponen suspender o interrumpir el cómputo de la prescripción en esos casos; otros directamente plantean la imprescriptibilidad de la acción penal y de las penas para determinados delitos.

El debate recibió el nombre de Ley Segovia por la campaña que impulsó Yamila Segovia, hermana de la víctima de Del Valle y abogada querellante en el expediente. La mujer reclamó durante años cambios en el Código Penal tras la fuga del acusado, que se mantuvo oculto desde 2012 hasta su captura en agosto pasado, en Florencio Varela.

Luego de la detención, el juez de Garantías Guillermo Mércuri declaró extinguida la acción penal por prescripción y sobreseyó a Del Valle por los delitos de abuso sexual agravado y tentativa de aborto. La resolución fue apelada ante la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de Bahía Blanca. Del Valle continúa detenido, pero por una causa vinculada con el incumplimiento de los deberes de asistencia familiar.

Uno de los proyectos fue presentado por la diputada Luciana Potenza, de Unión por la Patria. La iniciativa propone que la prescripción se interrumpa en delitos sexuales y de trata de personas cometidos contra menores de 18 años mientras el imputado se encuentre rebelde, tenga una orden de captura o detención vigente y permanezca sustraído del proceso.

Potenza explicó que su texto apunta a cubrir “un vacío legal” relacionado con la fuga. También señaló que decidió no incorporar la imprescriptibilidad porque, según su postura, la ausencia de plazos podría reducir los incentivos del Estado para avanzar con las investigaciones.

A su turno, el diputado Pablo Juliano, de Provincias Unidas, presentó otro proyecto inspirado de forma directa en el reclamo de Segovia. Su propuesta declara imprescriptibles la acción penal y las penas por delitos contra la integridad sexual cometidos contra menores de edad.

Además, establece que el plazo de prescripción quede suspendido desde la declaración judicial de rebeldía hasta que la persona imputada comparezca o sea puesta a disposición de la Justicia.

Ese texto aclara que las modificaciones solo podrían aplicarse a hechos posteriores a una eventual entrada en vigencia de la ley y que no habilitarían la reapertura de causas ya extinguidas por prescripción.

Por su parte, la diputada Virginia Gallardo, de La Libertad Avanza, defendió una reforma de mayor alcance. Su iniciativa prevé que no prescriban los delitos castigados con prisión perpetua, incorpora la rebeldía y los pedidos de extradición como causales de interrupción de la prescripción y propone elevar las escalas penales de los delitos contemplados en los artículos 119 y 120 del Código Penal.

Durante el encuentro también expusieron otros legisladores. El diputado Damián Arabia propuso ampliar la imprescriptibilidad y aumentar las penas; Yamila Ruiz planteó incorporar previsiones para hechos cometidos en entornos digitales y casos de grooming. Juliano, a su vez, reclamó que el Congreso trate el tema con urgencia.

La comisión continuará ahora con el análisis de los textos y la búsqueda de acuerdos entre los distintos bloques. Para que alguna de las iniciativas avance, deberá obtener dictamen antes de llegar al recinto de la Cámara de Diputados.