Las consecuencias de ignorar el sufrimiento infantil: por qué es una deuda histórica que pone vidas en riesgo

En escuelas, consultorios y guardias recibimos niñas, niños y adolescentes que no pueden dormir, aprender, comer o dejar de hacerlo de manera compulsiva, jugar ni separarse de una pantalla.

Algunos llegan después de haberse lastimado, de haber agredido a otros o de haber cometido un delito. Muchos cuentan acerca de su aislamiento, del porqué consumir sustancias, apostar o robar —en la casa, en la calle o dentro de un country—; otros develan, muchas veces a través de conductas y síntomas estar atrapados en situaciones de violencia. Hay quienes no las reconocen porque las han naturalizado para sobrevivir y también quienes sienten que no quieren seguir viviendo.

La situación de la salud mental infantojuvenil y las condiciones en las que están creciendo las nuevas generaciones son graves. Quienes tienen el poder de decidir sobre presupuestos, instituciones y políticas públicas siguen ofreciendo respuestas insuficientes.

El sufrimiento infantil ha sido despreciado a lo largo de la historia. La historia esta plagada de testimonios. Mientras escribía mi último libro, volví sobre la historia de la salud física y mental infantil y recorrí las concepciones que llevaron a realizar, por ejemplo, cirugías a bebés sin anestesia: se desestimaba su capacidad de sentir dolor y se suponía que no conservarían recuerdo del sufrimiento. Todavía en 1987, un artículo del New York Times llevaba por título “La sensación de dolor de los infantes es reconocida, finalmente”. Ese reconocimiento tardío habla de cuánto puede persistir una práctica cruel cuando el dolor de quien la padece no es un adulto.

Con el dolor psíquico ha ocurrido algo semejante: ha sido tratado como desvío, síntoma o amenaza, pero pocas veces como una verdad. La indiferencia frente al dolor de los niños y niñas también puede funcionar como una defensa colectiva, una desmentida, con lo cual la ceguera puede ser perversa.

Esa indiferencia tiene consecuencias concretas: determina qué se financia, qué se posterga y quién queda esperando y sufriendo.

La sociedad suele encender las alarmas cuando aparecen los resultados estadísticos: los niños no aprenden, los adolescentes se cortan, se suicidan, apuestan o consumen. Son alarmas que duran poco, como las noticias, y después se pasa a otra cosa, mientras la urgencia sigue puesta en corregir la conducta considerada desviada y recuperar una supuesta normalidad.

Queda poco espacio para la escucha, para la disponibilidad de conversar y acompañar el tiempo que requiere comprender qué está sucediendo en realidad en una vida, la de un bebé, un niño, una niña o un adolescente.

Entre las condiciones en las que están creciendo están las violencias que atraviesan la vida infantil dentro y fuera de los hogares.

Las estimaciones mundiales de UNICEF indican que 1 de cada 8 niñas y mujeres sufrió una violación o agresión sexual antes de los 18 años; entre los niños y hombres, la proporción estimada es de 1 de cada 11. La violencia sexual también se despliega en los entornos digitales, donde niños y adolescentes son expuestos a contenidos sexuales no deseados, presionados para mantener conversaciones sexuales o enviar imágenes, o ven circular ese material sin consentimiento.

Detrás de estos números hay experiencias que permanecen silenciadas durante años y producen efectos duraderos en la salud mental, a veces para toda la vida.

A esto se suman los malos tratos cotidianos, las humillaciones, las amenazas, el desprecio, los golpes y la negligencia, experiencias que muchas veces quedan fuera de los registros porque nunca encontraron a quién ser contadas ni fueron advertidas por nadie.

Las pantallas ocupan un lugar central en nuestra vida cotidiana. Capturan la atención y encierran el deseo, pueden exponer a niños y adolescentes a violencias, apuestas y contenidos que promueven formas de dañarse y de dañar a otros.

Los niños y niñas no las eligen porque sí. Las plataformas ofrecen, de manera perversa y monetizada, refugio, pertenencia y anestesia frente a una realidad que muchas veces se vuelve difícil de soportar. La pantalla también ofrece compañía ante soledades insondables. Las plataformas lo saben y conocen perfectamente qué ofrecer para profundizar en ese secuestro subjetivo.

Nadie, con poder, parece estar pidiendo rescate por una generación entera. Se escuchan palabras grandilocuentes en los ámbitos legislativos, titulares llamativos y las promesas políticas de siempre, mientras el tiempo de la infancia transcurre bajo decisiones que siguen postergando su cuidado.

Los consumos de sustancias psicoactivas forman parte de esta escena y pueden cumplir distintas funciones: calmar la angustia, pertenecer, desinhibirse, mantenerse despierto o suspender por un rato aquello que resulta insoportable. Perseguir la sustancia o al consumidor como un criminal puede dejar intacto el sufrimiento que encontró en ella algún alivio. Las apuestas en línea se incorporaron rápidamente a este desierto: según UNICEF, 1 de cada 4 adolescentes argentinos apostó alguna vez. Una industria entera convierte la vulnerabilidad adolescente en una oportunidad de negocio y después se exige a los chicos que desarrollen autocontrol. Es una trampa mortal.

Los resultados de las pruebas PISA 2025 agregan otra señal. Casi 8 de cada 10 estudiantes argentinos de 15 años no alcanzaron el nivel básico en Matemática y alrededor de 6 de cada 10 tampoco lo hicieron en Lectura ni en Ciencias. Aprender compromete toda la vida psíquica: requiere atención, confianza, capacidad de espera, tolerancia a la frustración y alguna posibilidad de imaginar que aquello que se aprende tiene sentido para el presente y para el futuro.

Quien tiene hambre, padece violencia, soledad, negligencia o abandono, cuida a sus hermanos o pasa la noche apostando desde el teléfono puede llegar al aula con una enorme parte de su energía psíquica ocupada en sobrevivir. Cuando además siente que su voz no será escuchada, todo se agrava, porque pierde sentido hablar.

Frente a las autolesiones y el suicidio se difunden señales de alarma para que las familias puedan reconocerlas. Folletos, conversatorios, infografías. Cuando una señal finalmente es advertida, aparecen otras preguntas: ¿adónde recurrir?, ¿qué sucede después de una consulta en una guardia?, ¿quién acompaña a la familia y a la escuela?, ¿quién sostiene un tratamiento? Se les recomienda hablar, mirar, controlar las pantallas y reconocer las señales, aunque muchas familias carecen de los recursos materiales y del acompañamiento necesario. Aquellas que logran advertir el sufrimiento pueden encontrarse con servicios saturados, falta de profesionales especializados y respuestas que llegan cuando la situación ya se convirtió en una urgencia aterradora.

La fragmentación institucional profundiza el desamparo. La escuela recibe la dificultad para aprender y la disfunción conductual; el sistema sanitario, el síntoma; la Justicia, la violencia o la infracción; la familia todo. El niño, niña o adolescente es atendido de manera fragmentada y puede perderse como sujeto en un vendaval de informes e intervenciones que incluso a veces producen más daño.

Mientras tanto, los equipos locales de protección, las y los docentes, los profesionales de hospitales y consultorios, los abogados, fiscales y jueces comprometidos viven una batalla detrás de otra, buscando por dónde construir alguna respuesta que alivie, que acomode y que no devuelva al niño a la intemperie.

Quienes tienen la responsabilidad de gobernar deben responder por las condiciones en las que esos equipos trabajan y por las vidas que quedan sin atención. Se lanzan programas para atender las problemáticas de salud mental que muchas veces carecen de recursos, continuidad y conocimiento específico. Duran lo mismo que los titulares. Cada anuncio exige un presupuesto, profesionales que puedan sostenerlo y una responsabilidad sobre lo que ocurre después. Las grietas partidarias también dejan a cada sector atendiendo su juego mientras la infancia se hunde en un pozo del que será cada vez más difícil salir, si se puede.

La salud mental infantojuvenil requiere inversión sostenida, equipos interdisciplinarios, atención territorial y dispositivos permanentes de detección, acompañamiento, derivación y seguimiento. Exige articular salud, educación, protección social y Justicia, y una política de salvaguarda que atraviese a todo el sistema de protección. Hacerlo requiere decisiones de quienes administran los recursos públicos y tienen la obligación de garantizar esos cuidados.

La recuperación emocional, educativa y social puede llevar muchos años. Mientras quienes tienen el poder de actuar postergan las respuestas, transcurre la infancia y adolescencia que, como pueden, muestran, señalan, gritan y anuncian su padecimiento. Se pierden posibilidades de aprender, construir proyectos y sostener ilusiones; el costo de esa demora cuesta vida.

Durante mucho tiempo se desestimó el dolor infantil porque se suponía que no dejaría recuerdos. Hoy quienes deciden sobre esas vidas conocen el sufrimiento y sus consecuencias. Cada presupuesto que lo posterga, cada respuesta que se interrumpe, cada bebé, niña, niño, o adolescente que queda esperando vuelve a develar esa historia de desamparo.

Sonia Almada es Lic. en Psicología de la Universidad de Buenos Aires. Magíster Internacional en Derechos Humanos para la mujer y el niño, violencia de género e intrafamiliar (UNESCO). Se especializó en infancias y juventudes en Latinoamérica (CLACSO). Fundó en 2003 la asociación civil Aralma que impulsa acciones para la erradicación de todo tipo de violencias hacia infancias y juventudes y familias. Es autora de tres libros: La niña deshilachada, Me gusta como soy, La niña del campanario y Huérfanos atravesados por el femicidio.