Las víctimas que “nadie vio”: las heridas de la violencia sexual en la infancia siguen lastimando

Hoy se sabe que la mayoría de los niños y niñas que están siendo o han sido victimas de violencia sexual callan por el miedo, por las amenazas padecidas por el o los pederastas y porque saben que sus guardianes no les creerán o no podrán creerles porque se encuentran en situaciones de alta vulnerabilidad.

Las víctimas lo intentan contar una y mil veces a través de su cuerpo, de la conducta, de los síntomas, y algunas veces con palabras que denuncian -como se puede- la aberrante situación padecida.

En 2009 asistí a un congreso de la Asociación Psiquiátrica Argentina (APSA) para disertar y participar de las diferentes actividades. Me llamó la atención una en particular sobre abuso sexual. En la misma se presentó una investigación realizada en un pequeño pueblo. El doctor Daniel E. Valenzano, que coordinaba la actividad, compartió los datos de su investigación sobre adultos que habían padecido violencia sexual cuando fueron niños y por supuesto eran aberrantes. Tenía un poema, la subjetividad del autor que le daba marco al desgarro de los datos frios que leeríamos más tarde, que comenzaba así:

“Jauría de chacales acechan a nuestros Ángeles para que caigan del cielo y devorar su inocencia. No son fieras comunes, tienen aspecto afable, gentil, hasta cortés. Andan buscando Ángeles desprevenidos, confiados, inocentes, tal vez los mejores que ya jamás podrán volver a volar porque estos perversos destrozaron sus sueños (sus alas) y embarraron sus vestimentas. Ya no serán los mismos, no dormirán igual, ni se reconocerán frente al espejo. Pero lo peor es esperar el nuevo día donde habrá otro abuso, el mismo dolor, los olores ajenos que invaden, los ruidos, la respiración de la fiera que se acerca, se aproxima se abalanza. Para volver a sufrir, a esperar mañana que se repita. El ángel se pregunta: ¿Quién vela por mí? Y no tiene respuesta… Entonces es cuando calla, se anestesia, violaron su cuerpo y su alma.”

Ayer cuando escuché la develación del querido periodista Juan Pedro Aleart me acordé de este fragmento que guardé para siempre y me acordé de mí, de niña y de mis compañeros sobrevivientes, en Latinoamérica y el Caribe, que han sido víctimas de las más atroz de las violencias que pueda suceder en la infancia, la violencia sexual. Le escribí un mensaje a Juan Pedro para decirle que no estaba solo, que somos un ejercito no solo en Latinoamérica sino en el mundo de sobrevivientes, activistas y especialistas que nos hemos organizado para combatir la violencia sexual .

Todos los niños y niñas que fuimos victimas nos culpabilizámos durante nuestra infancia, y algunos siendo adultos, por haber generado de alguna manera esa violencia o no haberla impedido. Las frases de adoctrinamiento más usuales son: “No se lo cuentes a nadie, es nuestro secreto”, “esto es entre vos, yo y dios”, y otras, acompañan a las más amenazantes “si se lo contás a tu mamá……”.

Todo esto hace que nos quedemos, muchas veces por años, congelados en un limbo del terror, disociado de nuestra vida diaria. Aquello que fuimos ángeles/niños quedamos presos, nos cortan alas y los sueños, nos decepcionan tan amargamente que se hace muy difícil, sino imposible retomar el vuelo.

“¿Dónde estaban los adultos a cargo de nuestro cuidado?”, se nos escucha decir en todas partes. ¿Cómo nadie se dio cuenta?

A la consulta llegan muchos niños y niñas violentados sexualmente, más de lo que en general se imagina, pero también son muchos los adultos que logran develar el horror después de muchos años. No es extraño, es un mecanismo que ayuda a las y los sobrevivientes a sobrevivir, es un tiempo lógico, es a nuestro tiempo.

En 2023 se publicó el índice Fuera de las sombras, elaborado por Economist Impact, que analiza el desempeño de 60 países a nivel mundial a la hora de abordar, prevenir y responder a la violencia sexual hacia la niñez y adolescencia.

De los 60 países analizados, Argentina se encuentra en el número 50 a nivel global, con una puntuación de 41,5 sobre el máximo posible de 100. Así, Argentina tiene la puntuación más baja entre los países de América Latina y el Caribe incluidos en el informe.

Según un resumen nacional de los datos sobre Argentina, la puntuación baja se debe a varias razones, incluidas que el país no cuenta con un plan de acción nacional para abordar los casos de explotación y abuso sexuales, la edad de consentimiento sexual de 13 años está muy por debajo de el estándar internacional de 16 años, y el país todavía no ha eliminado la prescripción para los delitos de violencia sexual infantil.

Según datos del Ministerio de Justicia de la Nación, se registraron 14.424 menores de edad víctimas de violencia sexual entre 2017 y 2022, lo que supone un aumento del 126% en el número de denuncias.

La misma fuente destaca que los bebés, niños, niñas y adolescentes (BNNA) representan el 58% del total de víctimas de abuso sexual del país, y seis de cada diez víctimas menores de edad eran niñas; además, en el 85% de los casos, el agresor era una persona cercana a la víctima.

Está ampliamente aceptado que las estadísticas disponibles sobre abusos a BNNA en diferentes entornos muestran cifras significativamente a la baja, e incluso algunos estudios de varios países han concluido que entre el 70 y el 90 % de los casos de abusos no se denuncian.

Por ejemplo, con respecto a las tasas de denuncias de los abusos por parte del clero, la organización Bishop Accountability afirma que, en general, se considera que los casos que salen a la luz son la punta del iceberg, y que las cifras deben interpretarse siempre como una baja incidencia de denuncias, más que como una baja incidencia de abusos. La misma organización también explica que los factores que han llevado a revelaciones significativas por parte de sobrevivientes en otras partes del mundo, como la eliminación de los plazos de prescripción, numerosos litigios iniciados por las y los sobrevivientes, una investigación comprometida por parte de los fiscales o las comisiones de investigación independientes, aún no se han puesto en marcha en los países de América Latina.

En respuesta a la falta general de datos sobre la violencia sexual en todos los entornos y a las brechas evidentes en la legislación y las políticas púbicas en Argentina, la Asociación Civil ARALMA, que dirijo, presentó en 2022 y 2023 dos proyectos de ley uno propone erradicar los plazos de prescripción para las diferentes modalidades de violencia sexual en la infancia “A nuestro Tiempo” (Expediente Nº: 3004-D-2023).

Las distintas modalidades de violencia sexual contra las infancias y adolescencias tienen consecuencias para la salud mental a corto y a largo plazo, como es propio del estrés postraumático, manifestándose en ansiedad, depresión, trastornos de los hábitos de alimentación, problemas con las relaciones interpersonales, trastornos del sueño e ideas y comportamientos autolesivos, llegando en algunos casos al suicidio.

Estamos en presencia de un delito de daño continuo, ya que el mismo se produce no solo una vez ocurrido el hecho, sino que acompaña a las y los sobrevivientes a lo largo de toda la vida. La víctima debe soportar las consecuencias con un dolor psíquico crónico que es extremadamente difícil -si no imposible- de superar. El trabajo clinico y jurídico con las y los sobrevivientes corrobora que una víctima de abuso sexual puede tardar muchos años en reconocer y asumir que se ha sido víctima de un delito de esa naturaleza.

La Comisión Real de Respuestas Institucionales al Abuso Sexual Infantil de Australia halló que una víctima de abuso sexual infantil suele tardar una media de 24 años en develar lo sufrido. Mientras que la ONG estadounidense Child USA determinó que la edad promedio en que las victimas logran develar estas situaciones de violencia sexual sufridas durante su infancia es de 52 años.

Sin embargo, la gran mayoría de las víctimas nunca llega a denunciar a su abusador. Según la Encuesta Nacional de Victimización en Argentina, un 87% de los delitos sexuales no llegan a ser denunciados. Las razones por ello incluyen el trauma, la vergüenza, el estigma social, el miedo a amenazas y represalias, el miedo que no se les vaya a creer, o porque no se reconocen como victimas de violencia sexual. Todo esto se ve agravado cuando existe presión social, familiar o institucional para que una víctima no denuncie.

Debido a estas razones, estos crímenes raras veces son denunciados en forma inmediata, con las consecuencias procesales que ello ocasiona. No es infrecuente que, cuando finalmente una víctima está lista para denunciar a su agresor, se topa con un obstáculo: la prescripción. En la mayoría de los casos en Argentina, los jueces absuelven o sobreseen a los agresores por la prescripción de la acción penal, a veces incluso sin llegar a un juicio. Pero es inaceptable que un delito de la índole de la violencia sexual en la infancia, pueda prescribir cuando no ha habido posibilidades reales de juzgarlo

Ese es el motivo por el que es necesario garantizar la posibilidad de investigación y juzgamiento cuando una víctima esté lista para denunciar a su agresor. La violencia sexual a debe ser considerado como un problema grave de la salud pública de los países, para lo cual es preciso que se establezca un tratamiento diferenciado en cuanto a los márgenes temporales y al tipo de asistencia ofrecida a los sobrevivientes.

A pesar de ello, en Argentina sigue prescribiendo el delito de violencia sexual contra bebés, niños, niñas y adolescentes. Aunque hubo grandes avances legislativos la Ley N° 26.705 en su momento, como la N° 27.206, no obstante, muchos casos no recientes de violencia sexual contra las infancias siguen prescribiendo ya que estas leyes no son retroactivas.

En Argentina el único logro con estas leyes fue ampliar los plazos de prescripción para nuevos casos. Muchos han permanecido sin acceso a la Justicia, pues no están amparados en esta ampliación del plazo de prescripción, dado que dichas leyes sólo regían desde su entrada en vigencia en adelante, es decir que los hechos sucedidos antes de su publicación seguirán prescribiendo como un delito común.

Esto significa que la gran mayoría de hoy día adultos que fueron abusados en su infancia siguen teniendo menos tiempo para denunciar que las víctimas más recientes, como le pasa al periodista Juan Pedro Aleart.

Nuestro proyecto de ley además de exigir la eliminación de la prescripción del delito, también pide que la imprescriptibilidad se aplique retroactivamente. La fundamentación acerca de la retroactividad se enmarcan en la Declaración Universal de los Derechos Humanos; de la Convención Internacional de los Derechos del Niño Ley 23.849; la Constitución Nacional, Art. 75 inc. 22; la Ley 26.061 de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes; las Reglas de Brasilia; la Ley 27.372 de derechos y garantías de las personas víctimas de delitos; y la Ley 27.455 de consideración como delito de acción pública el abuso sexual infantil.

La continuación del la prescripción del delito en Argentina diferencia al país del creciente número de países de América Latina que ya han derogado la prescripción del abuso sexual infantil por completo, entre ellos El Salvador, Ecuador, Perú, Colombia y México.

En Argentina, cuando un órgano judicial prescribe la acción penal de la víctima, se abre la posibilidad de instrumentar un llamado ‘juicio por la verdad’. Estos procesos permiten reunir pruebas y testimonios para determinar judicialmente la verdad de un hecho y asignar responsabilidades. Sin embargo este tipo de juicios no produce efectos penales, por lo tanto no se llega a una condena contra el agresor, ni a una reparación integral para la víctima.

En consecuencia estos crímenes quedan impunes y los pederastas, si están vivos siguen atacando e informa al resto de los criminales que no les va a pasar nada, porque total el crimen prescribe.

El 1 de abril enviamos con ayuda de la organización londinense CRIN Y el apoyo de organizaciones nacionales, una Comunicación para el Comité de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas para la 98ª pre-sesión respecto al examen periódico de Argentina, que contiene todos estos y donde hacemos 4 recomendaciones:

• El Estado parte debe mejorar la situación relativa a las barreras sistémicas de acceso a la justicia para las y los sobrevivientes de violencia sexual en la infancia, específicamente mediante la derogación total de los plazos de prescripción para delitos sexuales cometidos contra BNNA, y que su aplicación sea retroactiva.
• El Estado parte debe proporcionar reparaciones integrales a las y los sobrevivientes de violencia sexual que cubran sus necesidades en las áreas de salud física, salud mental y apoyo psicológico, educación y situación financiera, de vivienda y laboral
• El Estado parte debe establecer una comisión independiente de la verdad para examinar todos los casos de violencia sexual a BNNA en todos los entornos en Argentina. Debe contar con una financiación adecuada, tener el poder jurídico necesario para convocar a actores y entidades públicos y privados, y poder acceder a toda la información necesaria, incluso aunque se considere confidencial. Además, los comisarios asignados deben ser independientes de todas las instituciones que se someterán a investigación para evitar cualquier conflicto de intereses y garantizar la imparcialidad.
• El Estado parte debe garantizar que se adopten políticas y prácticas eficaces de protección de niños, niñas y adolescentes en aquellos entornos en los que las y los menores vivan, estudien, jueguen o rindan culto, y que un organismo gubernamental de supervisión controle el cumplimiento y la aplicación.

El reconocimiento de la deuda pendiente que tenemos con las victimas y sobrevivientes de violencia es un tema ético. También lo es considerarlo un grave problema de salud pública junto al maltrato. La justicia es una acto reparatorio para las victimas y la prevención de este delito es urgente.

No sirve solo conmocionarse ante los relatos de los sobrevivientes que se hacen tristemente virales, se requiere de decisión politica para terminar con esta forma de tortura que aniquila la vida de quienes la padecen.

* Sonia Almada: es Lic. en Psicología de la Universidad de Buenos Aires. Magíster Internacional en Derechos Humanos para la mujer y el niño, violencia de género e intrafamiliar (UNESCO). Se especializó en infancias y juventudes en Latinoamérica (CLACSO). Fundó en 2003 la asociación civil Aralma que impulsa acciones para la erradicación de todo tipo de violencias hacia infancias y juventudes y familias. Es autora de tres libros: La niña deshilachada, Me gusta como soy y La niña del campanario.