Ya mucho más instalado en su rol de titular de la Unidad de Información Financiera (UIF) que cuando recibió a Infobae por primera hace casi un año atrás, a un mes de asumir, Carlos Cruz le dio una extensa entrevista a Infobae en el despacho principal que ocupa en el edificio del organismo en el centro porteño. Amable y más relajado, sin perder su parsimonia, la charla tuvo lugar justo dos días antes de que este abogado de la Facultad de Derecho de la UBA especializado en Derecho Penal y Económico y docente universitario, cumpliera su primer año de gestión al frente del organismo dedicado a la prevención del lavado de dinero, la financiación del terrorismo y los delitos económico-financieros complejos
El escenario fue el mismo, con el imponente logo de la UIF sobre la pared del amplio salón, y la música clásica de fondo. Pero esta vez, pese a la confidencialidad que rodea a todo lo vinculado a la UIF y las medidas de seguridad que rigen en el edificio -al punto que las visitas no pueden acceder con celular-, las ventanas estaban abiertas como medida de prevención contra el COVID-19. El ruido de la calle Hipólito Yrigoyen se colaría varias veces durante la entrevista que duró más de una hora. Pero no fue el tránsito el que hizo que Cruz alzara la voz en más de una oportunidad, sino la vehemencia por aclarar información que consideraba había sido difundida en forma tergiversada, y para insistir en su autonomía al frente del organismo. “Yo tengo total independencia del Poder Ejecutivo. Para bien o para mal, me pusieron en un lugar sensible -como me dijeron- porque conocían mi trayectoria”, enfatizó. Ese concepto lo reiteraría en varias oportunidades durante la charla.
Cruz fue elegido por el presidente Alberto Fernández a fines del 2019, y llegó al cargo en enero de 2020 después de pasar por una audiencia pública, en la que recibió unas 650 adhesiones que avalaron su trayectoria académica y profesional, y solo cinco impugnaciones que cuestionaron su presunta “parcialidad política” y cercanía con algunos dirigentes alineados con el actual Gobierno.
Menos “cauteloso” en sus declaraciones que un año atrás, reafirmó las prioridades que se fijó en ese momento al hacerse cargo de la UIF: delitos tributarios, contrabando, narcotráfico, trata, proliferación de armas de destrucción masiva y corrupción público-privada. En ese orden.
Tras aclarar que la UIF no se retiró de ninguna querella en causa de corrupción contra ex funcionarios kirchneristas y la actual Vicepresidenta, argumentó por qué el organismo no apeló o no impulsó la acción penal en algunos de esos expedientes. “Acá se promovieron muchas causas sin fundamento jurídico, solo para usar el instrumental penal como motivo de persecución política”, aseguró.
Tratando de “sobrevolar” la interna que atraviesa al Gobierno entre sus distintos sectores, reivindicó la gestión de Cristina Kirchner y valoró como “muy positiva” la de Alberto Fernández, así como “el trabajo conjunto del presidente y la vicepresidenta”. Tras reiterar su posición “garantista” en material penal, defendió la prisión domiciliaria de Amado Boudou “si reúne los requisitos”, aunque aclaró que el Juzgado no le pidió opinión a la UIF, pese a que en el juicio, en 2018, había solicitado seis años de prisión para el ex vicepresidente.
Sin cargar las tintas sobre su antecesor, Mariano Federici, fue crítico de varios aspectos de su gestión. Y ansioso por mostrar lo hecho en su primer año al frente de la UIF, eligió comenzar el diálogo con Infobae contando que viene trabajando desde diciembre en la elaboración de cuatro informes. Uno de ellos era el que acababa de entregar para el informe anual de gestión del gobierno nacional, que se elabora en el ámbito de la Jefatura de Gabinete, y será publicado el próximo mes. El otro que destacó se refería a un plan de trabajo que la UIF elaboró luego de participar de varias reuniones con el FMI, junto a otros organismos del Estado.
- ¿Cuál es el aporte desde la UIF en este diálogo que tuvieron con el FMI el año pasado?
-En una de las anteúltimas reuniones que tuvimos con el Fondo, en las que había varios organismos del Ejecutivo, ellos pusieron el acento en dos temas que les interesaban especialmente: gobernanza y lavado de activos. Entonces incluyeron a la UIF entre los organismos que les parecía importante que elaboraran un plan de trabajo, con vistas a la renegociación de la deuda. Ese plan lo presentamos hace 10 días ante las autoridades argentinas, con metas y un cronograma de cumplimiento, focalizado en temas de interés del Fondo, de la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos) y del GAFI (Grupo de Acción Financiera Internacional): lavado de activos, financiación de terrorismo, proliferación de armas de destrucción masiva, delitos económicos complejos, trata y corrupción público privada. Y hasta ahora no tuvimos observaciones.
En esos temas, definimos dos campos de trabajo: uno de reforma normativa, y otro de interacción con organismos del Estado, e instituciones del sector privado y la sociedad civil.
- ¿Con qué instituciones, por ejemplo?
- Ya firmamos convenios de colaboración académica con la Facultad de Ingeniería y la de Derecho de la UBA, con la Universidad Nacional Arturo Jauretche (de Florencio Varela), con Fabricaciones Militares, con el Consejo Profesional de Ciencias Económicas, y con el Comité Ejecutivo contra la Trata, que depende de la Jefatura de Gabinete. Y estamos en proceso de hacerlo con la Universidad de Lomas de Zamora, con la Universidad Nacional del Litoral, con el Ministerio de Seguridad y con la Federación de Consejos Profesionales Económicas.
- ¿Qué implican esos convenios?
- Cuando asumí hace un año dije que la UIF necesitaba, por un lado, reforzar el nivel técnico profesional de los funcionarios y funcionarias para que se pudiera trabajar mejor, y que íbamos a poner el acento en su formación conceptual y técnica. También en la capacitación de las agencias del sector público -como Banco Central, CNV (Comisión Nacional de Valores) y AFIP- y de los sujetos obligados que son los que tienen que reportar las operaciones sospechosas.
La articulación con otras agencias del sector público o entidades del sector privado tiene que ser eficiente. Y el primer paso es que, especialmente del interior del país, refuercen su formación porque, por ejemplo, los Registros de la Propiedad son los operadores que tienen que detectar e informar las operaciones sospechosas. Porque si les voy a mandar una inspección, lo tengo que hacer después de haberlos capacitado previamente.
Y me refiero a una capacitación técnica, que tiene que ver con el manejo de hipótesis de trabajo o tipologías directivas o de infracciones de casos concretos. La formación conceptual, que no había mucha en el organismo tampoco, es que la gente conozca economía, finanzas, metodología de la investigación, para tener una mirada más amplia. Por eso, elaboramos convenios que tienen distintos sentidos. Por ejemplo, con Ingeniería y Fabricaciones Militares, de asistencia técnica para optimizar nuestro sistema informático. Con la Facultad de Derecho, vamos a hacer cursos sobre metodología de la investigación. Con la Universidad Arturo Jauretche, capacitación específica en temas de economía y delitos económicos. Todas las universidades del Conurbano tienen algunas áreas de desarrollo específico, algunas más en educación y otras más en economía. Entonces ahí les vamos a pedir colaboración para formación y para investigaciones conjuntas.
- ¿Para colaborar en la investigación de casos concretos?
- No, para investigaciones conceptuales. Por ejemplo, cuál es la implicancia económica del corredor del Litoral, no qué pasa específicamente con tal empresa que exporta aceite. Con la Universidad del Litoral, que es otro de los convenios aún no firmado pero está muy avanzado, vamos a hacer un curso de formación en temas de lavado para toda el área norte. La idea es hacer capacitaciones en todo el país. En Córdoba estamos organizando una actividad específica para los titulares de los Registros de Propiedad Inmueble, el Automotor, de embarcaciones y de aeronaves.
- Porque justamente una de las maniobras del lavado es comprar autos, yates o propiedades…
- Exacto. Nos interesa mucho el tema de los Registros de la Propiedad. Hicimos la primera jornada federal sobre los mecanismos de control en esa materia a la que asistieron casi 1.000 personas de todo el país. A veces los escribanos no son muy cuidadosos, y por eso también estamos viendo un convenio específico de la Federación de Colegios de Escribanos, más allá de controlarlos.
- En ese tema, hay una deuda pendiente ya que los distintos registros de las provincias no están centralizados…
- No, es un colador. Tenemos esta cosa medio esquizofrénica de que no hay un federalismo ni para autos ni para embarcaciones. Por otro lado, si yo quiero averiguar si una sociedad en la Ciudad de Buenos Aires tiene otras vinculadas en interior, o está inscripta con el mismo nombre en otra provincia, no tengo cómo juntar la información. Esta es una vieja deuda al Ministerio de Justicia. Ya se la hemos trasladado a las autoridades de esa cartera y vamos a colaborar, porque tiene que estar centralizado.
Tampoco hay un control si crean una sociedad en Delaware (Estados Unidos) y esa sociedad luego se inscribió en Argentina. Esto es algo a lo que el GAFI (Grupo de Acción Financiera Internacional) le está poniendo mucha atención. Es una de las recomendaciones sobre las cuales estamos trabajando. Por eso acordamos un programa de capacitación sobre qué y cómo tienen que controlar, y cómo nos tienen que reportar. Después los vamos a supervisar.
- ¿Qué cantidad de Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) tuvieron en 2020 en relación al año anterior?
- Alrededor de 39.900. Estamos en el mismo volumen más o menos que el año anterior. Pero en supervisiones -que es cuando la UIF va a una empresa sin aviso para ver sus libros y documentación-, a pesar de la pandemia, hicimos prácticamente la misma cantidad que en todo 2019. Esto se puede hacer in situ o en forma remota. Algunas veces las hacemos solos, y otras con la CNV, con AFIP y el Banco Central. En febrero y marzo del año pasado hicimos supervisiones en el lugar en Rosario por temas de narcotráfico. Y cuando se flexibilizó el aislamiento obligatorio, hicimos otras 30 en Salta, Tucumán, Misiones y Capital a entidades financieras, cooperativas y mutuales.
- ¿Y la calidad de esos ROS? Porque cantidad no indica necesariamente mayor control efectivo de dinero sospechoso...
- No solo en Argentina, sino a nivel mundial, los mecanismos de control se declaman para controlar, pero el tiempo los lleva al no control. Si hago una evaluación de cómo funcionan los organismos de control a nivel internacional, más allá del show off, creo que funcionan para no controlar. Estamos trabajando en una nueva matriz de riesgos, en una reinscripción de los sujetos obligados, para depurarlos y para limpiar la calidad de los ROS. Porque si te tiran ocho millones de reportes por la cabeza, no tenés capacidad, ni nosotros ni FinCEN (Financial Crimes Enforcement Network, la Unidad de Inteligencia Financiera de Estados Unidos), de revisarlos. Por eso quiero depurar la matriz de análisis y procesamiento de los ROS. Porque si no, los malos de la película son los escribanos.
-¿Por qué los escribanos?
- Porque la mayoría de los sumarios que se hacían acá eran contra políticos y contra escribanos, que hay controlarlos claro, como también a los corruptos. Pero, por ejemplo, las causas contra las financieras prescribían o estaban paradas. Nosotros retomamos el control a los bancos. Acabamos de iniciar un sumario a uno de los más grandes del mundo acá en Argentina, el HSBC. Me encontré que había una querella de la UIF preparada contra este banco que estaba lista desde 2015, y no se había presentado, estaba durmiendo el sueño de los justos. Y el HSBC es un clásico, por más que hayan cambiado los modelos, los cuadros directivos y hayan tratado de limpiarse. Nosotros presentamos esa querella ahora el 30 de diciembre ante el Juzgado Penal Económico a cargo de María Verónica Straccia.
-¿Y por qué cree que no se presentó antes en la anterior gestión?
-No sé por qué.
-Hablando de querellas, ¿cuál es hoy la posición de la UIF en las causas de presunta corrupción en las que estaba presentada como querellante que involucran a ex funcionarios kirchneristas y a la actual Vicepresidenta? En la ruta del dinero contra Lázaro Báez, la UIF -ya bajo su mando- pidió 9 años de prisión. Pero, por ejemplo, no apeló un sobreseimiento por lavado de dinero contra Cristina Kirchner, ex funcionarios y empresarios de la causa de los cuadernos, que había sido una denuncia del organismo en la gestión anterior…
-Hay que hacer algunas precisiones. En primer lugar, mi experiencia es que en la mayoría de los casos, lo que aparece en los diarios no es lo que pasa en las causas. Todas las causas que tienen trascendencia pública -salvo excepciones- están muy manipuladas.
En el tema del lavado de dinero, financiación del terrorismo, trata, proliferación de armas de destrucción masiva, se ha estudiado mucho a nivel internacional, en Estados Unidos especialmente, también en Europa, y menos, pero también, en Argentina, cuáles son los delitos precedentes que generan mayor perjuicio para la sociedad. Y son los provenientes de evasión tributaria, del contrabando, del narcotráfico, de la trata, y de la corrupción público privada, en ese orden. Algunas estadísticas indican que casi el 60 por ciento del perjuicio patrimonial para el sistema económico financiero proviene de los delitos procedentes de contrabando y evasión tributaria. Los de corrupción, un 5 por ciento.
-¿Esto implica desatender los delitos de corrupción?
-No, no. Y acá el segundo punto. Tengo que tener en cuenta un principio básico de la economía en la gestión: ante multiplicidad de requerimientos, eficiente administración de los escasos recursos disponibles. Entonces, no me puedo hacer cargo de todos los delitos de contrabando, ni tributarios, ni de trata. Ni yo, ni nadie a nivel mundial. Pero tengo que fijar una escala de prioridades. Acá, ¿cuál fue la escala de prioridades en este organismo? Corrupción público-privada y escribanos.
-¿Y cuál es su prioridad al frente de la UIF?
- Mi prioridad político-criminal administrativa -lo dije desde el primer día- son los delitos tributarios, contrabando, narcotráfico, trata, proliferación de armas de destrucción masiva y corrupción. Si hago una allanamiento donde voy a buscar droga y encuentro armas no autorizadas y dos muertos, además de la droga, voy a investigar también las armas y el homicidio. No solo las drogas por una cuestión de administración eficiente y racional de los recursos.
Yo llegué a la gestión pasando por una audiencia pública en la cual recibí casi 700 adhesiones. Desde Pérez Esquivel, Estela de Carlotto, Raúl Zaffaroni, la Asociación de Profesores de Derecho Penal, Baltasar Garzón, Atilio Borón, Ricardo Alfonsín, Carlos Más Vélez, hasta Jorge Kirszenbaum (activista por los derechos humanos y ex presidente de la DAIA). Hubo apoyos de todo el arco político argentino, incluida gente del PRO que me conoce desde hace muchos años de la actividad profesional, del trabajo académico, no de la política. Las impugnaciones no llegaron a diez. Fueron siete u ocho diputados y dirigentes políticos de un sector, con un par de medios, que instalan determinadas cuestiones. A mí me dijeron: “Si el diario tal no te saca una editorial cada dos meses, estás haciendo mal las cosas”. Yo sigo mucho que ese medio me saque una editorial cada dos meses.
-Volviendo a la pregunta sobre las causas en las que la UIF es querellante …
-En tercer lugar, el nivel técnico penal de la UIF era muy bajo. Acá había un manual de armado y presentación de querellas que -dicho con el debido respeto, porque creo que el autor lo hizo con su mejor buena voluntad- no resiste ningún análisis técnico en una materia como penal, que es muy técnica, en la que hay consenso sobre cómo se tipifica un hecho como delito. No es como derecho civil o el derecho laboral, que está más sujeto a una interpretación libre. La dogmática jurídico-penal, de los alemanes para acá, es muy precisa para definir qué hecho se investiga, qué pruebas hay y si con esas pruebas, hay o no delito. Eso acá tiene reparos para todas las causas, desde las de trata a las de corrupción. Hubo una dirección política criminal en la anterior gestión con la que yo no coincido. No coincido con usar el instrumental punitivo como objeto de persecución político-social. Lo enseñé durante 40 años en la facultad y voy a mantener eso.
En todas las causas que voy a intervenir, mientras esté en la UIF, voy a seguir un criterio técnico, no la vulgata penal. Y siguiendo las indicaciones del Presidente, si yo tengo una causa donde un banco cometió un ilícito precedente de lavado, voy a actuar. Pero si, a mi criterio técnico, no está correctamente hecho el impulso de la acción penal, no lo voy a seguir, sea un banco, un político o un narcotraficante. Por eso, en algunas causas vinculadas con la política hemos impulsado y mantenido y, de hecho, hemos promovido acciones y estamos promoviendo acciones de distintos gobiernos y del actual.
- Y en las causas en que la UIF era querellante contra la actual vicepresidenta, ¿qué está haciendo? ¿Sigue en ese rol?
- No es un taching-taching político de anteriores gestiones, es una evaluación técnica contra la vicepresidente anterior, contra el presidente anterior, contra cualquier funcionario anterior, contra la vicepresidenta actual y contra quien sea. Si hay delito, nosotros avanzamos desde una perspectiva técnica. Si no hay delito, no voy a avanzar. Porque acá se promovieron muchas causas sin fundamento jurídico, solo para usar el instrumental penal como motivo de persecución política. Esto no es lo del lawfare, tiene siglos en la historiografía penal. Ahora tomó mayor dimensión por la presencia de los medios, pero no es novedoso. Es de la época de los romanos.
- Pero puntualmente, ¿la UIF se retiró o no de las causas abiertas contra la vicepresidenta?
- No, no nos retiramos de ninguna. Pero sí hemos revisado criterios. A veces para mejorar la imputación y, en otros casos, cuando no había motivo técnico ni probatorio, no hemos avanzado, pero no por motivos políticos. Lo dije el primer día y lo vamos a mantener, por motivos técnicos.
- En el caso de Amado Boudou, la UIF no se pronunció sobre la revisión de la prisión domiciliaria. ¿Por qué?
- No nos lo pidieron, el juzgado no nos dio traslado. Yo soy garantista en materia penal. Es la escuela alemana, es Enrique Bacigalupo por España, es David Baigún y Julio Maier en Argentina, es Raúl Zaffaroni y Esteban Righi. O sea, las mejores cabezas del derecho penal a nivel internacional somos garantistas en Argentina. ¿Qué significa? Que si voy a aplicarle a una persona el máximo nivel de intervención sobre la libertad que tiene el Estado, que es privar de su libertad, voy a ser muy riguroso en el análisis, para quien sea.
El sistema de prisión preventiva es una aberración. Gran parte, por no decir la mayoría, de los que están privados de libertad en Argentina están con prisión preventiva, y muchas veces terminan con una absolución. Una persona está dos, tres, cinco años privada de su libertad, que en general son las personas de menos recursos, y luego el Estado cuando termina el proceso, le dice: “Disculpe, mi amigo, estuvo 5 años preso, 5 años sin ver a la familia, 5 años con su vida destruida”.
- Sí, pero en el caso de Boudou no está con preventiva, sino que ya fue condenado en segunda instancia y le dieron prisión domiciliaria por el COVID-19 y su situación familiar...
- Creo que todo lo que sea preservar la libertad del individuo, sea Boudou o José Pérez que salió de caño, hay que hacerlo. Para la prisión preventiva y para la domiciliaria. Creo que si están dados los requisitos que habilitan la prisión domiciliaria, en caso de duda, se debe estar a favor.
- ¿O sea que si le hubieran pedido opinión en el caso de Boudou, hubiera estado a favor de la prisión domiciliaria, por más que ya tenga una condena firme?
- También en materia de prisión domiciliaria, los principios son los mismos. De John Locke para acá, es la libertad de la persona, para quien sea. Mi idea -que siempre sostuve y he tratado de ser coherente en mi ejercicio profesional, en la docencia y ahora en el cargo que ocupo-, es preservar la libertad de las personas.
-Alberto Fernández ha defendido públicamente a Cristina Kirchner varias veces en su situación judicial con el argumento de que hubo una persecución política. Es a la única que ha defendido de esa manera, ya que no lo hizo con otros ex funcionarios kirchneristas. ¿Cómo se siente al tener que ser querellante desde la UIF en causas contra la vicepresidenta?
-El Presidente la ha defendido en términos judiciales desde una mirada técnica. Hay multiplicidad de personas que pueden dar testimonio de lo que voy a decir: yo tengo total independencia del Poder Ejecutivo. Para bien o para mal, me pusieron en un lugar sensible -como me dijeron- porque conocían mi trayectoria. Hace 40 años que estoy en estos temas. No soy hoja al viento. Si soy hoja al viento, vuelvo a la actividad privada. Seguiré con la actividad académica, retomaré mi estudio, no sé si viviré más tranquilo y ganaré más plata. Pero no vine acá para eso. A mí me habían ofrecido antes esta función, como otras, pero siempre agradecí y dije que no. Sólo acepté integrar los tribunales de juzgamiento de abogados, fiscales y jueces porque creía que podía prestar una labor. Y lo hice siempre durante 15 años ad honorem.
Acá vine porque creía que no podía limitarme a escribir o dar clases. Yo tenía que canalizar lo que sé, como lo hice cuando fui al Centro de Estudios del Banco Central en la época de (Raúl) Alfonsín, con el doctor Baigún. Y necesitaba meterme en el barro de la historia, que sabía que salpica, y lo asumí. Yo me manejo con total independencia. Eso me granjea amigos y enemigos, pero también creo que es uno de mis valores. Lo que técnicamente sea adecuado, lo voy a hacer. Lo que no sea adecuado, aunque se venga diciendo hace 20 años, no lo voy a hacer. Y reitero, este organismo durante mi gestión no va a ser instrumento de persecución política para nadie.
- En agosto, cuando hubo una serie de despidos en la UIF, se especuló con que había un enfrentamiento con tu segunda, Mariana Quevedo, y que había cierto malestar en el kirchnerismo porque había continuado mucha gente en la anterior gestión. ¿Es así?
- Yo tengo muy claro cómo es la estrategia político institucional del presidente y de la vicepresidenta de la UIF. Eso que se dijo forma parte de la vulgata política, que quiere generar una interna dentro del Gobierno y entonces usan a un funcionario o una funcionaria. Eso no existió, no existe y, de lo que a mí depende, no existirá.
- ¿No hubo roces con Quevedo entonces?
- Podemos tener diferencias como tengo con cualquiera que trabaja conmigo. Pero eso tiene que ver con la gestión.
- ¿Por qué entonces los despidos en el organismo, que fueron vistos como un desmantelamiento de empleados que venían del gobierno de Cambiemos?
- Cuando entró la anterior gestión, a los dos días, habían despedido a más de 50 personas. Yo iba a despedir gente en el mes de marzo, pero vino la pandemia y salió el decreto prohibiendo los despidos. Cuando el Poder Ejecutivo permitió que se prescindiera de gente del sector público, esa lista que yo tenía hecha en el mes de marzo, la hice efectiva. En esa lista de 14 o 15 personas había gente, no solo de la última gestión, sino también de gestiones anteriores. Había gente de personal, de maestranza, de mesa de entradas…
- Había entre esos despidos un director de Análisis, un área clave...
- Sí, Lucas (Reboursin). Antes de asumir en la UIF le presenté una nota a Federici y le pedí que me hiciera un informe de gestión completo y la puesta a disposición de la renuncia de los directores. A algunos directores que necesitaba cambiar, se las acepté. Y quedaron dos de ellos, el del área de Administración y el Análisis. Lucas estaba en Análisis, un área que no podía desmantelar de un día para otro, y que primero tenía que reforzar. Se iba a quedar tres meses y se quedó seis por la pandemia. Y cuando el área estuvo reforzada, se lo dije. Era el único director que quedaba. Pero no tuvo que ver con ningún otro tema. Así como también al director de Administración le pedí que se quedara dos meses más, pero por cuestiones operativas, para saber las claves y con quién hablar para que las cosas funcionen. Pero lo importante es que se optimizó el nivel técnico del personal del organismo. Cuando llegué, había un 28% de mujeres entre los cuadros directivos del organismo, y hoy hay un 50%.
Ahora, voy a esperar los resultados de las auditorías sobre la anterior gestión. No solo eso, también pedí la de este primer año en que estuve yo. Me va a auditar no sólo la SIGEN, sino también la Auditoría General de la Nación, por un pedido expreso mío de que lo haga.
- Entonces, según lo que dice, en esos despidos, ¿no se coló la interna política que existe en el Gobierno?
- A Alberto lo conozco desde que yo era un joven abogado y él trabajaba en un Juzgado de Instrucción. Nos conocemos de ahí, nos conocimos en la Facultad. Siempre tuvimos buena relación y siempre de mutuo respeto. Por otro lado, valoro mucho la gestión de la doctora Fernández de Kirchner. Creo que ha sido una de las gestiones más importantes para los intereses de la sociedad argentina, y esto le ha granjeado muchos enemigos.
Así como hace tres meses fui a dar una exposición en la Cámara de Comercio Argentino norteamericana, a las dos semanas estaba dando una charla en el Instituto Patria. Porque tengo compromiso con la gestión y, conociendo un poco las reglas de la política, voy a tratar de pasar, hasta donde pueda, por arriba de las internas. Si yo me meto en la interna, es terreno fangoso y ahí me hundo. Y yo voy a pisar el barro de la historia, pero pasando por arriba de la vulgata política.
- Así como dice valorar la gestión de Cristina Kirchner, ¿qué opina del primer año del Presidente?
- Es una opinión política personal, no del presidente de la UIF, no compromete al organismo: la valoro muy positivamente y valoro muy positivamente el trabajo conjunto del presidente y la vicepresidenta.
La lista gris del GAFI
- ¿Cómo está la relación con el GAFI?
- Nuestra relación con todos los organismos internacionales es muy buena. Trabajamos en forma permanente y coordinada. De hecho, esta semana vamos a estar en unos plenarios de GAFI, como hemos estado hasta hoy. Hoy (por el miércoles) estoy mandando seis documentos secretos y reservados a las máximas autoridades del país con un trabajo conjunto que hizo la UIF Argentina con la UIF de Francia sobre delitos tributarios en el marco de la red Egmont (la organización que nuclea a las 164 UIF del mundo). Se lo mandamos al Presidente, a la titular del Senado, al presidente de la Cámara de Diputados, al ministro de Economía y a la AFIP.
-Este es el año en que el GAFI dará a conocer su evaluación sobre Argentina. Nuestro país había logrado salir de la “lista gris” en 2014, ¿cómo estamos ahora ? (NdR: la llamada “lista gris” del GAFI identifica a países con deficiencias en sus sistemas para combatir el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo, pero que elaboraron un plan de acción y tomaron un compromiso político para superarlas)
- Sí, están evaluando los últimos 4 años, uno mío y tres de la anterior gestión. Estamos corriendo contra reloj. Yo había hecho una evaluación personal de la situación de Argentina, antes de asumir al 26 de enero del 2020, y era que estábamos en la lista gris.
-¿Y ahora?
-Estamos en la lista gris. Yo parto de las cosas que no se hicieron. Mi trabajo es que para el mes de julio estemos en condiciones de cumplir con las 40 recomendaciones del GAFI. Para eso tenemos un cronograma de trabajo muy estricto que, en una parte, se engarza con el plan de trabajo presentado al Fondo Monetario. Mi intención es hacer todo lo posible para tener una buena calificación para que la Argentina no caiga nuevamente en la lista gris.
- Un área sensible en temas de lavado de dinero y financiamiento de terrorismo es la Triple Frontera...
- Después de cuatro años, volvimos al Grupo de Trabajo IV del Mercosur que se ocupa de temas financieros y lavado de activos, contrabando y trata, que abarca justamente la Triple Frontera. Lo integran representantes de los distintos países. Por Argentina va el Banco Central y la UIF. Ese espacio de trabajo no es el ámbito ni de GAFILAT (Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica) sino del Mercosur.
Hicimos una propuesta de trabajo para ser tratada en la próxima reunión del Mercosur, donde instalamos como uno de los temas centrales de interés para los cuatro países todo lo que tiene que ver con el corredor litoral marítimo y fluvial. Esa no es solamente la vía por la cual salen el 70% de las exportaciones argentinas, es la vía por donde también circula la droga, la trata, el contrabando, la droga y el tráfico de armas. Porque el Primer Comando Capital (un violento grupo criminal surgido en Brasil) también operaba por esta vía. Fue lo que le dije a los funcionarios norteamericanos: “Ojo, miren que esto no es solo la Triple Frontera, porque también abarca un corredor fluvial. A mí me interesa por el contrabando de granos, por la trata, por el contrabando de armas que me genera un problema de seguridad para el país. Pero ustedes que están interesados en esto, también pongan la mirada ahí”.
- ¿Cuál es el estatus de las sanciones a Hezbollah?
- Siguen vigentes. Una cosa es lo que uno declama y después, en el tiempo, lo que va haciendo. En otro momento hubiera salido en los diarios “Argentina confirmó las sanciones…”. Yo lo manejé con el Juzgado, hicimos las presentaciones y pedimos que se renovará el congelamiento de sus activos. Otro ejemplo: salió la denuncia de que podía entrar sustancias explosivas para un posible atentado en la Argentina, e inmediatamente nos pusimos en contacto con las autoridades judiciales de Misiones, con el Presidente y con los organismos internacionales. Creo que tampoco sacamos una línea de eso.
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