Denuncian tráfico de influencias en una importante licitación del IMSS

Diversas fuentes confirmaron que recientemente el IMSS inició una importante licitación de ambulancias para poder mejorar la atención médica de la ciudadanía, esas mismas fuentes indican que una empresa denunciada previamente por supuestos tráficos de influencia, estaría presionando para obtener dicha licitación.

El empresario Luis Humberto Montaño García se encuentra en el foco público, al ser señalado como una supuesta pieza clave en una red de tráfico de influencias vinculada al poder político, y cuya empresa, Lumo Financiera del Centro, buscaría ahora un contrato millonario con el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) para arrendar 1,000 ambulancias.

En el último año, diversas investigaciones periodísticas señalaron como operaría, según esas denuncias, el empresario mencionado, para beneficiar un pequeño grupo de personas con la asignación de licitaciones públicas que involucran cuantiosas ganancias.

Uno de estos señalamientos se publicó el 19 de Marzo de 2024, cuando el periodista Carlos Loret de Mola, en su columna titulada “El dinero de El Clan”, aseguró que fuentes de primer nivel le confirmaron que Montaño García es uno de los principales brazos financieros de “El Clan”, una red de tráfico de influencias presuntamente encabezada por los hijos del entonces Presidente de México Andrés Manuel López Obrador.

Según este reporte, esa organización canaliza contratos gubernamentales hacia aliados y amigos cercanos. La incorporación de Montaño García a esta red se habría dado en el momento en que “El Clan” buscó expandirse al negocio de las arrendadoras de vehículos al servicio del Gobierno, donde las empresas de arrendamiento de Montaño recibieron contratos valuados en más de 8,500 millones de pesos durante aquel sexenio, de acuerdo al reportaje de la periodista Diana Higareda, publicado en Latinus.

Estos contratos incluirían adjudicaciones del Gobierno Federal y de la administración de la Ciudad de México, así como asignaciones de instituciones clave como Segalmex, el IMSS, Gobernación y la Secretaría del Bienestar. Según las mismas fuentes, Montaño García también ha participado como operador político en campañas electorales.

Aunque hoy se lo conoce cómo empresario, el camino de Luis Humberto Montaño García hacia el poder económico comenzó en el ámbito político. En el año 2000, fue diputado suplente en la 58 Legislatura por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), desde donde habría iniciado la construcción de una red de contactos que le habría permitido consolidarse como un actor clave en las relaciones entre empresas privadas y el gobierno.

En 2011, fundó Lumo Financiera del Centro junto con socios como Juan Manuel Sánchez Reyes y Martín Daniel Arriaga Arias, enfocándose en esquemas de financiamiento a través de fideicomisos. Con este modelo, Lumo ha sido proveedor recurrente de bienes y servicios para distintos niveles de gobierno, logrando contratos millonarios con diversas administraciones.

Los contratos obtenidos por Lumo Financiera han levantado sospechas debido a su recurrencia en adjudicaciones directas, muchas veces cuestionadas por falta de transparencia. En Chihuahua, la administración de Maru Campos adjudicó a Lumo un contrato de 22 millones de pesos para arrendar vehículos usados, mientras que la Fiscalía estatal le otorgó otro por 251 millones de pesos para unidades nuevas.

En Yucatán, bajo el gobierno de Mauricio Vila, la Secretaría de Seguridad Pública entregó contratos por 84 millones de pesos para la renta de vehículos y maquinaria, mientras que otras dependencias locales también recurrieron a sus servicios. Sin embargo, el caso más significativo es el de Puebla, donde Lumo acumuló contratos por más de 1,500 millones de pesos entre 2019 y 2023, incluyendo la renta de patrullas, fotocopiadoras e impresoras.

Montaño García ha sabido adaptarse a los cambios políticos. Durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, su empresa se consolidó como proveedora del gobierno federal, firmando contratos con dependencias como Segalmex, Pemex, CFE y la Secretaría de Gobernación. Sin embargo, su cercanía con las administraciones de Morena le ha permitido mantenerse como uno de los grandes beneficiarios de contratos públicos.

En 2019, donó una ambulancia al gobierno de Tabasco, encabezado por Adán Augusto López, fortaleciendo su vínculo con el grupo político de la 4T. Además, durante la pandemia de COVID-19, entregó ventiladores y ambulancias al municipio de Tlalnepantla, gobernado entonces por el morenista Raciel Pérez Cruz.

Lumo Financiera del Centro, S.A. de C.V., ha enfrentado diversas acusaciones y denuncias relacionadas con sus prácticas empresariales en México.

Investigación por simulación de competencia en Tlalnepantla (2019):

En junio de 2021, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México inició una investigación contra Lumo Financiera por presuntamente fingir competencia en una licitación pública en Tlalnepantla en 2019. Se alegó que Lumo y Lease and Fleet Solutions, empresas supuestamente vinculadas, participaron en la licitación para el arrendamiento de 288 vehículos por 32 meses, resultando ganadora Lease and Fleet Solutions con un contrato de 451 millones de pesos. La investigación se centró en posibles desvíos de recursos públicos y simulación de competencia.

Contratos de arrendamiento en Tabasco (2019-2024):

Entre 2019 y 2024, el gobierno de Tabasco otorgó a Lumo Financiera contratos por 425 millones de pesos para el arrendamiento de patrullas, a través de adjudicaciones directas. Esta práctica generó críticas debido a la falta de licitaciones públicas y a la preferencia por el arrendamiento sobre la compra de vehículos, cuestionando la transparencia y eficiencia en el uso de recursos públicos.

Acusaciones de malas prácticas en Yucatán (2022):

En junio de 2023, se reportó que la Secretaría de Desarrollo Rural de Yucatán adjudicó directamente contratos a Lumo Financiera por más de 6.5 millones de pesos para el arrendamiento de vehículos. La empresa ha sido señalada por presuntas malas prácticas empresariales y fraude en licitaciones en otras entidades, lo que generó preocupación sobre la transparencia en estas adjudicaciones.

Asignación directa de contratos por Pemex (2023):

En marzo de 2023, se cuestionó la asignación directa de un contrato por parte de Petróleos Mexicanos (Pemex) a Lumo Financiera por 5,356 millones de pesos para la renta de 2,200 camionetas destinadas al combate del robo de hidrocarburos. La empresa estaba bajo investigación por prácticas de simulación de competencia, lo que suscitó dudas sobre la idoneidad de la adjudicación sin licitación pública.

Nota aclaratoria sobre relación con Lease and Fleet Solutions (2021):

En junio de 2021, Lumo Financiera emitió una carta aclaratoria negando cualquier relación con Lease and Fleet Solutions, tras publicaciones que sugerían una vinculación entre ambas empresas en licitaciones públicas. Lumo afirmó que ambas compañías son totalmente ajenas, buscando eliminar sospechas de simulación en procesos de licitación.

Es importante señalar que, a pesar de estas acusaciones y denuncias, Lumo Financiera del Centro ha continuado operando y obteniendo contratos en diversas entidades del país. En abril de 2024, la empresa fue incluida en el Padrón de Integridad Empresarial de la Secretaría de la Función Pública, reconocimiento que busca promover prácticas de ética y transparencia en las operaciones comerciales. La inclusión de Lumo en este padrón ha generado opiniones encontradas, considerando las investigaciones y señalamientos previos en su contra.

La mezcla de intereses privados y decisiones públicas en el caso de Luis Humberto Montaño García plantea serias preguntas sobre la transparencia en el uso de los recursos públicos en México. Los contratos asignados sin competencia real no solo afectarían el presupuesto nacional, sino que también podrían comprometer a sectores esenciales como la salud y la seguridad.

Los expertos indican que cuando los contratos son asignados sin competencia real, no solo se perjudica la competencia y el presupuesto nacional, al favorecer ineficiencias y posibles sobrecostos, sino que también comprometen sectores esenciales como la salud y la seguridad. En el ámbito de la salud, estas prácticas podrían derivar en la adquisición de bienes y servicios de calidad insuficiente, poniendo en riesgo la atención médica y el bienestar de la población.

La ausencia de mecanismos competitivos en estos procesos no solo podría erosionarla confianza ciudadana en las instituciones, sino que también amplifica los riesgos de corrupción y uso indebido de recursos públicos.