Hace unos días, se dio a conocer que el exgobernador del estado de Tamaulipas y exmilitante del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Tomás Yarrington había sido liberado pese a ser señalado por lavado de dinero y nexos con el crimen organizado, por lo que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) fue cuestionado en la conferencia de prensa conocida como La Mañanera cuál era la postura del Gobierno de México, en específico sobre su posible extradición.
Fue el pasado 3 de julio del presente año cuando se reportó que la Agencia Federal de Prisiones (BOP, por sus siglas en inglés), habían dado a conocer que el exmandatario estatal de actualmente 67 años de edad y quien fue señalado por haber recibido sobornos 3.5 millones de dólares por parte del Cartel del Golfo, había sido liberado de manera anticipada, pues se esperaba que recuperara su libertad hasta el mes de noviembre del presente año.
Cabe destacar que el exmandatario priista fue declarado culpable y, por ende, recibió una condena de nueve años de prisión por el delito de lavado de dinero, lo cual lo llevó a ser ingresado a una cárcel en Texas tras ser extraditado desde Italia, país donde fue arrestado tras viajar a modo de evadir a la autoridad, usando un nombre falso.
¿Qué dijo el presidente sobre la liberación de Tomás Yarringtono?
Desde el Salón de la Tesorería de Palacio Nacional, el fundador de Movimiento Regeneración Nacional (Morena), negó estar negociando la liberación del exgobernador de Tamaulipas, al tiempo que insistió en que la liberación anticipada fue una decisión propia de las autoridades estadounidenses, por lo que negó tener alguna relación con este hecho.
“No, nosotros no hacemos ese tipo de negociaciones, esto es una decisión de las autoridades de Estados Unidos”.
Ante la prensa, el morenista también negó que la Fiscalía General de la República (FGR) estuviera relacionada con la liberación anticipada de Yarrington Ruvalcaba, por lo que explicó que las autoridades del país gobernado por Joe Biden son las que ejecutaron dicha medida por las siguientes razones:
“Creo que es una decisión del Gobierno de Estados Unidos, ellos tienen como práctica el que si se paga, si devuelven dinero otorgan facilidades, reducen penas, lo mismo para testigos protegidos, yo creo que algo así”.
Tomás Yarrington Ruvalcaba, quien ocupó el cargo de gobernador de Tamaulipas de 1999 a 2005, fue señalado por los delitos de narcotráfico y lavado de dinero. Según las autoridades, durante su mandato como mandatario estatal, habría recibido sobornos de cárteles de droga para permitir sus operaciones en el estado. Además, se le acusa de usar estos fondos ilícitos para adquirir propiedades y lavar dinero a través de empresas fachada.
Tal como se informó previamente, el político mexicano y quien fue miembro del Partido Revolucionario Institucional (PRI), fue arrestado en Italia en 2017 y extraditado a Estados Unidos para enfrentar dichos cargos.
Sobre su liberación, se reportó el pasado 3 de julio del presente año, pero se confirmó hasta el 11 de julio; sin embargo, no se han dado a conocer detalles de su excarcelamiento por lo que se espera que, tras darse a conocer la postura del presidente de México, las autoridades estadounidenses arrojen más información.
Entre los políticos del PRI que han sido encarcelados, además de Tomás Yarrington, se encuentran:
- Javier Duarte de Ochoa: Exgobernador de Veracruz (2010-2016). Fue detenido en Guatemala en 2017 y extraditado a México, donde enfrenta cargos de corrupción, desvío de recursos y delincuencia organizada.
- Roberto Borge Angulo: Exgobernador de Quintana Roo (2011-2016). Arrestado en Panamá en 2017 y extraditado a México, acusado de lavado de dinero y uso indebido de recursos públicos.
- Mario Villanueva Madrid: Exgobernador de Quintana Roo (1993-1999). Fue detenido en 2001 y extraditado a Estados Unidos, donde cumplió una condena por narcotráfico y lavado de dinero. Posteriormente, fue regresado a México para enfrentar cargos adicionales.
- Andrés Granier Melo: Exgobernador de Tabasco (2007-2012). Arrestado en 2013, acusado de peculado y lavado de dinero tras presuntas irregularidades en el manejo de fondos públicos durante su mandato.