Juan Pablo Gómez Fierro, magistrado que frenó a AMLO, criticó en foro nacional la Reforma al Poder Judicial

El magistrado Juan Pablo Gómez Fierro, conocido por haber frenado reformas del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador en materia energética, participó en el tercer foro nacional sobre la Reforma Judicial y destacó que la autoridad pretendida por Morena debe implementarse sin poner en riesgo la estabilidad laboral de más de 50 mil trabajadores del Poder Judicial de la Federación.

Gómez Fierro, titular del Décimo Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito del CJF, subrayó la importancia de centrar las reformas en los justiciables y la efectiva protección de los derechos humanos.

El magistrado, que se ha ganado las críticas de la 4T, expuso que no se trata sólo de modificar los derechos laborales de más de 50 mil servidores públicos, sino de garantizar una justicia de calidad, eficiente y completa en México.

El magistrado declaró que para lograr esta misión se necesitan recursos estables y adecuados, asegurados normativamente, a fin de proteger y garantizar el derecho de acceso a la justicia.

Enfatizó que el objetivo principal del uso de estos recursos debe ser optimizar la función judicial sin comprometer la independencia, competencia e imparcialidad de los operadores de justicia.

Gómez Fierro expresó que la austeridad puede ser compatible con la estabilidad laboral y los derechos de los trabajadores, sin poner en riesgo la legitimidad e independencia judicial.

Señaló que cualquier asignación presupuestal debería basarse en la evidencia y no comprometer las funciones del Poder Judicial, garantizando los derechos laborales del personal y promoviendo el desarrollo de la carrera judicial y de la defensoría de oficio.

El magistrado destacó la necesidad de una planificación financiera que refuerce la capacidad operativa del Poder Judicial, buscando que la eficiencia no se logre a costa de los estándares de independencia y equidad necesarios para una justicia imparcial.

Delfina Gómez Álvarez, gobernadora del Estado de México, se pronunció a favor de una reforma “integral y eficaz” al Poder Judicial, como propuso el presidente Andrés Manuel López Obrador, y agradeció que la ciudad de Toluca haya sido elegida para llevar a cabo el tercer foro de los Diálogos Nacionales, con el tema de austeridad, fideicomisos y el derecho laboral de los trabajadores.

“Agradezco particularmente la deferencia concedida al Estado de México para alojar una de las sedes en donde se tiene por objetivo analizar, perfeccionar, debatir, sobre el contenido de las propuestas de reforma emitida por el presidente de la República Mexicana, licenciado Andrés Manuel López Obrador referente al Poder Judicial”, declaró Gómez Álvarez en la sede del Congreso local.

La gobernadora mexiquense indicó que la impartición de justicia es el mecanismo para resolver conflictos, mantener la paz social y un desarrollo con bienestar, por lo que las autoridades están obligadas a garantizar este derecho de forma responsable y eficaz, y proteger a todos, en especial a las personas vulnerables.

Delfina Gómez mostró su confianza para que de este tercer foro surjan propuestas que se convertirán en acciones, y tengan por objetivo aplicar de manera pronto y expedita la justicia.

En este mismo foro, Jesús Gilberto González Pimentel, secretario general del Sindicato de Trabajadores del Poder Judicial de la Federación, expresó la necesidad de que el Poder Judicial cuente con autonomía presupuestaria.

Actualmente, los recursos anuales destinados a esta entidad son determinados por la Cámara de Diputados, salvo en 2013, cuando se respetó la solicitud presupuestal del Poder Judicial.

González Pimentel destacó las cualidades del personal del Poder Judicial, mencionando su eficiencia, eficacia, honorabilidad, imparcialidad, objetividad y profesionalismo. Añadió que una reducción en el presupuesto no solo afectaría la operación de esta institución, sino que también limitaría el acceso a la justicia para cientos de miles de mexicanos, lo cual retrasaría la resolución de los casos y sobreexplotaría los recursos humanos, creando lo que él denominó una “esclavitud velada”.

El secretario general insistió en la importancia de garantizar una correcta remuneración para el personal judicial. Argumentó que para llevar adelante una reforma efectiva, es crucial desbloquear la contención salarial que afecta al personal.