‘Estado de silencio’: el documental producido por Diego Luna y Gael García Bernal que denuncia la violencia contra el periodismo mexicano

Los actores y directores Gael García Bernal y Diego Luna forman quipo equipo una vez más. Esta ocasión unen fuerzas como productores de un crudo documental que retrata la complicada labor del periodismo mexicano.

Presentado en el Festival de Cine Tribeca en Nueva York, Estado de silencio es el largometraje que, bajo la dirección de Santiago Maza, cuenta la historia de cuatro periodistas quienes narran los peligros de ejercer su profesión en México al acudir a su llamado por la verdad y la veracidad.

De esta manera, se presentan los obstáculos y riesgos de ejercer periodismo encarnado en los casos de Marcos Vizcarra (Sinaloa), Jesús Medina (Morelos) y el matrimonio conformado por Juan de Dios García Davish y María de Jesús Peters Pino (Chiapas) en su trabajo diario en un país que vulnera y violenta la libertad de prensa.

Durante la presentación del filme, María de Jesús Peters protagonista y corresponsal de El Universal comentó que el título surge porque “hay ciertos temas que no se abordan o no se quieren tocar, y al final la gente no se entera”. Mientras que Vizcarra argumentó que “este documental no debería de existir, pero estamos agradecidos porque necesitamos abrir la conversación sobre las violencias que vivimos las y los periodistas en México todos los días”.

Por su parte, Diego Luna mostró su interés por hacer hacer visible esta problemática que enfrentan los corresponsales de su país natal. “Ejercer el periodismo en México es muy complejo, y si la ciudadanía no está atenta, no está consciente, y no está presente en el día a día de los periodistas, suena muy injusto”, expresó el artista.

En este sentido, el protagonista de Rogue One hizo hincapié en que esta es “una llamada de atención a la ciudadanía, tenemos que reconocerles, apoyarles, estar cerca, preocuparnos por lo que hoy vive la comunidad de periodistas en nuestro país”.

En el caso de García Bernal, el actor no descartó que Estado de silencio puede ser una forma para despertar la conciencia de distintos sectores de la sociedad, y no sólo de las personas afectadas. A pesar de que este proyecto pueda impulsar a nuevas generaciones de periodistas para llevar a cabo su trabajo con mayor seguridad, la intención Bernal tiene un eje distinto.

“Es también para resaltar el hecho de que sin periodismo no hay democracia, no hay cómo escrutar la verdad si no existe el periodismo, si no existen las voces que denuncian, que critican, que matizan las cosas que están sucediendo”, manifestó.

México se ha convertido en uno de los lugares más peligrosos del mundo para ejercer el periodismo, con cifras alarmantes que reflejan la violencia constante que enfrentan los profesionales de la información. Según la organización Reporteros Sin Fronteras (RSF), desde el año 2000 hasta 2023, más de 150 periodistas han sido asesinados en el país. Tan solo en 2022, se registraron 19 asesinatos de periodistas, colocando a nuestro país como el más letal para la prensa.

Uno de los casos más recientes fue el asesinato de Lourdes Maldonado en Tijuana, ocurrido en enero de 2022. Maldonado había solicitado protección federal debido a amenazas recibidas y llegó a mencionar públicamente su temor por su vida, sin que las autoridades brindaran la protección adecuada. Este caso evidencia la urgente necesidad de mecanismos de protección eficaces y la implementación de políticas públicas que garanticen la seguridad de los periodistas mexicanos.

Además de los asesinatos, la intimidación, las amenazas y los ataques físicos y digitales son parte del día a día para muchos reporteros. Según datos de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), entre enero de 2020 y junio de 2023, se documentaron más de 600 agresiones contra periodistas, que incluyen desde amenazas y acoso hasta desapariciones forzadas.

Las entidades federativas con mayores índices de violencia contra la prensa son Veracruz, Guerrero, Tamaulipas y Michoacán, regiones donde el narcotráfico y el crimen organizado tienen una fuerte presencia.

Frente a esta situación, diversas organizaciones de derechos humanos y periodistas han demandado la intervención del gobierno y la creación de mecanismos sólidos que brinden seguridad a quienes ejercen la comunicación social.