Éste el cártel de drogas con más miembros tras las rejas en México

En México, la infraestructura penitenciaria nacional está conformada por un total de 314 cárceles, de los cuales 248 son estatales, 51 son centros especializados y 15 son federales. Estos últimos son de gran importancia, entre otras cosas, porque seis de cada 10 de los internos que mantienen tras sus rejas pertenecen a algún cártel de drogas.

Así lo afirman datos del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social (OADPRS) solicitados y consultados por Milenio vía Ley de Transparencia y Acceso a la Información, mismos que señalan que, con corte a marzo de 2024, había 20 mil 628 personas confinadas en alguna cárcel federal.

Del total, se señala que 11 mil 823 son integrantes de la delincuencia organizada, lo que indica que más del 50% de la población penitenciaria federal tuvo participación en alguna actividad relacionada al narcotráfico. Al respecto, surge la duda: ¿qué cártel de drogas tiene más miembros tras las rejas?

De acuerdo con el medio ya citado, Los Zetas lidera el listado con un total de mil 536 integrantes encarcelados. La organización criminal actualmente se encuentra desarticulada y únicamente continúa operando mediante escisiones, como el Cártel del Noreste, Los Talibanes y Los Zetas Vieja Escuela.

A Los Zetas le siguen los dos grupos criminales más notorios de México en la actualidad: el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y el Cártel de Sinaloa, quienes tienen mil 338 y mil 140 miembros en prisión, respectivamente.

Otros cárteles de drogas que aparecen en el listado son el Cártel del Golfo (CDG), La Familia Michoacana, Los Mexicles, el Cártel de Santa Rosa de Lima (CSRL), el Cártel del Noreste e incluso el Cártel de los Beltrán Leyva.

Por otra parte, Milenio destacó que el Cártel de Juárez, Los Sureños, Los Artistas Asesinos, el Cártel Independiente de Acapulco, Los Rojos, La Unión Tepito, Guerreros Unidos y otros también forman parte de la población carcelaria, aunque con menos de 100 miembros cada uno.

Cabe destacar que, en caso de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) decida eliminar la prisión preventiva, miles de reos que pertenecieron a algún cártel de drogas podrían quedar en libertad, pues no han sido recibido condena o su proceso continúa en curso.

La prisión preventiva en México es una medida cautelar que implica la privación de la libertad de una persona acusada de un delito, antes de que se dicte una sentencia definitiva. Esta medida se aplica con el objetivo de garantizar que el acusado no evada la acción de la justicia, no represente un peligro para la sociedad o para las víctimas y no interfiera en la investigación del delito.

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 19, establece las condiciones bajo las cuales se puede imponer la prisión preventiva. La reforma de justicia penal de 2008 y su implementación en 2016 introdujeron el sistema de justicia penal acusatorio y oral, que promueve el uso de medidas alternativas a la prisión preventiva, buscando equilibrar los derechos del acusado y la protección de la sociedad.

Solo ciertos delitos específicos ameritan la aplicación de la prisión preventiva oficiosa, es decir, obligada por ley. Entre ellos se encuentran el homicidio doloso, la violación, el secuestro, la trata de personas, los delitos cometidos con medios violentos, el robo de transporte y los delitos relacionados con armas y explosivos de uso exclusivo del Ejército, entre otros.

La prisión preventiva tiene una importancia significativa en el sistema judicial mexicano:

1. Protección de la sociedad y las víctimas. Busca garantizar la seguridad de las víctimas, los testigos y la sociedad en general, evitando que el acusado pueda repetir conductas delictivas durante el proceso judicial.

2. Eficacia de la investigación. Pretende impedir que el acusado interfiera en la investigación del delito, ya sea manipulando evidencia, influyendo en testigos o coaccionando a las víctimas.

3. Comparecencia del acusado. Asegura que el acusado se presente a todas las etapas del proceso judicial, evitando la fuga y la consecuente impunidad.

4. Equilibrio entre derechos y justicia. Aunque la prisión preventiva busca proteger a la sociedad y garantizar la justicia, también representa un reto en términos de derechos humanos, ya que implica la restricción de libertad de una persona que aún no ha sido declarada culpable. Por ello, las reformas apuntan a que esta medida sea autorizada solo en casos estrictamente necesarios y bajo supervisión judicial.

A pesar de su importancia, la aplicación de la prisión preventiva en México ha sido objeto de crítica.

Se argumenta que su uso excesivo o inadecuado contribuye a la sobrepoblación carcelaria y puede implicar violaciones a los derechos humanos, especialmente considerando que muchas personas en prisión preventiva eventualmente son absueltas.