Preocupan a la ONU detenciones arbitrarias y aplicación excesiva de prisión preventiva en México

“La detención arbitraria sigue siendo una práctica generalizada en México y con demasiada frecuencia es catalizadora de malos tratos, torturas, desapariciones forzadas y ejecuciones arbitrarias”, concluyó el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria (GTDA) de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) tras realizar una visita a tierras mexicanas.

Tras haber realizado una visita de 12 días, el Grupo reconoció ante medios de comunicación que hay avances significativos en la lucha contra la detención arbitraria ―como la implementación del sistema penal acusatorio o la introducción del Registro Nacional de Detenciones―, sin embargo, precisaron que aún se requiere realizar diversas reformas para que ya no se vean afectados derechos humanos.

De igual forma, los expertos señalaron que una de las principales preocupaciones es el uso excesivo de la prisión preventiva, que junto con el arraigo es una práctica obligatoria del país para muchos delitos, no obstante, esta medida incluso va en contra de lo señalado en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, por lo que urgieron a abolir esta práctica de forma inmediata.

Miriam Estrada-Castillo, integrante del Grupo, explicó que el periodo de detención preventiva es crítico porque el detenido puede autoinculparse por el desconocimiento de sus derechos, al tiempo que en muchas ocasiones ese periodo es demasiado largo.

En otro tema, el grupo de las Naciones Unidas subrayaron que desde el año 2006 México se ha vuelto más punitivo con respecto a las detenciones relacionadas con la política antidrogas y ha penalizado la posesión de estupefacientes en cantidades muy bajas calificándolas como tráfico de narcóticos.

Por otro lado, acotaron que pese a la generalización de la prisión preventiva, se desconoce exactamente cuántas personas se encuentran en esta situación debido a que no todas se registran, como por ejemplo cuando se trata de migrantes, por lo que hicieron un llamado a las autoridades mexicanas para que el registro se cumpla.

Asimismo, consideraron que las Fuerzas Armadas, la Guardia Nacional y las policías estatales y municipales están frecuentemente implicadas en detenciones arbitrarias y carecen de los controles civiles e independientes necesarios para garantizar la prevención y la rendición de cuentas.

Denunciaron también el uso excesivo de la fuerza por parte de las autoridades mexicanas, destacando el lapso que va desde la aprehensión de una persona hasta que ésta es puesta a disposición ante un juez, aumentando así el riesgo de graves violaciones de derechos humanos.

Destacaron que en muchos casos también se recurre a la tortura y otras formas de malos tratos para obtener confesiones y declaraciones incriminatorias.

Al hablar sobre las detenciones de los migrantes en territorio mexicano, los expertos argumentaron que ésta medida debe ser el último recurso y, en caso de que se lleve a cabo, debe ser en el menor tiempo posible, con una evaluación individualizada, en condiciones dignas y con acceso a asistencia legal.

Además de los migrantes hay otros grupos que también son vulnerables, como es el caso de los pueblos indígenas, las personas con discapacidad, integrantes LGBTI+, los adolescentes, los adultos mayores y las personas que viven en pobreza.

“En particular, las autoridades deben garantizar medidas especiales de protección y un enfoque basado en el género. Nadie debe ser sometido a detención arbitraria”, indicaron.

Los expertos de la ONU visitaron la Ciudad de México y los estados de Nuevo León y Chiapas, donde se reunieron con autoridades, jueces, comisiones de derechos humanos, representantes de la sociedad civil, entre otros. Además, visitaron 15 lugares de privación de libertad, incluidas cárceles, comisarías, tutelares, instituciones para migrantes y personas con discapacidad psicosocial. La ONU emitirá un informe final en septiembre de 2024.

El presidente Andrés Manuel López Obrador ha reiterado en diversas ocasiones que estas prácticas se encuentran erradicadas desde que él asumió como titular del Ejecutivo en el 2018.

En sus conferencias de prensa matutinas, llamadas “mañaneras” el mandatario ha defendido y aseverado que su gobierno no viola los derechos humanos: “Siempre hemos estado comprometidos a que no se cometan injusticias, en nuestro Gobierno no se permite tortura, no se permite la desaparición, no se permiten las masacres, no se permite la violación de derechos humanos”.

De igual forma, ha comparado que su administración no es represora como sí lo fueron las de sus antecesores y añadió que se actúa “de inmediato” cuando hay recomendaciones de organismos defensores de los derechos humanos.