Defensa de Emilio Lozoya negó supuesto soborno de Altos Hornos de México

La defensa del exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya Austin, negó que su cliente haya recibido algún supuesto soborno por parte de Altos Hornos de México (AHMSA), el cual fue señalado por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).

Por medio de un comunicado de prensa, Ontiveros Consulting reveló que la cifra de USD 3.4 millones que el exfuncionario recibió de AHMSA está acreditado y se dio cuando aún no formaba parte de la Administración Federal, por lo que ya se había puesto evidenciado que no existía algún indicio de corrupción en ese caso.

“En relación con un supuesto soborno de 3.4 millones de dólares recibido a través de AHMSA, está acreditado que dicho monto obedece a proyectos realizados por Lozoya austin antes de ser servidor público y que fue recibido tiempo antes de asumir la Dirección General de Pemex. Ya se ha puesto en evidencia que no puede afirmarse delito de corrupción alguno en este caso”, se pudo leer.

Asimismo, explicaron que la supuesta “mordida” que recibió en su paso por Petróleos de México de USD 8.4 millones no tiene antecedente —ni documental ni técnico— por lo que calificaron inaceptable, por lo que consideraron indispensable que la UIF verifique su información.

“En esa operación de compra por parte de Pemex, el C. Lozoya recibió como ‘mordida’ por parte del vendedor Altos Hornos de México, representado por Alonso Ancira, una cantidad de al menos 8.4 millones de dólares a través de triangulaciones internacionales de lavado de dinero”, fue la explicación que dio la UIF en un comunicado de prensa.

Posteriormente, la defensa también aclaró la venta de Agronitrogenados, pues indicaron que, a escala administrativa, no existe alguna investigación relativa a la compra-venta de la Planta de Fertilizantes: “Todo el proceso fue auditado y validado por las autoridades administrativas. La documentación correspondiente obra en la carpeta de investigación”.

En tanto, en relación con el Contrato de Tula I, Ontiveros explicó que las autoridades han afirmado, durante las audiencias y frente a un juez de control, que el proceso estuvo perfectamente ejecutado, razón por la que no se ha desprendido algún elemento relativo a responsabilidad administrativa, mercantil o penal contra su cliente.

Finalmente, sobre los contratos de Salamanca y Tula II, sentenciaron que éstos no forman parte de los procedimientos a los que fue vinculado Lozoya Austin.

Al concluir el comunicado de prensa, los abogados Alejandro Rojas Pruneda y Miguel Ontiveros Alonso volvieron a señalar que el aumento de USD 10.7 a 30 millones exigido al exmilitante del Partido Revolucionario Institucional (PRI) es una decisión unilateral y sin basamento técnico.

“De ahí que, en audiencia pública ante el juez de control, los representantes del Gobierno de México no pudieron explicar su origen, lo que provocó los legítimos reclamos de nuestro representado”, pues conviene recordar que el exfuncionario señaló que el aumento rayaba en la extorsión y que parecía que ni la administración federal podría defender a un ciudadano.

Un día antes de que se emitiera este comunicado de prensa, el abogado Miguel Ontiveros concedió una entrevista en donde dio a conocer que su cliente presuntamente fue traicionado por algunos personajes muy cercanos a él; no obstante, no develó la identidad de los supuestos implicados.

“A Emilio (Lozoya) lo traicionaron sus amigos, testigos de los hechos que trabajaban con él, se acobardaron y se escondieron, lo traicionaron sus abogados y ahora él se pregunta ¿También el gobierno? Lo que sigue para Emilio Lozoya es que tendrá que defender ante los tribunales. ¡Ya no hay otra opción!”, explicó el jurista.