El Gobierno mexicano rechazó las nuevas leyes de Kansas y Florida que consideraron “discriminatorias”

A partir de este 1 de julio Kansas y Florida, en Estados Unidos, entran en vigor nuevas leyes que tienen bajo la lupa organizaciones de migrantes.

En un comunicado la Secretaría de Relaciones Exteriores informó que en relación con la Ley HB2350, del estado de Kansas, que entró en vigor a partir del 1 de julio, el Gobierno de México, a través del Consulado de México en Kansas City:

Expresa su rechazo y preocupación por este tipo de iniciativas que inducen al perfilamiento racial y que pueden dar lugar a actos discriminatorios y abusos contra la comunidad hispana, latina y mexicana.

La seguridad y bienestar de la comunidad mexicana en Kansas es una prioridad que compartimos con las más altas autoridades del estado, y reconocemos el veto que diera la gobernadora Laura Kelly a esta ley, por sus potenciales implicaciones.

México es y seguirá siendo respetuoso del ordenamiento jurídico interno y de las medidas legislativas estatales en los Estados Unidos de América, pero al mismo tiempo se intensificarán los esfuerzos de la Secretaría de Relaciones Exteriores, a través del Unidad para América del Norte, para proporcionar información veraz y oportuna a la comunidad mexicana y velar por el respeto de sus derechos, así como por el reconocimiento de todas las aportaciones que realizan de manera cotidiana tanto en el estado como en toda la Unión Americana.

“Reafirmamos el compromiso de seguir trabajando de manera cercana en beneficio de todas las personas mexicanas y en pro de una región más próspera y segura para todos.

La HB 2350, es una ley que crea el delito de contrabando humano y contrabando humano agravado con penas que implican un delito grave de nivel cinco.

Se define el delito de contrabando de personas como “transportar, albergar u ocultar intencionalmente a una persona hacia o dentro de Kansas, cuando la persona sabe o debería haber sabido que la persona está entrando o permaneciendo en los Estados Unidos ilegalmente”.

Para que alguien pueda ser sancionado, deben darse cuenta de tres aspectos: que el individuo supiera o debería haber sabido que la persona está indocumentada y entró o permaneció ilegalmente en Estados Unidos, que el individuo se beneficiará económicamente o recibirá algo de valor del inmigrante, y que el individuo sepa o debería haber sabido que es probable que el inmigrante sea objeto de explotación para beneficio económico de otro individuo.

Organizaciones pro migrantes están preocupados ya que creen que esta nuevas medidas podrían afectar a las familias de estatus mixto, es decir, que tienen diferentes estatutos legales, como indocumentados, semiilegales, residentes o ciudadanos.

“Nuestros voluntarios saben que las personas a las que están ayudando son indocumentadas. Así que la forma en que interpretamos este proyecto de ley es que cualquiera puede ser considerado un traficante de personas, incluso nuestros voluntarios, solo porque los están transportando”, opinó Karla Juárez, directora ejecutiva de Advocates for Immigrant Rights and Reconciliation (AIRR) en el portal Planeta Venus.

En un comunicado la cancillería detalló su postura:

En relación con la Ley SB1718, firmada el 10 de mayo de 2023 por el gobernador de Florida, Ron DeSantis, la cual entra hoy en vigor el 1 de julio, el Gobierno de México, a través del Consulado General de México en Miami y el Consulado de México en Orlando, externa su rechazo ante medidas que conlleven a actos de discriminación y perfilamiento racial.

Si bien el Gobierno de México respeta los procesos y medidas legislativas estatales en los Estados Unidos de América, se considera que la SB1718 afectará los derechos humanos de miles de personas, niñas y niños mexicanas exacerbando ambientes hostiles que pueden derivar en actos o crímenes de odio en contra de la comunidad migrante. Esta medida no refleja su valiosa aportación a la economía, sociedad y cultura de Florida, y del país.

La criminalización no es el camino para resolver el fenómeno de la inmigración indocumentada. La existencia de mercados laborales transnacionales, así como la intensidad de los lazos comerciales y turísticos entre México y Florida, no pueden ser ignorados por medidas inspiradas en sentimientos de xenofobia y nacionalismo blanco.

Políticas de esta naturaleza también tienen un fuerte impacto en la relación bilateral entre México y Estados Unidos, pues evidencian la renuencia de ciertos actores para identificar soluciones conjuntas que inviten a la colaboración. Ambos países se han esforzado por construir conjuntamente caminos de tolerancia, seguridad y respeto, de los cuales la SB1718 los aleja, provocando sentimientos de intimidación y temor en la comunidad migrante.

El Gobierno de México, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, utilizará todos los recursos a su alcance para defender los derechos y dignidad de las personas mexicanas en Florida. Se estarán reforzando nuestras acciones de asistencia, protección consular y asesoría jurídica, y continuaremos velando por los intereses de toda nuestra comunidad, indistintamente de su condición migratoria.

Con el apoyo de organizaciones de la sociedad civil activas en la defensa de los derechos humanos, México identificará y registrará posibles casos de violaciones de los derechos de connacionales mexicanos. De igual manera, informará a la comunidad migrante y difundirá los efectos de la Ley SB1718 por medio de foros comunitarios. Principalmente, a través de la atención de 24 horas del Centro de Información y Atención a Personas Mexicanas (CIAM), el Gobierno de México proporcionará orientación personalizada a las personas afectadas (1-520 623 7874), así como por medio del Programa de Asistencia Jurídica a Personas Mexicanas a través de Asesorías Legales Externas en los Estados Unidos de América (PALE).

Se fortalecerá la capacitación del personal consular, enfatizando los alcances de la SB1718, la difusión de mensajes y recomendaciones mediante la estrategia “Conoce y Ejerce Tus Derechos” que promueve el conocimiento de los derechos básicos de nuestra comunidad, a fin de brindar acompañamiento del más alto nivel a las acciones legales emprendidas por las personas víctimas de actos de hostigamiento, violencia, abuso, discriminación de todo tipo y perfilamiento racial.

Estas acciones son la punta de lanza de la estrategia del Gobierno de México para exigir el respeto a los derechos humanos y seguir velando por los intereses y bienestar de todas las personas mexicanas que residen en el extranjero, independientemente de su condición migratoria.

Desde el primero de julio de este año las compañías de Florida con más de 25 empleados deberán comprobar el estatus migratorio de quienes deseen contratar con base en los datos del registro federal. De no cumplir con esta regulación recién aprobada, el empleador será sujeto a cuantiosas multas.

Según una estimación del laboratorio de ideas Migration Policy Institute, el estado cuenta con 22 millones de habitantes, entre los cuales al menos 772 mil son migrantes indocumentados. Muchos trabajan en sectores primarios que sostienen el flujo económico como la agricultura, la construcción y la hostelería.