Negaron amparo a García Luna para salir de lista de personas bloquedas por lavado de activos

Un tribunal ratificó la negación de un amparo a Genaro García Luna, ex secretario de Seguridad Pública en el sexenio de Felipe Calderón, contra su inclusión en la Lista de Personas Bloqueadas (LPB), realizada por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) en cumplimiento de una solicitud de la Administración de Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) de los Estados Unidos.

En un comunicado, la UIF señaló que el Décimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito negó el amparo a García Luna que había promovido en el 2020.

“García Luna promovió juicio de amparo ante el Juzgado Décimo de Distrito en Materia Administrativa de la Ciudad de México contra el acuerdo de la UIF 286/2019 que lo incluyó en la LPB a solicitud de la DEA por una investigación sobre lavado de activos”, refiere el comunicado de la UIF.

La UIF detalló que el 16 de mayo del 2022, el juez de distrito emitió una sentencia y señaló que “nuestro país ha asumido el compromiso internacional de adoptar medidas de acción rápida y eficiente ante solicitudes extranjeras para congelar bienes relativos al lavado de activos, al financiamiento al terrorismo y al financiamiento de proliferación de armas de destrucción masiva”.

“Con ello, se dio validez a la solicitud emitida por la DEA aportada por la UIF en el juicio de amparo”, apunta el comunicado y agrega que ante la resolución del juez, el ex funcionario de Seguridad Pública interpuso un amparo el mismo año.

En tanto, la UIF formuló agravios en adhesión sobre la determinación del juez en el sentido de que existió un respeto a las garantías procesales del quejoso.

“El 11 de mayo de 2023, el Décimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito confirmó la resolución del Juez de Distrito y negó el amparo a Genaro García Luna, al establecer en identidad de razonamiento que la resolución fue apegada a derecho y en la secuela procesal la UIF demostró que el origen de la inclusión a la LPB fue en cumplimiento a una obligación de carácter internacional en términos de los criterios establecidos por la Segunda Sala de la SCJN (Suprema Corte de Justicia de la Nación)”, señala el texto emitido la tarde del 23 de mayo.

La Lista de Personas Bloqueadas por la UIF es una medida cautelar por lo que las personas señaladas no podrán hacer algún movimiento a través de sus cuentas bancarias.

En su momento, la Unidad a cargo de Pablo Gómez Álvarez, había anunciado que las personas en la LPB, “las instituciones de crédito estarán obligadas a entregar información y documentación relacionada con los actos, operaciones y servicios a que se refieren las leyes financieras”.

García Luna fue declarado culpable en la Corte del Distrito Este de Brooklyn, Nueva York, EEUU en febrero de este año, por conspirar para transportar, importar y distribuir cocaína, así como por pertenecer a una empresa criminal y por dar declaraciones falsas ante autoridades estadounidenses, por lo que está en espera de recibir la sentencia que le indique si pasará 20 años como mínimo en prisión o recibirá cadena perpetua.

En tanto, la Fiscalía General de la República (FGR) informó el 22 de mayo que obtuvo de un juez de control federal liberara órdenes de aprehensión para 61 personas, encabezadas por Genaro García Luna, Jonathan Alexis “N”, Mauricio Samuel “N” y 58 individuos más, entre servidores públicos y particulares, vinculados con delitos de peculado, operaciones con recursos de procedencia ilícita y delincuencia organizada.

El Ministerio Público de la Federación aseguró que en sus investigaciones, estas personas se coludieron con el entonces titular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) Federal y sus socios Jonathan Alexis “N” y Mauricio Samuel “N”, para saquear los recursos públicos del órgano administrativo desconcentrado prevención y readaptación social (cárceles federales), dependientes de la SSP.

“A fin de canalizar esos recursos ilícitos a empresas controladas por Genaro García, sus socios y cómplices, tanto del sector público como del privado, a través de diez contratos ilícitos, por la suma de cinco mil 112 millones de pesos, que fueron sustraídos a través de diversas triangulaciones criminales a nivel internacional”, se lee en el comunicado.

Tras la liberación de las órdenes de aprehensión, la FGR solicitó “la ficha roja para todos aquellos que se han fugado del país y se procederá a las solicitudes de asistencia jurídica internacional para obtener la devolución de los bienes saqueados de la nación”.