La Justicia le dictó una prohibición de contacto al juez federal de La Rioja denunciado por acoso y violencia de género

La Justicia Federal dispuso una medida cautelar contra el juez del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de La Rioja, Jorge Gamal Abdel Chamía, quien en los últimos días protagonizó un escándalo al designar como jefa de despacho a la hija del magistrado que debía investigarlo por una denuncia de acoso sexual y violencia de género formulada por una empleada judicial.

El Juzgado Federal N° 1 de Córdoba, que recientemente recibió el expediente, le prohibió a Chamía mantener cualquier tipo de comunicación con la denunciante, María Emilia Galván. Asimismo, la orden firmada por el magistrado Carlos Arturo Ochoa le impidió intervenir o adoptar decisiones administrativas que afecten la situación personal o de trabajo de la mujer.

La decisión se tomó a partir de una presentación realizada por el representante de la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación (UEJN), Juan Pablo Tripputi. El gremio solicitó el apartamiento del camarista para resolver cuestiones de superintendencia que involucren a la presunta víctima luego de una entrevista que brindó el juez Chamía a un medio provincial.

Durante el reportaje, el magistrado riojano reveló la identidad de la denunciante y expuso detalles de su entorno familiar y de su vida privada, según resolvió el Juzgado Federal cordobés. Estas declaraciones configuraron una revictimización que vulneró la Ley de Protección Integral a las Mujeres y la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer.

Inicialmente, la denuncia radicada por María Emilia Galván, hija del exsenador radical Raúl Alfredo Galván, tramitó en el Juzgado Federal de La Rioja, a cargo de Daniel Herrera Piedrabuena, quien delegó la investigación en el fiscal Rafael Alberto Vehils Ruiz. La causa estuvo dos meses paralizada -hasta que el caso tomó estado público- y en el medio el Tribunal Oral Federal que integra Chamía designó a Daniela Belén Herrera Piedrabuena Iturbe en el cargo de jefa de Despacho.

La decisión contó con el aval del camarista Mario Eduardo Martínez y la disidencia del tercer integrante del TOF, José Quiroga Uriburu, quien rechazó la incorporación de una “persona ajena” a la planta activa del tribunal. La funcionaria aún permanece en el cargo.

Cuando la denuncia por violencia y acoso tomó impulso, el juez riojano Herrera Piedrabuena se excusó, y así el expediente terminó en jurisdicción cordobesa.

El origen del conflicto

La situación comenzó a visibilizarse en abril de este año, cuando Galván, quien se desempeña como oficial en el tribunal riojano, presentó denuncias en sede administrativa y penal. La empleada relató que el detonante para romper el silencio fue la notificación del Acuerdo N° 7/2026, mediante el cual el tribunal le aplicó una suspensión de 20 días sin goce de sueldo por inasistencias injustificadas.

La mujer sufrió en 2024 un accidente cerebrovascular (ACV) que le dejó secuelas físicas y psiquiátricas permanentes, requiriendo medicación diaria y controles constantes.

Según su presentación, el tribunal rechazó las licencias médicas presentadas -a fines de diciembre de 2025, el Departamento de Medicina Preventiva y Laboral de la Corte Suprema de Justicia emitió un dictamen de alta médica laboral- y le exigió reiteradamente el retorno presencial a sus tareas en La Rioja, lo que agravó su cuadro clínico.

En su acusación penal por violencia de género, la oficial describió diversos episodios de acoso que atribuyó a Chamía. Relató comentarios inapropiados sobre su cuerpo en eventos sociales, insinuaciones de índole sexual en el despacho del tribunal y descalificaciones constantes hacia su desempeño profesional. Ante el temor que le provocó la convivencia laboral con el magistrado, la agente se trasladó a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, desde donde realiza tareas bajo la modalidad de trabajo remoto.

El Tribunal Oral Federal de La Rioja tiene pendiente de resolución un recurso de reconsideración sobre la designación de la hija del juez Herrera Piedrabuena.

La flamante jefa de despacho emitió un comunicado el último fin de semana para defenderse de los señalamientos, y apuntó contra el gremialista Triputti. “Ser hija de un juez no es un mérito ni una falta: es un dato, y no reemplaza una trayectoria construida con trabajo propio”, se defendió Herrera Piedrabuena.

Sin mencionar el conflicto de intereses por la denuncia contra Chamía, destacó que su designación “está respaldada por el artículo 15 del Reglamento para la Justicia Nacional el que establece cómo se cubren estos cargos”. Este punto “manda valorar la aptitud y el título para la función, la idoneidad y la conducta demostradas en los cargos ocupados, debidamente registradas y calificadas, y por último, la antigüedad”, refirió.

Y completó: “Las mujeres dedicamos años de esfuerzo al estudio, al trabajo y a la capacitación para acceder también a puestos de mayor responsabilidad. Ese esfuerzo debe tener un reconocimiento real cuando se evalúa nuestra idoneidad. No pido un trato preferencial por ser mujer: pido que mis antecedentes tengan el peso que merecen y que mi identidad profesional no quede reducida a ser ‘la hija de’”.