Desde noviembre de 2021 hasta agosto pasado, una organización delictiva funcionó a pleno con la oferta de licencias de conducir a cambio de dinero y el servicio de borrado de multas de tránsito. Su zona de influencia eran los municipios de San Martín y Ezeiza y la localidad correntina de Ituzaingó. Si un “cliente” era de otra región, el primer paso era simular la pérdida del DNI y gestionar otro con nuevo domicilio en esas jurisdicciones. Los clientes se captaban en gran parte por Facebook y TikTok.
La Cámara Federal porteña confirmó los procesamientos de dos acusados ante la prueba reunida por el juzgado federal de María Servini, donde se lleva el caso: intervenciones telefónicas, publicaciones en redes sociales, transferencias de dinero, tareas de campo y documentación secuestrada. La decisión fue de los camaristas Eduardo Farah y Pablo Bertuzzi.
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Licencia “a distancia”
Se investigan los delitos de asociación ilícita, cohecho activo y falsedad ideológica con el ofrecimiento de licencias “a distancia” o sin cumplir todos los requisitos por montos que iban desde $220.000 a $270.000. El costo podía subir ante impedimentos médicos, judiciales o para categorías profesionales. Los valores podían llegar a $450.000 en determinadas gestiones más complejas. Según la resolución de la Cámara, parte del dinero se habría destinado a personas dentro de los organismos públicos, algo aún bajo investigación.
“No pasa la vista, no ve un sorete”, le decía uno de los integrantes del grupo a otro el 31 de marzo pasado sobre un cliente: explicaba por qué no había aprobado el examen visual y agregó que resolver ese inconveniente iba a costar “cien lucas” más.
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Hubo un caso donde no hubo pago posible. El cliente “no sabe leer ni escribir”, se quejaban el 15 de abril. “No sabe las letras. Ni el nombre sabe”. Se le pidió que practicara escribir su nombre, DNI y firma antes de volver. “Bueno pero lo primero que hay que preguntar es: che ¿sabes leer y escribir?”, se enojó uno de los miembros del grupo.
En otra ocasión se explicaba que podía obtenerse un “registro profesional sin hacer nada, solo vista” con un pago adicional “de adentro” y necesidad de “acomodar a los médicos”.
La operatoria también incluía la supuesta eliminación de infracciones. Los interesados enviaban patente, DNI y datos del vehículo; luego se les informaba un porcentaje del valor de la deuda y un plazo para que el sistema figurara sin multas.
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El 14 de abril pasado, un interlocutor consultó si podía eliminar multas. Se le respondió: “Multa, sí claro, borrarlo sí”. Luego se habló de cobrar cerca del 55% del valor de las infracciones y de un plazo de hasta siete días para que el vehículo apareciera “limpio” en el sistema: “Después te doy el libre deuda que está limpia, borrada”.
La prueba
La Cámara valoró conversaciones telefónicas en las que uno de los acusados habló de montos “adentro”, de coordinar turnos, de resolver obstáculos para obtener registros y de contactos dentro de organismos municipales. El fallo señala que su rol no era el de un simple gestor de trámites legales. El Tribunal de Apelaciones advirtió que no se trató de hechos aislados por la cantidad de casos, la continuidad temporal, la división de roles y la presunta intención de expandir la operatoria.
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Una pericia determinó que las licencias eran auténticas como documentos y estaban registradas en el sistema oficial. Sin embargo, la sospecha es que contenían datos ideológicamente falsos o que fueron emitidas tras omitir controles obligatorios.
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