Ariel Vallejo compró en efectivo una casa en el exclusivo Saint Thomas Este Country Club, en Canning, por US$500.000 en efectivo, y la declaró ante el fisco por $50 millones. Además, una de las firmas vinculada al financista, cercano a Claudio “Chiqui” Tapia, adquirió seis inmuebles en Adrogué y un lote en Fincas de San Vicente por un total de un millón de dólares.
Cluster Palace Beach no tenía cuentas bancarias ni operación comercial relevante al momento de concretar estas compras que, también según la acusación, se pagaron en efectivo. Estas son algunas de las nuevas imputaciones que se sumaron a la investigación contra Sur Finanzas y Vallejo, quien desde su financiera sponsoreó y otorgó préstamos a clubes de fútbol en virtud del vínculo que forjó con el presidente de la AFA.
PUBLICIDAD
Desde el viernes Vallejo está detenido por orden del juez federal de Lomas de Zamora Tomás Rodríguez Ponte por incumplir, a criterio del magistrado, las condiciones que se le impusieron para seguir libre, mientras avanza la investigación en la causa penal por la que ya fue indagado.
El juez dispuso ampliar las declaraciones indagatorias para informar a cada acusado los nuevos cargos, las pruebas concretas que hay contra cada uno y darles oportunidad de defenderse. Desde el lunes pasarán por el juzgado de ese partido bonaerense la madre del financista, Graciela Vallejo, otras 13 personas acusadas y también los representantes legales de las sociedades imputadas. La ronda de declaraciones terminará el 2 de diciembre.
PUBLICIDAD
En la causa hay un nuevo imputado citado a declarar. Se trata de un empleado de Vallejo, Jonathan Ledesma, quien según surgió en la pesquisa habría prestado su cuenta en la billetera de Sur Finanzas PSP. Por allí habrían circulado $7.285 millones, pese a que figuraba como monotributista de la categoría más baja y beneficiario de AUH.
Asociación ilícita y lavado de activos
La Justicia sospecha que Vallejo encabezó una estructura integrada por sociedades como Sur Finanzas Group, Sur Finanzas PSP, Centro de Inversiones Concordia, Ars Cambios, Cluster Palace Beach, Roma Inversiones, Neocam, Gestiones San Miguel y Sur Pagos. La hipótesis es que esa estructura habría servido para mover, convertir y reingresar al mercado fondos de presunto origen ilícito, usando cuentas propias, de empleados, familiares, allegados y terceros.
PUBLICIDAD
Al enumerar los nuevos hechos que surgieron desde que se tomó declaración indagatoria, entre mayo y junio pasado, el juzgado destacó préstamos hipotecarios entregados en efectivo por US$100.000, US$65.000 y $13,86 millones, la compra por Cluster Palace Beach —una firma que, según el expediente, no tenía cuentas bancarias ni ventas relevantes— de seis departamentos en Adrogué por US$600.000 y un lote en Fincas de San Vicente por US$400.000. Todo en efectivo.
También se investiga la presunta compra venta de dólares por fuera de las reglas del mercado cambiario de Centro de Inversiones Concordia —y luego Ars Cambios—, incluso a nombre de clientes que no habrían intervenido realmente. Solo en las cuentas de Concordia, se mencionan acreditaciones por al menos $4.040 millones en 2022 y $15.957 millones en 2023.
PUBLICIDAD
Como parte de las maniobras a través de la billetera Sur Finanzas PSP, se acusa a la firma de haber recibido, transferido, dispersado y retirado fondos presuntamente ilícitos desde octubre de 2023 para lo cual se habrían usado cuentas virtuales de usuarios sin capacidad económica acorde, empleados y sociedades del grupo, además de depósitos de efectivo y transferencias fraccionadas. Hay acreditaciones de $1,73 billones en una cuenta del Banco Industrial entre enero de 2024 y octubre de 2025.
También se le atribuye la supuesta evasión de IVA y Ganancias por montos que superan los $12.200 millones, la falta de percepción del impuesto a los créditos y débitos, por un total informado por ARCA de $10.326 millones. A Cluster Palace Beach se le adjudica una presunta evasión de Ganancias de unos $321,3 millones en 2024 y 2025 y a Sur Finanzas Group, por $200,9 millones en 2022.
PUBLICIDAD
Se investiga una transferencia de casi $14.898 millones desde un banco a la sociedad vinculada Pagos Dica, entre el 3 de noviembre y el 1° de diciembre de 2024, y la venta de la Ferrari California negra descapotable de Vallejo a una jubilada sin inscripción tributaria ni ingresos compatibles, dos días después de que ARCA notificara una fiscalización a Cluster Palace Beach. Según la resolución, la sociedad compró un Mercedes-AMG GLE 53, dominio AG-059-CD, por $79 millones el 10 de enero de 2024. El vehículo fue vendido el 18 de octubre de ese mismo año por $180 millones.
En cuanto a la Ferrari, la misma sociedad la compró con el respaldo de una carta oferta de la madre de Vallejo, Graciela Beatriz, por $260 millones y una certificación contable de origen de fondos fechada el 20 de mayo de 2025. Para el juzgado, esa operación integraría el conjunto de hechos investigados por la compra de inmuebles y rodados con dinero en efectivo a través de una sociedad que, de acuerdo con la resolución, no contaba con cuentas bancarias ni registraba ventas significativas.
PUBLICIDAD
La nueva prueba
Para formalizar las nuevas imputaciones el juzgado se basó en prueba incorporada a raíz de informes de inspección y fiscalización de ARCA, respuestas e informes del Banco Central y de otras entidades financieras, registros bancarios, información de billeteras virtuales, escrituras de compraventa y préstamos hipotecarios sobre propiedades de Canning, Adrogué y San Vicente.
También hay registros societarios que relacionan a Vallejo, su madre y otros imputados con la administración o representación de las firmas involucradas. Se incorporó además información llegada de los bancos sobre depósitos en efectivo realizados por empleados y portavalores del grupo.
Los roles de cada acusado
La acusación sostiene que “dentro de la organización, Maximiliano Ariel Vallejo, presidente de Sur Finanzas Group S.A. y de Sur Finanzas PSP S.A., dirigía la estructura y decidía el destino de los fondos”. Su madre Graciela Beatriz Vallejo, era “socia gerente del Centro de Inversiones Concordia S.R.L. y accionista o administradora de la mayoría de las sociedades mencionadas, operaba las cuentas y las compras de divisas de la agencia y fue designada oficial de cumplimiento de la billetera virtual”.
PUBLICIDAD
En la resolución donde se los citó a indagatoria se describió el rol de cada acusado: Silvia Torrado, era socia del Centro de Inversiones Concordia S.R.L. y presidenta de Gestiones San Miguel S.A., sociedad que recibió fondos de la agencia. María Fernanda Sena Argis era accionista de Sur Finanzas Group S.A., vicepresidenta de Sur Finanzas PSP S.A. y presidenta de Sur Pagos S.A. Bárbara Denise Sena Argis presidía Cluster Palace Beach S.A., a cuyo nombre se adquirieron inmuebles y rodados, y fue directora suplente de Sur Finanzas PSP S.A.
Por su parte Maite Sofía Lorenzo figuraba como administradora de Neocam S.A.S. en lugar de su administrador real. Gerardo Salvador Carrozza, contador del grupo, firmaba certificaciones de origen de fondos y actuaba como vicepresidente y apoderado de Sur Finanzas PSP S.A. y como apoderado de Cluster Palace Beach S.A. Daniela Eliana Sánchez, secretaria personal de Vallejo, controlaba el efectivo de las sucursales. Micaela Alejandra Sánchez guardaba llaves de cajas fuertes y de seguridad y equipos informáticos del grupo.
PUBLICIDAD
Juan Ramón Cervín y Sergio Gabriel Da Silveira, choferes y portavalores, depositaban el efectivo en las cuentas bancarias de las sociedades, y Rolando Esteban Soloaga coordinaba el traslado de valores y la seguridad. Susana Beatriz Hoffmann asesoraba al grupo en la normativa del Banco Central y de la Unidad de Información Financiera, y Nahiara Gamarra era secretaria personal de Vallejo. Todos fueron citados a ampliar sus indagatorias desde este lunes para conocer los nuevos hechos, antes de resolver su situación procesal.
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
Últimas Noticias
La municipalidad debía podar un árbol y no lo hizo: una rama cayó sobre un auto y deberá indemnizar al dueño
En 2022, una rama se desprendió a plena luz del día, sin viento ni lluvia, y aplastó el techo y los laterales de un Ford Focus estacionado en zona norte. La Cámara de Apelaciones comprobó que el municipio había autorizado la poda del ejemplar dos meses antes, pero nunca la ejecutó, y confirmó su responsabilidad por los daños, aunque redujo el monto de la indemnización
Iba a comprar una casa en un barrio cerrado, la operación se frustró y nunca le devolvieron la seña: ratifican indemnización
Un interesado entregó una reserva de USD 5.000 para comprar una propiedad, pero la operación se frustró después de que el dueño vendiera el inmueble a un tercero. Aunque el dinero había sido transferido al propietario, la Cámara de Apelaciones confirmó la condena contra la corredora inmobiliaria por no haber retenido los fondos ni acreditado que hubiera notificado fehacientemente al vendedor la aceptación de la reserva dentro del plazo previsto
Sin instrucciones, sin protección y sin asistencia: 14 años después, confirman indemnización por la caída de una niña en una pista de hielo
Una menor ingresó con amigas a patinar en la pista de un shopping sin recibir instrucciones previas, elementos de protección adicionales ni ningún tipo de supervisión, según declaró una testigo. Como consecuencia de la caída, sufrió una fractura de tobillo. Catorce años después del accidente, la Cámara de Apelaciones confirmó una indemnización de $21,5 millones
Escándalo en los tribunales de La Rioja: un juez denunciado por acoso designó a la hija del magistrado que lo investiga
Meses atrás, una empleada judicial acusó por violencia de género al magistrado Jorge Chamía, quien ahora promovió en un cargo jerárquico a la hija del juez que tiene a cargo la causa en su contra. Presentaron un recurso para revertir el ascenso. El caso podría llegar a la Corte Suprema y al Consejo de la Magistratura
Itatí Demarchi Arballo, consejera electa de la Magistratura: “Es fundamental hablar de un mecanismo de selección de jueces sin trampas”
La presidenta del Colegio de Abogados de Villa María, Córdoba, obtuvo una de las cuatro bancas de la abogacía. En diálogo con Infobae, propuso reducir el peso de las entrevistas en los concursos judiciales, federalizar la selección de magistrados y avanzar con un Código de Ética Judicial
