El ex titular de ARSAT, que debía llevar Internet a todo el país, terminó procesado: tenía USD 2,6 millones en sus casas

El extitular de ARSAT Facundo Leal guardaba dólares en efectivo por un total de 2,6 millones en dos domicilios, uno en Palermo y otro en Mendoza, allanados por la Justicia en la investigación por presunta corrupción en la empresa estatal de telecomunicaciones, según se confirmó en el procesamiento que se le dictó esta semana. El exfuncionario estaba a cargo del proyecto para extender la banda ancha de Internet a todo el territorio nacional.

Según detalló el juez federal Lino Mirabelli en una extensa resolución de 182 carillas, en el departamento del piso 16 en Ortiz de Ocampo al 2600 en la ciudad de Buenos Aires -donde vive Leal y tiene ahora arresto domiciliario en otra causa por droga- se secuestraron U$S 813.754. También había estupefacientes, cinco celulares, dos notebooks, documentación vinculada a la licitación que se investiga en esta causa y efectivo en pesos argentinos, uruguayos, colombianos, reales brasileros, chelines tanzanos, mexicanos y euros.

En otra vivienda allanada por orden de Mirabelli a pedido del fiscal federal de San Isidro Fernando Domínguez, esta vez en Mendoza y también perteneciente a Leal se encontraron U$S 1.787.600 en efectivo. En total el entonces funcionario guardaba USD 2.601.354 cash.

El origen de ese dinero es eje de otra investigación paralela que se le abrió en el juzgado de San Isidro por presunto enriquecimiento ilícito. Por lo pronto, quedó ahora procesado por el supuesto cobro de sobornos para el direccionamiento de la licitación a favor de una empresa predeterminada, a la que se dio la custodia de bienes estratégicos de ARSAT en un galpón en San Fernando. Terminó en robo y deterioro.

El proyecto Shelter 2: banda ancha para todos

Todo ocurrió en el marco del Plan Nacional de Telecomunicaciones ‘Argentina Conectada’, en el cual ARSAT tenía a su cargo el aprovechamiento de los recursos necesarios para el desarrollo, la implementación y la operación de la Red Federal de Fibra Óptica. Fue ese el contexto, reconstruyeron el juzgado y la fiscalía, en el que se desarrolló el Proyecto Shelter -2, que preveía la distribución e instalación de 250 shelters en distintas regiones del país a fin de garantizar la conexión a la Red que extiende la banda ancha de internet en todo el territorio nacional.

El juez remarcó que consideró necesario explicar esto en el dictado del procesamiento de Leal y otros acusados porque es la manera de entender lo que pasó: la contratación de la empresa ALS para guardar parte de los shelters. A su vez, esta firma alquiló poco antes el predio donde llevó adelante esa tarea.

Desde diciembre de 2020 al mismo mes de 2024, durante los gobiernos de Alberto Fernández y Javier Milei, el funcionario mendocino y otros tres procesados exintegrantes de ARSAT, entre ellos su entonces segundo Gerardo Boschin -también de esa provincia- “se interesaron, en razón de su cargo” en las contrataciones que ARSAT realizó “sobre los servicios que prestaría a ALS, incluyendo aquellos asignados al depósito de la localidad de San Fernando”.

En un “marco marginal” se extendieron 16 órdenes de compra autorizadas en todos los casos por Boschin y respecto de las cuales ARSAT abonó un total de U$S 1.695.667,44 y $32.210.287,09. “Ello a fin de obtener un ilegítimo beneficio patrimonial propio, de la persona jurídica mencionada, sus directivos y socios de hecho”, remarcó la resolución judicial.

Con estas supuestas contrataciones direccionadas a favor de Argentina Logistic Services SA los exfuncionarios acusados que tenían bajo su responsabilidad los bienes públicos de ARSAT “quebraron dolosamente su deber de fidelidad y custodia, disponiendo en forma abusiva de fondos públicos mediante la adjudicación, aprobación y sostenimiento de un procedimiento contractual amañado desde su origen”.

Instalaciones “baratas”

La firma estatal pagó un total de U$S 1.695.667,44 y $32.210.287,09 a ese proveedor seleccionado “por fuera de los canales oficiales habilitados” y que, al menos, en lo atinente al espacio de guardado en el depósito de San Fernando no cumplió con las condiciones mínimas de seguridad para preservar bienes estratégicos del Estado, circunstancia que derivó en su deterioro y en el robo que dio origen a la causa penal.

Empleados de ARSAT declararon que las sustracciones de material de cobre valuado en miles de dólares se produjeron en “shelters” distribuidos en distintos espacios abiertos del predio donde existían aproximadamente cuatro cámaras. Ninguna funcionaba para grabar entre el 21 de diciembre de 2023 y el 4 de enero de 2024, cuando ocurrieron los robos.

El proveedor informó que debido a fallas en el equipo no se había logrado almacenar las grabaciones para el período de tiempo que resultaba de interés. Un testigo de esa firma declaró que a ALS se le vendieron e instalaron 25 cámaras (tres afuera y el resto dentro del depósito) y un receptor de todas las imágenes que grababa las mismas. Aclaró que no quiso contratar el servicio de mantenimiento que incluía el seguimiento de las cámaras.

“A mi me consta que nadie les daba seguimiento a las cámaras”, declaró y dijo que no se instalaron en ninguna PC o monitor. “Fue una instalación barata”.

“Total desinterés”

El predio tenía un cerco perimetral electrificado, ubicado por arriba de los paredones, pero se encontraba “en desuso y cortado por tramos”. En cuanto a la seguridad, una cooperativa informó que se les contrató un guardia por turno para el acceso principal. Estos vigiladores declararon que las puertas de los “shelters” se abrían a veces por el viento.

Un técnico de ARSAT declaró que el galpón de ALS no era un lugar “adecuado”. Los equipos “fueron trasladados a San Fernando porque se suponía que iban a estar mejor...Esto no es así”. Los shelters no se colocaron contra el piso sino sobre tacos de madera y no se podía cerrar las puertas con llave por el desnivel que había. A veces quedaban con las puertas trabadas. Tampoco estaban energizados y eso impedía que ARSAT los monitoreara.

“Ha quedado en evidencia que esa selección de ALS por parte de los funcionarios de ARSAT se hizo con total desinterés acerca de si el proveedor podría suministrar adecuadamente los servicios contratados” y se basó en “negociaciones marginales” entre funcionarios públicos y particulares “mediante el pago de ‘coimas’”, concluyó el procesamiento que ahora será revisado por la Cámara Federal de San Martín.