AFA y la mansión de Pilar: la fiscalía recurrió a la Corte Suprema para que la causa vuelva a ser investigada en CABA

En un último intento para que la investigación por la casaquinta de Pilar vinculada a dirigentes de la AFA y valuada en USD 17 millones salga del juzgado federal de Campana y vuelva a la ciudad de Buenos Aires, el fiscal ante la Cámara Federal de Casación Mario Villar presentó una queja directa ante la Corte Suprema.

Lo hizo ante el rechazo de un recurso extraordinario que había presentado contra la decisión de la Cámara Federal de Casación, que devolvió el caso al juez federal de Campana Adrián González Charvay, porque se investiga un presunto lavado de dinero a través de testaferros, delito de ese fuero.

Hasta ese momento, el expediente estuvo en la justicia en lo penal económico de CABA, en medio de un largo derrotero de idas y vueltas entre juzgados que está por cumplir un año. Villar reclamó a la Corte que intervenga en el asunto, revoque la resolución de la sala IV de Casación que envió a Campana el expediente que investiga a los supuestos testaferros Luciano Pantano y su madre Ana Conte, y ordene que se dicte una nueva decisión.

El fiscal sostiene que la investigación tiene que llevarse adelante en un juzgado de la ciudad de Buenos Aires, porque se trata de un entramado de presuntos delitos que comenzaron en esta jurisdicción y terminaron con la compra de la casaquinta de Pilar y la flota de 54 autos y motos de alta gama que se encontró en su interior, esta última valuada en otros USD 4 millones. Cuando recibió el expediente, el juez de Campana ordenó una nueva tasación de la casa y todos sus bienes.

Arbitrariedad y forum shopping

Al reclamar que la investigación salga de Campana, el fiscal Villar advirtió que las “causas en trámite contra los dirigentes de la AFA y personas allegadas no se limitan a las presentes actuaciones, sino que comprenden un entramado de causas, que en su mayoría están bajo pedidos de inhibitoria por el Juez Federal de Campana”.

También recordó que González Charvay sobreseyó “a una serie de personas y empresas vinculadas con Pablo Toviggino (tesorero de la AFA), en una causa proveniente de la jurisdicción de Santiago del Estero”.

“¿Cómo no crearía suspicacias en la opinión pública que a un juez incompetente se le asigne un caso tan trascendente?”, se preguntó porque “el apartamiento del juez de la causa no es una mera discrepancia interpretativa, sino que se demuestra una manifiesta arbitrariedad que puede producir la acumulación de causas de gravedad e interés público en un juez incompetente, pudiendo producir, de hecho, una especie de forum shopping”, analizó en el dictamen al que accedió Infobae.

La Corte no suele intervenir en conflictos de competencia entre juzgados pero, según planteó el fiscal, en este caso hay interés institucional suficiente para que lo haga. “Se ha denunciado nada menos que a la Asociación del Fútbol Argentino, ente de indudable e indiscutible interés de la comunidad toda, ya que trasciende el marco natural de la causa y los intereses de las partes aquí comprometidas”.

Investigación en EEUU

Además, el fiscal remarcó que a su criterio se “refuerza el interés institucional” porque hay abierta una investigación judicial en Estados Unidos por supuesto lavado de activos y fraude bancario sobre los mismos investigados en Argentina, entre ellos el presidente de la AFA Claudio “Chiqui” Tapia y el tesorero Toviggino. Cuando se allanó la casaquinta se encontraron pertenencias de este último.

Villar reiteró que debe intervenir la justicia federal de CABA por “materia y territorio”. “Conformarse con la afirmación de que el delito de lavado de dinero es de competencia de la justicia federal, como si esta frase tuviera algún contenido mágico que implicara que no debe observarse la competencia territorial, es insostenible”, agregó.

La investigación se abrió por denuncia de Elisa Carrió, Facundo Del Gaiso y Matías Yofre contra Pantano y Conte, a quienes se les atribuyó haber adquirido, a través de la firma Real Central S.R.L., un inmueble ubicado en la calle Misiones 4097 de la localidad de Villa Rosa, partido de Pilar, provincia de Buenos Aires, sin que existiera —según los denunciantes— capacidad económica suficiente para justificar dicha operación. Sobre esa base, se postuló la posible comisión del lavado de activos.

En un principio quedó a cargo del juez federal porteño Daniel Rafecas pero luego por una declaración de incompetencia pasó al fuero Penal Económico y de allí comenzó un derrotero que terminó ahora con la causa en Campana a pedido de la defensa de los acusados.