Juicio de los Cuadernos: a once meses del inicio, se achica la lista de testigos y los arrepentidos siguen en silencio

A once meses del inicio del juicio a la ex presidenta Cristina Kirchner y otros 85 acusados entre exfuncionarios, empresarios, financistas y choferes por la causa Cuadernos, el listado de testigos se redujo en casi un centenar, los arrepentidos siguen sin hablar ante el Tribunal y aún se espera por testimonios clave y reclamos de careos.

Más de 100 testigos del listado inicial fueron desistidos y no serán convocados: la querella de la Unidad de Información Financiera (UIF) resolvió la semana última no escuchar a 71 personas, con lo cual se aceleró la marcha de las testimoniales en el debate que lleva adelante el Tribunal Oral Federal 7 dos veces por semana, martes y jueves, de manera semipresencial.

La tendencia al desistimiento se consolidó en la última audiencia del jueves 8 de octubre, cuando la UIF —una de las querellas del juicio— comunicó que prescindía de 71 testigos de su lista. Esa decisión se sumó a las que habían tomado previamente la fiscalía a cargo de Fabiana León y varias defensas y todos coinciden en que se avanza más rápido de lo pensado.

Arrepentidos en silencio

Desde el 6 de noviembre del año pasado y luego de la etapa de declaraciones indagatorias donde guardaron silencio, ninguno de los imputados colaboradores —los llamados “arrepentidos”— amplió aún su declaración ante los jueces Enrique Méndez Signori, Fernando Canero, Germán Castelli y el cuarto magistrado suplente Néstor Costabel.

El capítulo más sensible del proceso sigue abierto: los imputados colaboradores que acordaron con la fiscalía durante la instrucción por ahora no declararon en el juicio oral. En algunos casos, sus aportes de la etapa de investigación fueron incorporados como prueba. El exfuncionario Claudio Uberti, extitular del Órgano de Control de Concesiones Viales (OCCOVI), quien en su indagatoria en marzo solo dijo vivir “en un estado de terror permanente” desde que quedó detenido en la cárcel de Ezeiza, condenado por el caso de la valija de Guido Antonini Wilson. En ese momento dio a entender que su declaración en Cuadernos dependía de la resolución de su situación carcelaria.

En julio, la Cámara Federal de Casación Penal le concedió la prisión domiciliaria —con tobillera electrónica— tras ponderar su deterioro de salud y el cuadro de angustia e hipervigilancia que le generó su condición de arrepentido. Su abogado Guillermo Armani sostuvo en el juicio que Uberti “sigue siendo arrepentido y sigue siendo colaborador” y que “oportunamente dirá lo que tenga que decir”. Sin embargo, pese a que ya cuenta con la domiciliaria que reclamaba como condición, a once meses del inicio aún no habló.

Otros acusados de peso también se negaron a declarar en sus indagatorias. Entre ellos, el financista Ernesto Clarens —quien durante la instrucción aportó el listado de presuntos pagadores de sobornos— y empresarios como Angelo Calcaterra, Aldo Roggio, Miguel Aznar y el propio Oscar Centeno, el remisero cuyas anotaciones dieron origen a la causa. El exsecretario de Transporte Ricardo Jaime, en cambio, sí hizo uso de la palabra en abril para desmentir a los arrepentidos que lo involucraron, a quienes acusó de haber declarado bajo “una figura extorsiva”.

Sí se vieron en la sala de audiencias los cuadernos originales escritos por el remisero Oscar Centeno y que permanecen a resguardo en una caja fuerte del Tribunal en su sede en el Palacio de Justicia, Talcahuano 550. De hecho, es inminente la mudanza del TOF7 a Comodoro Py, en Retiro: ya se acondicionaron oficinas en la plata baja y eso aceleraría también los tiempos del debate, esperan sus protagonistas.

El acusado que con más frecuencia se sienta en la sala de audiencias del subsuelo de Comodoro Py 2002, que suele permanecer semi desierta, es el exsubsecretario del Ministerio de Planificación Federal Roberto Baratta. A diferencia del resto de los imputados, amplió su indagatoria en dos oportunidades —en junio y en septiembre— para salirle al cruce a testigos que lo incriminaron.

En la segunda ampliación, el 10 de septiembre, apuntó directamente contra los exdirectivos de Techint Luis Betnaza y Héctor Zabaleta, quienes habían declarado haberle entregado paquetes con pesos equivalentes a cerca de USD 1.000.000 en concepto de sobornos, pagados para gestionar ayuda oficial durante la expropiación de la firma siderúrgica Sidor en Venezuela. “Jamás recibí fondos ilegales”, sostuvo Baratta, quien además calificó la causa de “clara y evidente operación de inteligencia”. Sus defensores Elizabeth Gómez Alcorta y Marcos Aldazábal, mantienen asistencia presencial perfecta en cada audiencia.

Cristina Kirchner

La primera declaración presencial del debate fue la de la ex presidenta Cristina Kirchner el 17 de marzo. Se presentó ante el TOF 7 en Comodoro Py y realizó un extenso monólogo en el que negó las acusaciones, cuestionó al fiscal Carlos Stornelli y al fallecido juez Claudio Bonadio, y rechazó responder preguntas. “Me parece sinceramente un gran disparate esta causa”, dijo al cierre. También afirmó que hubo “prácticas mafiosas” para obtener testimonios contra ella y que “metían presa gente para que dijeran que yo era la responsable de todo”.

Desde entonces no volvió a tribunales, se conectó a las audiencias donde estuvo obligada a hacerlo por vía remota desde San José 1111, donde está detenida con arresto domiciliario condenada a seis años de prisión en la causa Vialidad.

Dos de los momentos más intensos del debate ocurrieron en las últimas semanas cuando se exhibieron imágenes de los allanamientos ordenados en 2018 a su departamento de Juncal y Uruguay y a sus casas en Santa Cruz, una en Río Gallegos y otra en El Calafate. Por primera vez se vieron esas imágenes y los policías que participaron confirmaron como testigos la existencia de puertas blindadas en diferentes accesos a vestidores y habitaciones.

A la espera de careos

Las contradicciones testimoniales dieron lugar a dos pedidos de careo que el TOF 7 tiene pendientes de resolución. La defensora de Baratta, Elizabeth Gómez Alcorta, solicitó que su cliente sea confrontado cara a cara con Betnaza y Zabaleta. La fiscal León, por su parte, pidió un careo entre el comisario Juan Carlos Barrales —quien dirigió el allanamiento al departamento de Fernández de Kirchner en Juncal y Uruguay el 23 de agosto de 2018— y el encargado del edificio, Julio Silva. “Solo uno puede estar diciendo la verdad”, sostuvo. Es que el portero declaró en mayo que la tarde del allanamiento a la casa de CFK escuchó al policía hablar con el entonces juez del caso, Claudio Bonadio, y recibir órdenes de quedarse en el lugar hasta “encontrar algo”. El efectivo dijo que no habló de manera directa con el juez ese día.

“Estuve en ese allanamiento 11 horas y media. Y hubo un momento, a las 18.30, no me puedo olvidar, cuando llamó el juez al comisario inspector a cargo. A los gritos, que se sentían, le dijo que no había nada en el edificio y el juez le dijo: ‘Se van a quedar hasta mañana, hasta que encuentren algo’”, declaró el encargado como testigo en el juicio oral.

La fiscalía busca confrontar al policía y al encargado histórico del edificio de Uruguay y Juncal, quien además se desdijo ante el Tribunal y negó haber visto lo que declaró durante la instrucción en 2018: movimientos de bolsos vinculados al matrimonio presidencial. Sostuvo que se sintió presionado en el juzgado, donde le hablaron de sus hijas y firmó su declaración “sin leer”.

El giro de Silva fue uno de los episodios más comentados del debate. Según la acusación, en ese departamento se habrían concretado 87 entregas por cerca de USD 70.000.000. Otro momento de impacto fue en abril, cuando el empresario Daniel Pitón, integrante de la firma José Eleuterio Pitón S.A., reconoció ante el tribunal que mintió durante la instrucción. “Lo que dije fue para no quedarme ahí preso”, afirmó. Pitón explicó que inicialmente presentaron un escrito “sin mentir”, pero que su defensa les advirtió que no era suficiente para evitar la detención.

Los testigos

Entre los testigos pendientes más aguardados figuran Paolo Rocca, CEO de Techint, y Miriam Quiroga, exsecretaria de Néstor Kirchner. Rocca presentó certificados médicos que impidieron hasta ahora su comparecencia; la defensa de Baratta insiste en su citación presencial para confrontar las versiones de Betnaza y Zabaleta.

En el caso de Quiroga, quien denunció públicamente en 2013 la supuesta circulación de bolsos con dinero, los informes médicos son contradictorios: un peritaje concluyó que puede declarar de manera remota, pero el Cuerpo Médico Forense desaconsejó su exposición. Los jueces deben resolver ambas situaciones.

En la última audiencia del jueves, el debate ingresó en el tramo de los entrecruzamientos de llamadas, con agentes de inteligencia de la Policía Federal Argentina (PFA) que declararon a puertas cerradas y sin transmisión pública por disposición del tribunal.

Además de la expresidenta Cristina Kirchner, se juzga al exministro de Planificación Federal Julio De Vido, a su ex mano derecha Baratta, al exsecretario de Obra Pública José López, a los arrepentidos Uberti, Clarens y Centeno, y a los empresarios sospechados de haber pagado sobornos.