El ex funcionario kirchnerista Roberto Baratta apeló su procesamiento por supuesto enriquecimiento ilícito, pidió que se dicte la falta de mérito y cuestionó la pericia contable que sustentó un supuesto incremento patrimonial injustificado.
El recurso fue presentado por su abogado Rodolfo Iglesias, quien solicitó a la Cámara Federal porteña que revoque el procesamiento resuelto por el juez Julián Ercolini, ordene medidas de prueba pendientes y disponga una nueva pericia. Además, planteó la nulidad de la resolución por una presunta fundamentación aparente.
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El ex subsecretario de Coordinación y Control de Gestión del Ministerio de Planificación Federal y ex segundo de Julio De Vido en esa cartera quedó procesado sin prisión preventiva y se ratificó la inhibición general sobre sus bienes.
La apelación sostiene que el cálculo oficial se apoyó en premisas definidas por el juzgado y no en una reconstrucción independiente de la documentación. Según el escrito, la perito tomó como ciertos determinados valores, operaciones y personas que debían ser incluidos en el análisis.
La casa del country Mapuche
El principal planteo se concentró en el inmueble de Mapuche Country Club, cuya compra y construcción fueron atribuidas económicamente a Roberto Baratta. La defensa afirmó que ese rubro representa una suma cercana a la totalidad de los fondos que no podría justificar con sus sueldos de funcionario público, según el procesamiento.
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Para la defensa, la pericia no estableció de manera autónoma el costo histórico de la construcción ni el origen de los fondos. También señala que la escritura del lote está a nombre de Marta Rosa Girola y Palmino Baratta, padres del ex funcionario, y reclama que se reconstruyan sus ingresos, depósitos bancarios, fondos laborales y haberes previsionales.
“La pericia no fue orientada a decidir entre hipótesis contrapuestas, sino a calcular una hipótesis seleccionada de antemano”, sostuvo el recurso.
Baratta ya había sido llamado a declaración indagatoria en 2021, pero ese trámite se suspendió a la espera de esta pericia contable que ahora cuestiona la defensa, que reclama hacer una nueva. En la causa hay un planteo de prescripción por el paso del tiempo pendiente de resolución.
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La presentación también cuestiona la atribución de operaciones vinculadas a otros inmuebles y compraventa de vehículos. El abogado de Baratta sostuvo que se rechazaron de forma conjunta medidas de prueba de distinta naturaleza, entre ellas pedidos de información bancaria, laboral, previsional, fiscal, notarial y sucesoria. A su criterio, esas diligencias podían determinar el origen de fondos, la existencia de pasivos, la procedencia de ingresos y la trazabilidad de pagos vinculados con los bienes analizados.
La acusación
El juez Ercolini procesó a Baratta con un embargo de $1.500 millones. Lo dispuso por considerar probado, en esta etapa de la investigación, un incremento patrimonial “apreciable”, que no se correspondió con ingresos legítimos comprobables.
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El núcleo central de la acusación es la casa en el Mapuche Country Club, en Pilar, ubicada en un lote comprado el 19 de septiembre de 2012 por USD 70.000, supuestamente en efectivo, y que quedó registrado a nombre de la madre de Baratta. Allí se construyó una vivienda familiar de alrededor de 380 metros cuadrados, con subsuelo, planta baja y primer piso.
El arquitecto que hizo las obras declaró que Baratta era quien le daba las indicaciones y que los pagos, calculados en aproximadamente $3,7 millones a valores de entonces, fueron realizados en efectivo por el propio ex funcionario o por su entonces secretario privado, Nelson Lazarte.
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Además, el servicio de cable e internet de la propiedad estaba a nombre de Oscar Centeno, el ex chofer de Baratta. La empresa prestadora, Telered, informó que fue contratado desde enero de 2015 a nombre de “Oscar Bernardo Centeno, quien se desempeñaba como chofer de Baratta”, remarcó la resolución.
Centeno es el autor de los cuadernos donde dio cuenta de presuntas recorridas con su entonces jefe Baratta, en busca de supuestas coimas de empresarios de la obra pública en el kirchnerismo. Dos testigos de la empresa Techint declararon en el juicio oral por los cuadernos que pagaron en total un millón de dólares en coimas al ex funcionario. Durante este proceso oral, Baratta tildó de “mentiroso” a su ex chofer y además reclamó un careo con los ex directivos de Techint que lo incriminaron, que aún está pendiente.
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