Sueños Compartidos: Schoklender declaró que por dirigir este proyecto su estándar de vida “cayó en picada”

El ex apoderado de la Fundación de Madres de Plaza de Mayo, Sergio Schoklender, pidió ampliar su declaración indagatoria para aclarar información que había ventilado el fiscal Diego Velasco, durante el desarrollo del juicio oral por la causa Sueños Compartidos que investiga las presuntas irregularidades en la construcción de viviendas sociales.

En el inicio, Schoklender destacó que desde que comenzó el programa su estándar de vida “cayó en picada”. Puntualizó que “hasta dos aviones puse, que compré con fondos propios”.

Además, sostuvo que en su vida tuvo “varias empresas y todo lo puse al servicio de este proyecto porque creo en él, sigo creyendo en él, porque era el único proyecto sano en medio de dos décadas infames de corrupción”.

Luego hizo una revelación sobre la Universidad Nacional Madres de Plaza de Mayo. Según Schocklender, en esa casa de estudios se armó un “centro de investigación” que recibía un subsidio fijo gestionado por Aníbal Fernández, a través de Hebe de Bonafini, para hacer “denuncias permanentes contra funcionarios del PRO”.

Las denuncias las presentaba el abogado Eduardo Barcesat, de acuerdo a su versión.

En su relato, Schocklender remarcó también que en la obra pública normal, las empresas “acuerdan una licitación, porque no eran épocas de transparencia, se cobraban los anticipos y se cobraba 5, 10 o 20 por ciento en carácter de coima”. Y que luego “se paralizaba por cualquier cosa y se pedía una redeterminación de precios. Y nosotros jamás lo pedimos”.

El exapoderado de la Fundación agregó que la única obra que cree que se suspendió fue ”en Almirante Brown, porque nos habían entregado un basural…pero después hicimos cosas como un centro de salud en El impenetrable, y teníamos que llevar todo. Luego descubrimos la necesidad de una casa para el encargado de centro de salud y un espacio para que baje un helicóptero en una emergencia”.

A su vez, respondió a algunas de las declaraciones de los testigos, comenzando por la perito contable María Eleonora Feser. Desmintió que no hubiese centro de costos para los gastos que debía realizar la Fundación “aunque remarcó que ninguna ley los obligaba a tenerlos”.

Schoklender precisó que si Planificación Federal demoraba los pagos “yo no podía decirle a las 6500 personas que participaban que iban a tener que esperar para cobrar”.

En relación a la testimonial del perito de la Corte, Francisco Guzmán, advirtió que “da vergüenza ajena lo que escuchamos acá”. Enfatizó que llamó a preguntar a las provincias si era verdad lo que declaró, que las obras estaban sin terminar, y según afirmó, le dijeron que estaba todo funcionando.

En otro tramo de la indagatoria aseguró que “la obra no era cara, el sistema de construcción no es más barato, es más rápido, pero los paneles no son más baratos… permite hacer menos fuerza, con ventajas estructurales, y no genera problemas de rajaduras y tensión como los tradicionales”.

Al finalizar Schocklender, declaró un testigo que, años atrás, había estado imputado: Ricardo Adolfo Escobar, exministro de Coordinación de Gabinete de la provincia de Misiones. Lo sobreseyeron en 2020.

“Cuando nos enteramos de este proyecto, nos vino muy bien. Hoy nos vendría muy bien, por eso apoyamos con lo que pudimos”, explicó el exfuncionario. Y agregó: “Hemos cumplido con todos los objetivos de construcción de viviendas. Esta persona que les habla visita el barrio y me reciben con amor muchas familias que están agradecidas de por vida, porque la construcción se mantiene impecable”.

“Hubo chicos que conocieron la ducha y durmieron por primera vez con una almohada. Eso es suficiente para decir que hemos hecho bien las cosas”, completó Escobar.

Los peritos

El perito Ingeniero Civil de la Corte Suprema, Francisco Guzmán, afirmó que las viviendas sociales construidas a través de convenios con la Fundación “no estaban en condiciones de ser entregadas”.

Describió una inspección en un barrio construido en Bariloche, donde en una casa descubrió que “la familia se calefaccionaba con un tacho de chapa, el agua la tomaban de otra vivienda y la conexión de electricidad era precaria”.

La perito contable María Eleonora Feser remarcó que los libros de contaduría sobre los que trabajaron habían sido completados por la propia Fundación, pero muchos de los asientos registrados no estaban respaldados por la constancia de una factura, recibo o datos de transferencias.