Causa Polo Obrero: la Unidad de Información Financiera acusó a Belliboni por lavado de dinero

La Unidad de Información Financiera (UIF) ha solicitado al juez Sebastián Casanello que amplíe las acusaciones en la causa contra el líder del Polo Obrero, Eduardo Belliboni, y otros dirigentes, para incluir el delito de lavado de activos, según revelaron fuentes judiciales a Infobae. Esta petición se presentó mientras la Cámara Federal evalúa si confirma, revoca o agrava los procesamientos de los implicados en el caso iniciado en diciembre pasado.

La UIF, bajo la dirección de Ignacio Yacobucci, actúa como querellante en esta causa y ha presentado un escrito a través de su Director de Litigios Penales, Mariano Ezeyza. En este documento, el organismo introduce una nueva hipótesis que se suma a las acusaciones previas de defraudación contra la administración pública, amenazas y extorsión. La solicitud de declaración indagatoria por lavado de activos se dirige a las personas que gestionaron las cuentas de las organizaciones que recibieron fondos públicos y que, posteriormente, canalizaron el dinero hacia la empresa RUMBOS S.R.L., así como a quienes recibieron dichos fondos.

“La maniobra investigada no constituye en su totalidad una administración fraudulenta en perjuicio del Estado Nacional, sino que solo un tramo de los hechos debe ser calificado en estos términos y a la vez ser considerada ilícito precedente de lavado de activos -sostuvo el escrito al que accedió Infobae-. El presente pedido de ampliación de la imputación será dirigido en contra de quienes hubieran administrado las cuentas de la Asociación Civil Polo Obrero y de la Cooperativa El Resplandor Ltda. desde las cuales egresaron fondos en perjuicio del Estado Nacional y de quienes los recibieron, constituyendo con su aporte verdaderas maniobras de ‘ocultamiento’ del origen espurio de los fondos, con total independencia del destino final que se hubiera asignado a los mismos”, dice el escrito. Para la UIF, el ilícito precedente del lavado fue la administración fraudulenta.

La causa se originó el 20 de diciembre, el día que se preparaba la primera movilización de piqueteros contra Javier Milei y el Gobierno habilitó el número 134 del Ministerio de Seguridad para que los ciudadanos hicieran denuncias anónimamente. Se hizo una denuncia en los tribunales de Comodoro Py: hubo reportes de todo el país, el fiscal Gerardo Pollicita, que recibió la investigación delegada, se focalizó en las 45 que tuvieron lugar en la Capital Federal, su jurisdicción. Y avanzó en intentar rastrearlas. Localizó a siete: cinco de esas personas se animaron a declarar.

Con los allanamientos y la información secuestrada, el juez Casanello llamó a indagatoria porque “diversas personas, nucleadas bajo las figuras asociativas ‘Asociación Polo Obrero’ y ‘Cooperativa El Resplandor Ltda.’, habrían administrado de manera indebida al menos una parte de los recursos estatales que le fueran confiados en convenios celebrados con el ex Ministerio de Desarrollo Social de la Nación en el marco del aludido programa ‘Potenciar Trabajo’”, afirmó. Y destacó que se comprobó “el empleo de facturación apócrifa y la simulación de gastos no concretados –al menos a través de las firmas “Ediciones e Impresiones Rumbos SRL” y “Coxtex SA”-, para disfrazar el verdadero uso de una parte importante de los fondos”.

Según sostiene la causa, en el periodo comprendido entre junio de 2020 y diciembre de 2022, la Asociación Civil Polo Obrero y la Cooperativa El Resplandor Ltda. suscribieron un total de cinco convenios con la Secretaría de Economía Social y recibieron un total de $361.087.500) en concepto de subsidio institucional. Como contrapartida, asumieron las obligaciones de generación de actividades que favorezcan el desarrollo de capacidades humanas y sociales en los beneficiarios del programa y de rendición de cuentas; a la vez que debían certificar el cumplimiento de las actividades por parte de los beneficiarios del programa.

Los acusados desfilaron por Comodoro Py y negaron las acusaciones. Aseguraron además que se trata de una persecución política de parte del Gobierno contra las organizaciones populares. Pollicita pidió ampliar la acusación y pidió que Emilio Pérsico, líder del Movimiento Evita que fue responsable de la Secretaría de Economía Social durante el Gobierno de Alberto Fernández, sea citado a declaración indagatoria. Lo acusa de haber encabezado una “matriz de corrupción” que permitió que el Polo Obrero “extorsionara a beneficiarios de planes sociales” y usara el dinero que recibía para financiar sus actividades partidarias.

Casanello dictó el procesamiento de Belliboni junto a otras 17 personas. Algunas, acusadas de defraudación -con diferentes responsabilidades-; otras, de “amenazas coactivas”. A Belliboni se lo procesó solo por administración fraudulenta y se lo embargó por $390.000.000, suma equivalente al monto de la facturación presuntamente ilegal. Pero la fiscalía de Pollicita reclamó hacer extensiva para él la acusación por los aprietes y extorsiones. Y la fiscalía de Cámara José Luis Agüero Iturbe ratificó ese pedido pero pidió también asociación ilícita.

Por su parte, los acusados negaron las acusaciones: le reclamaron a la Cámara Federal la nulidad de la causa, las declaraciones de los arrepentidos y el sobreseimiento de todos. Aseguraron que se trata de un persecución política al movimiento de los trabajadores, exhibieron fotos de los distintos comedores a donde llega la ayuda de la organización, negaron aprietes y se desligaron de las facturas truchas que es -dijeron- responsabilidad de la AFIP. “No pueden ser compras truchas si las compras están”, aseguraron.

“Nuestros imputados no exigían, pedían una colaboración -dijeron los abogados del Polo Obrero en la audiencia ante los jueces Mariano Llorens, Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi-. Nuestros imputados no tenían la posibilidad de dar las bajas. Hay que ver la normativa de Desarrollo Social. Siempre fue así. Esta no es la causa de los gerentes de la pobreza, es la causa política”.

Los jueces escucharon a todas las partes y están analizando los procesamientos dictados por Casanello y apelado por las partes. En ese contexto, ahora ante Casanello, se presentó la UIF pidiendo avanzar sobre la figura de lavado de dinero.

Entre las pruebas valoradas por la querella se detuvo en una de los diálogos que aparecen en la causa entre entre Elizabeth Palma y un hombre identificado como “NNM”, que dice: “Bueno, mira ahí escuché el anuncio de eso que pasaste vos, es que van a cerrar e investigar como 12 mil cooperativas que armaron durante el 2023... bueno nada, nosotros tenemos ahí 3 cooperativas, encima ahí lo que me preocupa, te soy sincera es que esas cooperativas están recibiendo plata de Capitas y no estamos facturando nada, según el contador no pasa nada, para mi no es así, ¿viste? Porque si no por ejemplo la cooperativa del banco ciudad no te pediría a cada rato de donde entran los fondos, nos pueden investigar por lavado, a mi me preocupa te soy sincera (...)”.

Peo además en otro de los testimonios que obran en la causa en donde se asegura: “me tocó cargar un camión con mercadería en el comedor “Mariano Ferreyra” y fuimos con varias personas a descargar el camión a un depósito ubicado en Pompeya de esta ciudad. Además de llevar la mercaría, llevamos una bolsa con dinero de la recaudación del aporte mensual que debíamos hacer los integrantes del comedor, la cual fue entregado a ‘Gianni’ en una oficina ubicada dentro del depósito”.

El organismo que conduce Yacobucci acusó a la Asociación Civil Polo Obrero y sus referentes Eduardo Silvio Belliboni, Mariano Alejandro Centanni, Elizabeth del Carmen Palma, “por haber dispuesto y administrado los fondos públicos que luego fueron canalizados a través de la empresa Ediciones e Impresiones Rumbos SRL”, y la Cooperativa de Trabajo El Resplandor Ltda, junto a María Isolda Dotti, Iván Ortiz, Erika Tamara Lubenfeld y Ezequiel Adrián Coego, por “haber operado las cuentas bancarias en que se recibieron fondos públicos que luego fueron canalizados a través de la empresa Ediciones e Impresiones Rumbos SRL”.

E incluyó a Ediciones e Impresiones Rumbos SRL, junto a Roberto Adrián Albornoz, en su calidad de socio-gerente de la empresa utilizada para blanquear el dinero obtenido de la defraudación al Estado Nacional, en virtud de lo cual recibió fondos públicos y los administró; a las receptoras de los fondos “blanqueados” Miniso Trade S.A, con Roberto Garcete Aponte, Josue Gerardo Parababire Ramirez, Wilkin Herrera Bientz, Maria Candelaria Toselli; y a Makosen S.A y Adrián Compagni, en su calidad de socio gerente de la empresa destinataria.

“Es necesario agregar que todo mecanismo de ocultamiento del origen de los fondos configura la maniobra de lavado sin importar el destino final de los fondos, en la medida que provengan de un ilícito y que superen el monto establecido por la norma. El lavado exige precisamente que el dinero obtenido ilícitamente aparezca, mediante alguna estrategia, como obtenido lícitamente, pues esa es la condición para dotar al insumo (bien) de una calificación (de licitud) de la que antes carecía”, se añadió. ”En el caso, esa estrategia de ocultamiento es la intervención de Rumbos como receptora de los fondos espurios contra la emisión de facturas. La mecánica de transferir dinero producto de la defraudación a una empresa ‘pantalla’ trasciende la mera finalidad defraudatoria y da cuenta de una finalidad distinta: la de ocultar el origen de los fondos”.