La Eurocámara ha aprobado este miércoles el informe que reclama al Gobierno español reconsiderar el cierre de la central nuclear de Almaraz, previsto en dos fases para 2027 y 2028 según los planes del Ejecutivo central. La Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo ha votado esta mañana a favor del documento redactado con las recomendaciones de Estrasburgo tras la misión de investigación de una delegación de eurodiputados a la planta ubicada en Extremadura el pasado mes de febrero.
En el informe, el Parlamento Europeo enfatiza que toda decisión sobre la continuidad operativa de la central cacereña debe basarse en una evaluación de impacto “rigurosa” que contemple las implicaciones para la región y el sistema eléctrico nacional. Según el documento, la central desempeña un papel central tanto en la generación eléctrica de España (al aportar cerca del 7% de la electricidad consumida) como en el tejido económico de la comarca de Campo Arañuelo.
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Aunque las conclusiones de la comisión no son vinculantes, el informe advierte sobre la necesidad de equilibrar los objetivos de transición ecológico con el bienestar económico local y la estabilidad energética poco después de cumplirse un año del apagón que dejó sin luz a toda la península, instando al Gobierno a alargar la vida útil de la central hasta al menos 2040.
Varias enmiendas de Vox se suman al texto
La Comisión de Peticiones también pide al Gobierno del PSOE que estudie la posibilidad de nuevas prórrogas después de 2040, al tiempo que cita supuestos motivos ideológicos detrás de la decisión de dejar de lado la energía nuclear para la transición verde. El informe, impulsado y apoyado principalmente por los grupos parlamentarios de derecha y ultraderecha europeos, reclama frenar cualquier medida orientada al cierre de centrales nucleares en España.
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Aunque el borrador inicial del documento, presentado el pasado mes de abril, ya cuestionaba si la decisión era consecuente con “los principios de buena gobernanza, transparencia y legislación basada en evidencia”, varias enmiendas incorporadas durante la votación, promovidas por Vox y respaldadas por el PP, añaden referencias a una “profunda preocupación” por el posible impacto del cierre en la seguridad del suministro y suman el horizonte temporal de 2040.
El documento subraya los riesgos demográficos y económicos que supondría el cierre de instalaciones industriales en regiones menos desarrolladas, como Extremadura. En concreto, advierte que la clausura de la central de Almaraz podría agravar la situación en zonas que dependen de esta actividad para su estabilidad y crecimiento económico, tal como ya adelantaba el borrador presentado en abril. Varias fuentes han reportado que entre 3.000 y 4.000 empleos directos e indirectos en la región dependen de la planta y recuerdan que su actividad aporta al Estado alrededor de 435 millones de euros al año en impuestos.
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El futuro de la central reaviva el debate sobre las nucleares
El acuerdo firmado en 2019 entre el Gobierno español, los sindicatos y las empresas propietarias de la Central Nuclear de Almaraz fijó que el primer reactor dejaría de operar el 1 de noviembre de 2027 y el segundo, el 31 de octubre de 2028. Este calendario responde al plan nacional para el cierre progresivo de las centrales nucleares en España y forma parte de la política energética del país.
Sin embargo, en octubre pasado, Iberdrola, Endesa y Naturgy solicitaron al Ministerio para la Transición Ecológica una prórroga hasta junio de 2030 para ambos reactores. Argumentaron la necesidad de garantizar la seguridad del sistema eléctrico, la estabilidad de los precios y una transición energética gradual. Por el momento, la solicitud de prórroga no ha sido aprobada, ya que requiere una evaluación técnica del Consejo de Seguridad Nuclear y un acuerdo político entre el Gobierno y las empresas propietarias.
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Organizaciones ecologistas como Greenpeace han manifestado su rechazo a la prórroga, advirtiendo que mantener la central operativa retrasa el avance de las energías renovables y perpetúa los riesgos ligados a la energía nuclear y a la gestión de residuos. La plataforma ciudadana ‘Sí a Almaraz, Sí al Futuro’, por su parte, ha respaldado el informe y asegura que supone un “respaldo incontestable” a la continuidad de la planta. Representantes de la asociación recuerdan que su cierre “incrementaría la dependencia de fuentes fósiles, encarecería la factura eléctrica y provocaría pérdida de empleo” y que la Unión Europea ya ha reconocido como un “error estratégico” el abandono de las nucleares por el aumento de la dependencia energética exterior.
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