Nueva ley para supermercados en Francia: deberán señalar los productos que disminuyeron su tamaño

Una margarina de 500 gramos que ahora pesa solo 450, un sobre de embutido de 1 euro que pasa de 80 gramos a solo 70 o un yogur que, ahora, tiene 5 gramos menos. En los últimos meses, incluso años, el aumento de precios generalizado ha llevado a los fabricantes a adoptar ciertas estrategias que pretenden mantener sus ventas a toda costa. Una de ellas es la reduflación, una práctica que se resume en dar menos por el mismo precio.

Ante estas prácticas, el Gobierno de Francia ha tomado la delantera. En las próximas semanas, el Ejecutivo francés sacará adelante una ley que obligará a los supermercados a señalar, a través de carteles en sus lineales, cuáles son los productos que han reducido su peso manteniendo su precio. Esta polémica medida, que comenzó su gestión hace casi un año, se convierte en pionera en la lucha contra estas prácticas, que ya la OCU detectó en los supermercados españoles.

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Qué es la reduflación

La reduflación es un concepto que se atribuye a la economista estadounidense de origen británico Philippa Malmgren, experta en geopolítica y economía tecnológica. Se trata de un truco de los fabricantes para evitar que el incremento de los precios en alimentación, fruto de crisis como la inflación o las dificultades de producción, no afecte a sus ventas. Consiste en mantener el mismo precio en los productos mientras se reduce su cantidad o su peso total.

En España, la Organización de Consumidores y Usuarios alertaba de estas prácticas por parte de fabricantes españoles, calificándola como “una subida encubierta de precios y una falta de respeto” que, en realidad, es completamente legal. En abril de 2022, la OCU concluía que un 7% de la cesta de la compra estaba sujeta a la reduflación, una práctica “anticompetitiva y poco transparente” por la que denunciaron a diversas marcas de alimentación.

Esta medida parte de la premisa, demostrada por diversas investigaciones académicas, de que los consumidores son reticentes a aceptar aumentos de precios explícitos, mientras que tienden a asumir de manera pasiva las reducciones de volumen, tamaño o cantidad incluso cuando les resultan perceptibles a simple vista.

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Francia toma la iniciativa

España no es el único país en el que se ha observado este fenómeno. De hecho, en el país vecino, estas prácticas ya tienen su propia ley, aprobada por el Gobierno de Francia con el objetivo de intentar acabar con la reduflación. Ya en marzo de 2023, el ejecutivo del país galo declaraba la guerra a estas subidas y comenzaba a gestar un proyecto de ley que, finalmente, ha seguido adelante.

La batalla contra la reduflación empezó a ser librada por el gobierno francés en solitario, hasta que se le sumó Carrefour, que decidió tomarse la ley por la mano y señalizar en sus tiendas aquellos productos que se habían acogido a estas prácticas en aras de proteger a su clientela.

Según publica la prensa local y generalista francesa, este proyecto de ley ya está siendo estudiado por el equipo del primer ministro y será promulgado por el Boletín Oficial del Estado francés en las próximas jornadas. Si todo va bien, según informan medios como Les Echos, a partir del 1 de julio, tanto los productos de alimentación como los no alimentarios que vean mermada su cantidad respecto a la fecha precedente, tendrán que ir acompañados con una advertencia en los lineales.

Esta advertencia deberá durar dos meses y correrá a cargo de los supermercados. Según la prensa francesa, la legislación obligará a mostrar el siguiente mensaje: “Para este producto, la cantidad vendida ha pasado de X a Y y su precio por kilo, gramo o litro aumentado en un X% o X euros”.

Esta medida ha generado debate en el país galo. Agrupaciones como la Federación de Comercio y Distribución han mostrado su desacuerdo con la medida, criticando que esta obligación se imponga a los distribuidores y no a los fabricantes. “Cuando un fabricante cambia su peso, a veces es con vistas a una contracción, a veces es consecuencia de un cambio de receta. Nos hubiera gustado que, al menos, el gobierno exigiera a los fabricantes que nos enviaran información”, aseguraba un portavoz en declaraciones recogidas por Les Echos.