Universidades: cuáles son las reformas pendientes para mejorar la calidad, en medio del conflicto por el presupuesto

El próximo jueves 15 de octubre se realizará en todo el país la quinta Marcha Federal Universitaria, convocada por los rectores, los gremios docentes y no docentes y las organizaciones estudiantiles para reclamar el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario. La movilización tendrá lugar después de casi tres años de disputas entre las universidades públicas y el Gobierno nacional –con intervenciones del Congreso y la Justicia– por la caída del presupuesto, los salarios, las becas y los recursos destinados a investigación.

La discusión presupuestaria copó la agenda universitaria en los últimos tres años. Un estudio del Centro de Investigación de Economía Nacional (CIEN), dependiente de la UBA, estimó que en julio de 2026 el presupuesto universitario era un 40,5% más bajo que en el mismo mes de 2023. Las universidades y los gremios calculan que los salarios acumulan una pérdida del 31,2%.

La urgencia del financiamiento dificultó, en estos años, la posibilidad de centrar el debate en una agenda más estratégica: el sistema tiene varios problemas estructurales, muchos de ellos de larga data. Entre ellos, carreras extensas, bajas tasas de graduación y debilidades en la investigación científica. ¿Es posible avanzar en transformaciones de fondo, mientras las instituciones intentan sostener su funcionamiento?

“En un mundo que cambia vertiginosamente, la universidad no puede seguir haciendo lo mismo que hace 20 o 30 años. Tenemos que impulsar una segunda reforma universitaria, centrada en una revolución académica, pedagógica y curricular. Hay que repensar los planes de estudio, los tipos de carreras y los modos de enseñar”, plantea Franco Bartolacci, presidente del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y rector de la Universidad Nacional de Rosario (UNR).

Bartolacci sostiene que esta transformación debe preservar las fortalezas del sistema público, especialmente las oportunidades de acceso. “Mi defensa firme y sostenida del sistema universitario público, por lo que derrama en tanta gente, no es condescendiente con todo lo que sucede. Y es importante remarcar que muchas de estas transformaciones ya están en curso”, señala. En septiembre, el CIN organizó en Bariloche un Congreso Nacional de Innovación Universitaria, donde se abordaron propuestas de cambio curricular y nuevas modalidades de formación, entre otros temas.

Muchos estudiantes, pocos graduados

Uno de los principales problemas que señalan los especialistas es la dificultad para traducir el acceso masivo en mayores niveles de graduación. Un informe del Centro de Estudios de la Educación Argentina de la Universidad de Belgrano muestra que el país tiene proporcionalmente más estudiantes universitarios que Brasil y Chile, pero muchos menos graduados.

Según el estudio, basado en datos de 2023, Argentina tiene 564 estudiantes universitarios por cada 10.000 habitantes, frente a 461 en Brasil y 352 en Chile. Sin embargo, registra apenas 31 graduados por cada 10.000 habitantes, mientras que Brasil alcanza 64 y Chile, 57.

Las estadísticas oficiales más recientes muestran otra dimensión del problema. Según el Anuario de Estadísticas Universitarias 2024 de la Secretaría de Educación, las universidades nacionales tenían ese año 1.980.133 estudiantes de pregrado y grado, pero registraron apenas 93.320 egresados. Entre 2014 y 2024, la matrícula creció un 39,8%, mientras que la cantidad de egresados anuales aumentó un 19,7%.

Para Norberto Fernández Lamarra, profesor emérito de la UNTREF y director del Núcleo de Investigaciones sobre Formación y Estudios para el Desarrollo de la Educación, el problema exige, entre otras cuestiones, revisar la estructura de las carreras. El especialista cuestiona que muchas titulaciones tengan una duración teórica de 5 o 6 años, mientras que a nivel mundial la duración promedio de una carrera de grado es de 4 años. En promedio, los estudiantes argentinos tardan unos 8 años en terminar su carrera.

Fernández Lamarra propone avanzar hacia titulaciones iniciales de 4 años y revisar especialmente los primeros tramos de las carreras. “El tema de la deserción universitaria es gravísimo. Es grave la duración de las carreras para los que se gradúan y es grave la cantidad de estudiantes que se quedan en el camino, sobre todo en el primer año o el segundo”, advierte. Y plantea que los planes de estudio deberían contemplar “un primer ciclo de dos años, en el que ya salgan con un título intermedio que les permita capitalizar esa formación en el mercado de trabajo”.

Mónica Marquina, investigadora del Conicet, coincide en la necesidad de revisar la organización académica, pero advierte también sobre los cambios en el perfil de los estudiantes. Según señala, apenas un tercio de los ingresantes tiene menos de 20 años: muchos comienzan sus estudios más tarde, trabajan, tienen responsabilidades de cuidado o regresan a las universidades para actualizar su formación.

“Buena parte de la oferta universitaria sigue organizada para alguien que termina el secundario, ingresa inmediatamente a una carrera y puede dedicar varios años principalmente a estudiar. Los planes, las correlatividades, los horarios y las modalidades de cursada no siempre contemplan otros recorridos. Muchas dificultades para avanzar tienen que ver tanto con las condiciones de vida de los estudiantes como con la manera en que organizamos las carreras”, explica Marquina.

Desde el Ministerio de Capital Humano también plantean la necesidad de avanzar con reformas. Entre otras cuestiones, sostienen que hay establecer criterios más claros de regularidad académica, fortalecer las auditorías sobre el gasto universitario y avanzar hacia un financiamiento basado en “indicadores objetivos”. Fuentes oficiales dijeron a Infobae que “alrededor del 40% de los estudiantes universitarios no registra información suficiente sobre su actividad académica o aprueba menos de dos materias por año”. También advirtieron sobre la baja graduación y la existencia de carreras desactualizadas. Desde el Ministerio proponen “carreras vinculadas con las necesidades del país y un sistema de financiamiento transparente, auditable y basado en resultados”.

El debate sobre el ingreso<b> </b>

Las deudas de aprendizaje con las que llegan muchos estudiantes desde la secundaria abren otra discusión: qué responsabilidad le corresponde a cada nivel educativo y qué políticas podrían mejorar las trayectorias universitarias.

Marcelo Rabossi, profesor de la Universidad Torcuato Di Tella, sostiene que el sistema necesita una mayor planificación nacional. “La combinación de una Ley de Educación Superior que convalida el ingreso irrestricto y una escuela secundaria que gradúa alumnos sin competencias básicas genera un cuello de botella inaceptable”, afirma. Y define: “Un objetivo de mínima es llegar a un umbral de 1 egresado cada 2 ingresantes –hoy tenemos aproximadamente 1 cada 5–, en un plazo que no supere en un 50% el tiempo teórico –hoy es cerca del 90%–”.

Rabossi propone “establecer un examen estandarizado al finalizar el secundario e implementar pruebas de ingreso a la universidad con cupos y umbrales mínimos de conocimiento, sobre todo en las carreras de interés público”. Para quienes no alcancen esos requisitos, plantea ofrecer trayectos iniciales en institutos terciarios no universitarios, articulados con las universidades para permitir luego la continuidad de los estudios.

En esta línea, el proyecto de Ley de Libertad Educativa que impulsa el Gobierno –aún sin fecha de tratamiento legislativo– prevé crear un Examen Nacional de Educación Secundaria (ENES), obligatorio para los estudiantes que finalizan ese nivel. Sus resultados podrían ser utilizados por las universidades para seleccionar ingresantes. El proyecto también modifica la Ley de Educación Superior para habilitar mecanismos institucionales de admisión, con criterios de “equidad y razonabilidad”.

“Si bien el ingreso a la universidad pública es un derecho, también exige obligaciones. Tomemos en cuenta que la universidad no fue concebida para cumplir una función remedial con relación a los contenidos que la escuela media no logró enseñar. Su misión fundacional es la búsqueda irrenunciable de la excelencia académica, la investigación y la formación de calidad”, argumenta Rabossi.

Marquina plantea una perspectiva diferente. Reconoce que muchos jóvenes terminan la secundaria con dificultades en los aprendizajes básicos, pero considera que la respuesta debe centrarse en mejorar la articulación entre niveles y fortalecer el acompañamiento.

“La universidad necesita fortalecer la articulación con la escuela secundaria, el apoyo académico y la enseñanza en los primeros años. Esas dificultades no deberían llevarnos a concluir que la universidad no es para esos estudiantes, sino a pensar qué condiciones necesitan para aprender y avanzar”, sostiene.

Carreras más flexibles<b> </b>

Otra transformación que ya comenzó es la implementación del Sistema Argentino de Créditos Académicos Universitarios (SACAU), que modifica la manera de contabilizar el tiempo de formación universitaria, tanto en universidades públicas como privadas. En vez de considerar solo las horas de clase, el SACAU exige organizar los planes de estudio en función del tiempo total de trabajo académico del estudiante, incluido el estudio autónomo.

El sistema, que establece una equivalencia general de 25 horas por crédito, busca facilitar el reconocimiento de trayectos y la movilidad entre carreras e instituciones. A partir de enero de 2027, el sistema de créditos será obligatorio para las nuevas titulaciones universitarias. Para las carreras existentes, la normativa promueve una adecuación progresiva de los planes de estudio.

“Las universidades han comenzado a dar una señal positiva al revisar sus planes de estudio para recortar la excesiva duración de las carreras. La implementación del SACAU representa un avance relevante, al contabilizar el trabajo total del alumno, lo que favorecerá la movilidad interna entre carreras y la actualización de contenidos obsoletos en un mercado de trabajo en permanente cambio”, afirma Rabossi. Y señala que “se debe profundizar la flexibilización curricular y aumentar la oferta de microcréditos orientados hacia competencias que demanda el mercado de trabajo”.

El especialista propone extender el sistema de créditos a los más de 2.000 institutos superiores que dependen de las provincias, donde estuda uno de cada cuatro alumnos de educación superior del país: “Este sector es clave, ya que ahí se forma la mayoría de los docentes de la escuela y la fuerza laboral técnica del país. Sin embargo, opera sin mecanismos federales de acreditación ni instancias equivalentes a la CONEAU que pongan en valor las carreras que se ofrecen”. Rabossi sugiere integrar mejor las universidades con los terciarios, facilitar los pasajes entre instituciones y revisar las ofertas que se superponen.

Las microcredenciales son otra herramienta para flexibilizar las trayectorias, con fuerte presencia en otros sistemas universitarios. Se trata de certificaciones de formaciones breves, enfocadas en aprendizajes específicos, que pueden responder a nuevas necesidades profesionales y que permiten actualizar conocimientos sin cursar una carrera completa.

“Vamos a seguir necesitando médicos, ingenieros, abogados, filósofos y profesionales con una formación sólida y extensa. Pero, además, necesitamos ampliar las propuestas en sus contenidos, formatos y destinatarios”, plantea Marquina. Y explica que las microcredenciales “pueden complementar la formación de grado o posgrado sin integrar necesariamente una carrera”.

Marquina propone también “revisar las correlatividades, ampliar las opciones de horarios y modalidades de cursada, reconocer aprendizajes previos, acreditar trayectos a través de certificaciones o títulos intermedios, permitir que alguien pueda interrumpir y retomar sus estudios sin perder lo que ya hizo”. Para la especialista, hoy es necesario concebir la universidad no solo como una etapa inicial de formación, sino como un espacio de aprendizaje permanente, “al que se puede regresar en distintos momentos de la vida”.

Bartolacci subraya que las transformaciones también deben alcanzar las formas de enseñar: “Los jóvenes que hoy ingresan a la universidad ya no son los mismos que ingresaban hace algunas décadas. La inteligencia artificial puede ser un problema o una oportunidad. Lo que no podemos hacer es mirar para el costado como si no pasara nada”, advierte el presidente del CIN, y sostiene que es necesario “resignificar la arquitectura del aula, en el sentido más amplio”.

Investigación y financiamiento

La investigación científica es otro desafío estratégico. Los rankings internacionales señalan que las universidades argentinas son fuertes en reputación, pero tienen resultados más débiles en investigación e impacto científico, incluso en comparación con otros sistemas de la región.

La última edición del ranking regional QS, por ejemplo, muestra que ninguna universidad argentina aparece entre las primeras 50 de América Latina y el Caribe en citas por artículo científico, ni entre las primeras 90 en publicaciones por profesor.

A su vez, el ranking global de Times Higher Education, que asigna un peso considerable a la investigación, incluye apenas ocho universidades argentinas, ninguna entre las 1000 mejores del mundo. Las mejor posicionadas son las universidades nacionales de La Plata (UNLP) y San Martín (UNSAM), ambas en el rango 1801-2000.

Fernández Lamarra advierte que las restricciones presupuestarias están debilitando la formación de nuevos investigadores y las capacidades científicas del país. “Cada vez tenemos un Conicet con menos becarios y menos ingresos a la carrera de investigador. Estamos empobreciendo la formación de futuros científicos. Muchos investigadores ya formados encuentran trabajos mucho mejor remunerados en otros países de América Latina, Europa o Estados Unidos, que terminan aprovechando nuestros esfuerzos de formación científica”, explica el especialista.

Para Fernández Lamarra, el deterioro de las capacidades científicas tendrá consecuencias difíciles de revertir. “Un atraso en este campo, con el ritmo actual del desarrollo tecnológico, es casi imposible de recuperar. Incluso si cambia la política gubernamental y vuelve a haber apoyo a las universidades, va a costar mucho esfuerzo recuperar lo perdido. Porque perder la carrera científica en el mundo actual es, de alguna manera, quedar condenado al subdesarrollo. El desarrollo no se alcanza solo con capital: se alcanza con conocimiento”, sostiene.

Clara Chevalier, secretaria general de Conadu –la principal federación de sindicatos de docentes universitarios–, plantea que una agenda de mejora también debería discutir “cómo definir las líneas prioritarias para la investigación, qué rol debe tener el Conicet, en qué condiciones se insertan los trabajadores de ciencia y qué entramado institucional podemos construir para que la ciencia tenga sostenibilidad”. Chevalier resalta que la inestabilidad presupuestaria dificulta proyectar investigaciones de largo plazo.

En paralelo, el proyecto de Ley de Libertad Educativa también propone cambiar la forma de distribuir los fondos entre las universidades nacionales. Según el último borrador de la iniciativa, el 75% del presupuesto se asignaría según la cantidad de estudiantes y su avance en las carreras (a partir de la estimación de una “carga típica de estudio”), teniendo en cuenta las características de cada institución y de sus alumnos. Otro 20% dependería de indicadores de desempeño, como la cantidad de graduados, la producción científica y las actividades de extensión. El 5% restante se destinaría a proyectos de mejora con objetivos concretos.

Reformar en medio de la urgencia

Varias fuentes consultadas coinciden en que las actuales restricciones financieras limitan la capacidad de impulsar los cambios necesarios. “El ajuste nos pone a discutir unas urgencias que quizás solapan otras discusiones importantes, que tienen que ver con las transformaciones del sistema universitario”, sostiene Chevalier. Y advierte que “las limitaciones para acceder a tecnología, insumos, más docentes y científicos, o para financiar proyectos, también dificultan esas transformaciones”.

“Los cambios sociales, económicos, culturales y laborales plantean nuevas demandas a las universidades: cambian los conocimientos que necesitamos, las formas de trabajar y los proyectos de vida. La urgencia presupuestaria dificulta discutir cómo responder a esas transformaciones”, señala Marquina. Y subraya: “Necesitamos una política universitaria nacional que permita hacerlo con recursos y continuidad”.

“La pelea por subsistir no permite mejorar ni avanzar. Se requiere un esfuerzo mucho más sistemático para transformar las universidades, algo que en las condiciones actuales es difícil de realizar. Pero las universidades siguen peleando por desarrollarse, aun con todas las limitaciones”, sostiene Fernández Lamarra.

Bartolacci resalta el desafío de la velocidad: “El debate respecto del financiamiento genera un contexto que presenta mayores dificultades para avanzar con mayor celeridad en estos cambios. Y este es un punto central, porque el mundo cambia a una velocidad tal que, si no aceleramos las transformaciones, corremos el riesgo de que, cuando finalmente las implementemos, la realidad ya haya cambiado y tengamos que volver a discutir lo que acabamos de resolver”.

El jueves 15, la quinta Marcha Federal Universitaria volverá a poner el presupuesto en el centro del debate. En medio del conflicto por el financiamiento educativo, la agenda de largo plazo sigue abierta y requiere, también, de respuestas urgentes para lograr que las universidades públicas argentinas puedan formar a más graduados, renovar sus propuestas académicas, fortalecer la investigación y adaptarse a las transformaciones actuales sin perder las fortalezas que les han ganado un amplio reconocimiento social.