Más allá de las sonrisas que Alberto Fernández intercambió al paso con el jefe de la Casa Blanca, Joseph Biden, de las conversaciones con Emmanuel Macrón, Ángela Merkel y Pedro Sánchez y de la “buena reunión” que el presidente tuvo con Kristalina Georgieva, según la definió la propia directora-gerente del FMI, lo cierto es que la columna vertebral de cualquier programa que un Gobierno firma con el Fondo es una proyección más o menos creíble de metas fiscales, monetarias, cambiarias y “reales” (PBI, exportaciones e importaciones, etc) sazonadas con “reformas estructurales”.
Las variables fiscales, monetarias y cambiarias a las que se apunta son obvias (gasto, recaudación, déficits o superávits, emisión, crédito del Fondo y de otras fuentes, valor del dólar, inflación, a su vez condicionadas al PBI y otras variables “reales”), pero ponerse de acuerdo sobre medidas y metas es complicado, en especial cuando se parte de una deuda, un déficit, una inflación y una brecha cambiaria de los niveles que exhibe la economía argentina.
Por eso es destacable que tras la tenida en que Guzmán y el secretario de Asuntos Estratégicos, Gustavo Béliz, flanquearon al presidente en la interlocución con Georgieva (flanqueada a su vez por el primer subdirector-gerente del Fondo, el norteamericano de ascendencia japonesa Geoffrey Okamoto, y la subdirectora actuante del Departamento Hemisferio Occidental, Julie Kozack), tanto el ministro de Economía como la funcionaria técnica del organismo iniciaran una bilateral sin tantas luces alrededor.
Lo importante es lo que falta: qué metas y reformas está dispuesto a asumir el Gobierno para suscribir un acuerdo a 10 año
Kozack, que es también norteamericana, ya debe conocer de memoria los datos fiscales, monetarios, cambiarios de la economía argentina y con tantas reuniones e intercambios de información encima, hasta debe saber que Guzmán es hincha de Gimnasia y Esgrima de La Plata. La galería de fotos de aquí abajo es solo una pequeña muestra de la cantidad de veces que se vieron, sin contar las visitas del ministro a Washington ni el encuentro de hoy en Roma.
Lo que falta
Lo importante es lo que falta: qué metas y reformas está dispuesto a asumir el Gobierno para suscribir un acuerdo a 10 años. Uno en que en los primeros reciba del Fondo tantos recursos como los que debe devolver del acuerdo firmado en 2018, para, a partir del quinto o sexto, empezar a reducir la cuenta, hoy en 30.587 millones de DEGs, unos USD 43.200 millones.
Para ponerse de acuerdo sobre esas cuestiones, los negociadores deben antes establecer un calendario de visitas y negociaciones en que no solo sienten las bases del acuerdo, sino también los plazos en que “venderlas” a sus mandantes: la coalición oficialista, en el caso de Guzmán; Georgieva y el directorio del Fondo, en el de Kozack.
La “buena reunión” que mencionó Georgieva y que Guzmán calificó de “constructiva”, acotando que “seguimos buscando construir entendimientos”, sabe a poco. Dos palabras clave en los asépticos y formales comunicados y declaraciones del FMI son “progreso” y “programa”, que siguen sin salir de su boca. En todo caso, de la primera dice que es lo que busca y de la segunda que es lo que espera del Gobierno.
Del lado argentino, la regulación de tiempos la proveen los sobrecargos que el FMI aplica a sus préstamos según el porcentaje que representan de la cuota del país y el tiempo transcurrido desde que los fondos fueron desembolsados. Esto es, a más crédito y más plazo, más sobrecargos. Con sobrecargos y todo, las tasas que cobra el Fondo son inferiores a las de cualquier prestamista privado, pero según los cálculos de Economía llegan a una suma que pica: cerca de USD 1.000 millones anuales en intereses.
Ayer, el canciller argentino, Santiago Cafiero, dijo que este domingo los líderes del G20 harán un “llamamiento” al Fondo para revisar esos sobrecargos. La última vez que el directorio del Fondo (donde el G20 tiene mayoría) trató el tema resolvió que no era tiempo de resolver.
Guzmán, a su vez, había dicho hace una semana que el Fondo puede apurar los tiempos si reduce los sobrecargos, pues la Argentina ya presentó su propuesta.
Si fuera así, ¿por qué no lo muestran?, se preguntan en Washington. El Fondo enfatiza el concepto de ownership, la idea de que el programa que se acuerde sea sentido como propio por quien debe ejecutarlo. En cuyo caso una propuesta sería un avance, una buena noticia. A la vez, desmienten la afirmación de algunos voceros del Gobierno de que el FMI exige que el acuerdo al que eventualmente se llegue sea aprobado por el Congreso, cuestión que depende de cuestiones institucionales de cada país y no es una exigencia operativa del Fondo. Lo que sí está claro es que Guzmán dijo desde el inicio que un acuerdo debe tener aprobación parlamentaria.
Todas cuestiones que Guzmán y Kozack deben resolver en cuestión de meses. Un tiempo escaso si se compara con el ya transcurrido entre tantas reuniones “buenas” y “constructivas” pero hasta ahora inconcluyentes.
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