La condena contra Grupo Aval por lavar dinero para Pablo Escobar y el cartel de Medellín que pocos conocían

En agosto de 2023, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos confirmó las dos multas penales que fueron interpuestas al Grupo Aval por 80 millones de dólares, una por violar la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero y la segunda para zanjar las acusaciones.

Estas multas se deben al proceso de sobornos confesados por Marcelo Odebrecht, con los que le fue otorgado a la multinacional brasileña y al Grupo Aval el contrato de la Ruta del Sol 2 en Colombia.

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Esta decisión generó un impacto en el contexto económico de Colombia, ya que el Grupo Aval es uno de los conglomerados financieros más importantes del país, siendo líder del negocio bancario tradicional con cuatro entidades (Bogotá, Occidente, Popular y AV Villas).

Pero este no es el primero escándalo en el que ha estado involucrado el conglomerado colombiano, puesto que a finales de los años 80 un banco de la organización de Luis Carlos Sarmiento Angulo fue acusado de participar, junto a Pablo Escobar y los capos que hacían parte del cartel de Medellín, de una gran operación de lavado de dinero.

Entre los negocios que utilizó Escobar para blanquear su dinero estuvieron el fútbol, la ganadería y hasta un emprendimiento de bicicletas de su hermano, pero en marzo de 1989 en Estados Unidos se expusieron los detalles de una de las fórmulas más exitosas que tenía el capo. Algunas de ellos fueron reveladas en las últimas horas por el periodista colombiano Gerardo Reyes, de Univisión.

En ese momento, el fiscal General de los Estados Unidos, Dick Thornburgh, la calificó como “la operación más grande para ocultar los orígenes del dinero de la droga jamás descubierta por agente federales”.

De la misma forma, el fiscal presentó un mapa cruzado con el que explicó cómo las oficinas del Banco de Occidente de Panamá y Colombia habían lavado al menos 412 millones de dólares provenientes del narcotráfico, señalando a Pablo Escobar, Gustavo Gaviria, los hermanos Ochoa y otras miembros del cartel de Medellín como dueños del efectivo.

En el informe, Reyes destaca que esta acusación, que fue aceptada por el Grupo Aval, no lo afectó para ingresar a la Bolsa de Nueva York (2014) ni para convertirse en una de las empresas insignias del país.

En el caso de 1989, el Grupo Aval aceptó la culpabilidad del banco y entregó cinco millones de dólares, lo que en ese momento era la sanción más alta impuesta en Estados Unidos contra el lavado de dinero. De la misma forma, la corte confirmó que altos directivos del banco sabían lo que estaba pasando.

Entre 1972 y 1986, el Banco de Occidente estuvo bajo la dirección de Guillermo Sarmiento Angulo, mientras que la sucursal en Panamá era gerenciada por Carmen Clara García, que, según la investigación, ayudó a lavar los activos con autorización de sus superiores.

Entre las pruebas estaba una conversación grabada por la DEA de Eduardo Martínez Romero, alias Mamaburra, que era identificado como el encargado de las finanzas en el cartel de Medellín y que se burlaba de la forma con la que lavaban dinero por medio del Banco de Occidente.

“No es posible que los dueños de un banco no hayan visto los volúmenes de fondos que estaban pasando porque ese dinero seguía para adelante”, dijo el agente retirado al referirse a los más de 400 millones que blanqueó la institución financiera.

“Entonces ellos tenían que saber que el único negocio que te podía dar esas cantidades era el negocio de la droga”, afirmó a Univisión un exagente que participó en la operación.

La sede del Banco de Occidente de Panamá era la sucursal más rentable de ese país, los depósitos reportados en 1985 superaban los 98 millones de dólares. Motivo por el que la periodista Ann Woolner afirmó que era imposible que los dueños del banco no se hubieran enterado de los grandes movimientos que se registraban.

Gerardo Reyes reveló que fue un comentario suelto de Eduardo Martínez Romero lo que hizo que la DEA se enterara del lavado de activos, ya que el financiero del cartel de Medellín se quejó frente a unos agentes encubiertos de ser lentos para el procedimiento, comparándolos con el accionar que tenía con los narcos, lo que denominó como La Mina.

El agente encubierto reveló a Univisión que la acusación contra el Banco de Occidente se registró en 1987, año en el que Francisco Castro Zawadski era presidente del Banco de Occidente, pero él ni su antecesor (Guillermo Sarmiento Angulo) fueron nombrados en la imputación de 1989.

De acuerdo con las conversaciones de Martínez que fueron grabadas, este afirmaba que La Mina podía lavar hasta 28 millones de dólares en 45 días.

Tanto el caso de Odebrecht como la acusación contra el conglomerado en 1989 tienen varias similitudes, ya que en los dos procesos los propietarios del Grupo Aval afirmaron ser víctimas de acciones que se hacían a sus espaldas, siendo funcionarios los que terminaron siendo acusados en ambas situaciones: José Elías Melo, en el caso de corrupción de Odebrecht, y Carmen Clara García, gerente de operaciones de la sucursal del Banco de Occidente en Panamá, además del gerente general de la misma, William Guarin Pulecio.

Estos últimos fueron acusados de lavado de dinero, pero en 1992 el juez del caso desestimó los cargos en su contra.

“Estos empleados fueron corrompidos por la gente de narcotráfico”, dijo el abogado de Banco de Occidente, Bill Richey, en la corte de Atlanta durante el caso.

En el informe de Univisión se destaca que antes de que el Banco de Occidente se declarara culpable en agosto de 1989, el entonces presidente de Colombia, Virgilio Barco, había hecho una visita a Washington que fue cubierta por The New York Times y en la que le pidió al presidente George Bush que el banco no fuera sancionado.

Durante el juicio, este comportamiento continuó para señalar los beneficios que tenía mantener el Banco de Occidente funcionando en Colombia, resaltando que esta entidad no tenían nada que ver con Pablo Escobar y su organización.

Finalmente, el juez del caso decidió que el conglomerado no era una organización establecida para violar la ley, pero que algunos de sus empleados se habían prestado para actividades criminales.

La acusación contra el Grupo Aval se registró el mismo año en que fue derrocado el general Manuel Antonio Noriega, que permitió que el cartel de Medellín lavara dinero en esta nación, refugió a Pablo Escobar y a sus socios luego del asesinato del ministro Lara Bonilla y hasta le otorgó una cédula al capo para que se pudiera movilizarse sin problemas en ese país.