![La norma prohíbe la importación de productos que provengan de países o regiones deforestadas o degradadas, vetando la entrada de algunos alimentos específicos - crédito Ministerio de Ambiente/página web](https://www.infobae.com/new-resizer/l9SJz9t7I_7z3zs5VHTPfe1N4tU=/420x280/filters:format(webp):quality(85)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/infobae/M2OJIB5JXFGDHFTZVQQUUUMNJQ.jpeg 420w)
La llamada ‘ley antideforestación’ tiene preocupados a varios países en desarrollo, dentro de los cuales está Colombia, pues se consideran afectados con las medidas impuestas por la Unión Europea (UE).
Un total de 17 países decidieron enviar una carta conjunta a la UE en la que reclaman la entrada en vigor de dicha ley. A través de un comunicado, la Cancillería de Brasil informó de que los países firmantes cuestionan puntos del nuevo reglamento contra la deforestación importada, que empezó a regir el 29 de junio de 2023 para hacer frente a la crisis climática.
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La controversia de la norma radica en que esta prohíbe la importación de productos que provengan de países o regiones deforestadas o degradadas, vetando la entrada de algunos alimentos específicos.
“El objetivo de la iniciativa es reiterar la preocupación por el carácter punitivo y discriminatorio del reglamento europeo, así como subrayar la importancia de que la UE mantenga un diálogo efectivo con los países productores”, indicó la Cancillería brasileña.
Los países afirmaron que esta ley afecta a “los pequeños productores, que pueden terminar excluidos de las cadenas de valor internacionales, no porque hayan deforestado sus tierras, sino por su incapacidad para cumplir con los estrictos requisitos impuestos”, dice la carta dirigida a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, al presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, y a la presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola.
Además, señalan que la norma no reconoce los esfuerzos de las naciones en su lucha contra la deforestación: “Esta legislación ignora las circunstancias y capacidades locales, la legislación nacional y los mecanismos de certificación de los países productores en desarrollo, así como sus esfuerzos para combatir la deforestación y los compromisos asumidos en foros multilaterales”.
Lo que piden los países es que las partes aprovechen el proceso de elaboración de las directrices de implantación de la ley para “corregir la legislación o, al menos, tratar de mitigar sus impactos más dañinos”.
Junto a Brasil, suscriben también la misiva diez países latinoamericanos: Colombia, Argentina, Bolivia, Ecuador, Guatemala, Honduras, México, Paraguay, Perú y República Dominicana. Además de Indonesia, país que cuenta con uno de los mayores bosques tropicales del mundo después de Amazonia, Costa de Marfil, Ghana, Malasia, Nigeria y Tailandia.
Ley contra la deforestación de la Unión Europea
![Según la ley antideforestación, productos como el café y el cacao no pueden ser comercializados si se originan de áreas deforestadas - crédito José Miguel Gómez/Reuters](https://www.infobae.com/new-resizer/1UetKR-Pf5D6wiyaN1bKsK20A7I=/420x315/filters:format(webp):quality(85)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/infobae/ZGB6PCEMMOPUCT3EF52NCCRTJI.jpg 420w)
En abril de 2023, el Parlamento Europeo aprobó una ley que prohíbe la importación de productos que generen la pérdida de bosques. Esta norma impuso clasificar a los países según el riesgo de deforestación y el nivel de fiscalización dependerá de ello.
En la práctica, la norma hace que los importadores de la Unión Europea de productos que pueden estar asociados a la deforestación, reporten obligatoriamente información sobre el origen de estos.
Productos como el café, cacao, ganado, palma aceitera, soya, goma o caucho, madera y algunos de sus productos derivados como el cuero o el chocolate “no pueden ser comercializados si se originan de áreas deforestadas después del 31 de diciembre de 2020″, así lo fijó la ley.
Además, requiere que dichos productos sean producidos en condiciones que respeten los derechos laborales tal como están definidos en la legislación del país de origen, así como los derechos humanos protegidos por el derecho internacional.
La ley aplica a las empresas radicadas en países miembros de la Unión Europea. Se les exige que hagan un análisis de sus cadenas de suministro para identificar el origen de los productos y cada país está encargado de designar a las instituciones que harán valer la ley dentro de sus fronteras, así como los procesos administrativos para hacerla cumplir.