Si los grandes cárteles mexicanos como el de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación (CJNG) usaran los cientos de millones de dólares con los que les pagan por droga, serían muy fácilmente descubiertos por las fuerzas de seguridad y no podrían justificar de dónde los obtuvieron.
Por eso, el blanqueo de las ganancias es un requisito obligatorio para el éxito de cualquier empresa narco. Es lo que les permite a los capos hacer sostenible su negocio a largo plazo, volcando sus ingresos en la economía formal, reinvirtiendo y expandiendo el capital.
Para ello, los líderes criminales suelen acudir a su círculo más íntimo y cercano. Un informe de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público reveló que hasta el año 2019 el 14% de las personas incluidas en la lista de bloqueos eran mujeres, y añadió que dicha cifra creció hasta el 23 por ciento en la variable de prestanombres.
Los cambios trascendentales que ha padecido en los últimos años el Cártel de Sinaloa, como la captura de su líder Joaquín “El Chapo” Guzmán, han puesto de relieve el modus operandi utilizado por la organización criminal para el lavado de activos a través de sus esposas o parejas.
El Chapo y sus esposas
El 25 de agosto del 2015, un mes después de la segunda fuga de “El Chapo” del penal del Altiplano, la UIF congeló las cuentas de su esposa Emma Coronel.
En 2021, el ex titular de la UIF, Santiago Nieto, aseguró en aquel entonces que pese a que Coronel Aispuro ya no registraba operaciones en el sistema financiero mexicano desde los últimos cinco años, sí guardaba relación con 330 personas físicas y morales vinculadas con el cártel.
La Comisión Nacional Bancaria también bloqueó las cuentas de otras mujeres cercanas al capo como Frida Muñoz Román, la ex esposa de su hijo asesinado en 2008 afuera de un centro comercial de Culiacán, Édgar Guzmán López.
Acciones similares también han incluido a las ex esposas de Guzmán Loera, quiénes también son las madres de “Los Chapitos”, los narcojuniors que actualmente están al frente del Cártel de Sinaloa junto a Ismael “El Mayo” Zambada García.
En 2012 el Departamento del Tesoro de Estados Unidos señaló en un comunicado a Griselda López Pérez, la segunda esposa de Guzmán Loera, por jugar un “papel clave” en el Cártel de Sinaloa. Incluso la Oficina para el Control de Bienes en el Extranjero (OFAC, por sus siglas en inglés) la designó como operadora del CDS, luego de que ese mismo año la OFAC hiciera lo mismo con María Alejandrina Salazar Hernández.
La designación implicó que los estadounidenses tenían prohibido realizar transacciones financieras o comerciales con ellas, además de que congelaron cualquier bien que poseían dentro de Estados Unidos.
Las mujeres cercanas al actual líder del cártel y viejo compadre del Chapo, Ismael Zambada, también han padecido los bloqueos de la Unidad de Inteligencia Financiera. Entre ellas han figurado la hermana del capo Ana María Zambada García, quien ya ganó un amparo en los tribunales colegiados; su ex pareja Leticia Ortiz Hernández, cuyo proceso legal aún continúa; su hermana mayor, Modesta Zambada y su primera esposa Rosario Niebla Cardoza.
La Oficina para el Control de Bienes Extranjeros del Tesoro de EEUU colocó en su propia lista a todas ellas y a la hijas del Mayo: Midiam Patricia, Modesta, Mónica y María Teresa Zambada Niebla; al igual que varias empresas fundadas por ellas en Sinaloa como “Establo Puerto Rico”, “La Lechera Santa Mónica” y la guardería “Pequeño Gigante”.
El caso de la pareja de “El Ratón”
El caso más reciente fue el de la pareja de Ovidio Guzmán López, alias “El Ratón”, el hijo de “El Chapo” y Griselda López que protagonizó el llamado “Culiacanazo” el jueves 17 de octubre de 2019.
En 2015, la UIF congeló las cuentas bancarias de Adriana Meza Torres, quien es señalada como la hija de un lugarteniente del Cártel de Sinaloa identificado como Raúl Meza Ontiveros, alias “El M-6″.
Dos años después un juez federal le otorgó el primer amparo y en 2018 un tribunal colegiado de Sinaloa confirmó la protección de la justicia federal, aunque en esa ocasión la UIF se negó a desbloquear los recursos.
En diciembre de 2021 la defensa de Meza Torres apeló de nueva cuenta la decisión de la UIF y otro juez le concedió un nuevo amparo que a día de hoy sigue en revisión en un tribunal.
Un documento de la UIF consultado por El Sol de Sinaloa argumentó que dichas acciones contra Meza Torres se justificaban porque “mantuvo o mantiene una relación sentimental con Ovidio Guzmán López, hijo de Joaquín Guzmán Loera, alias ‘El Chapo”.
“Dicha circunstancia, sumada a las irregularidades que la quejosa (Adriana) presenta en el sistema financiero del país, constituye señales de alerta respecto a la probabilidad de que es prestanombres del grupo delincuencial que dirige Joaquín Guzmán con el propósito de ocultar al dueño real de los recursos que tacha de ilícitos”, amplió el expediente.
Las irregularidad señaladas por la UIF van desde la falta de declaraciones fiscales por parte Meza Torres hasta los pagos en efectivo que realizó en varios viajes al extranjero.
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