Ramón Eduardo Pequeño García, quien fuera jefe de la División Antidrogas de la Policía Federal (PF) durante los gobiernos de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, logró mantener la protección que le brindó la justicia mexicana luego de que un Tribunal Federal ratificara un amparo para que sus cuentas bancarias fueran descongeladas.

De acuerdo con información citada por La Jornada, los magistrados del Décimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa confirmaron de manera unánime el fallo expresado desde el mes de febrero del presente año, en el que se ordenó a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) la liberación de múltiples cuentas ligadas al exmando policial.

El bloqueo de sus cuentas ocurrió en medio de las investigaciones de la Administración para el Control de Drogas (DEA) del gobierno de Estados Unidos en contra de Genaro García Luna, ya que Pequeño García fue identificado como uno de los posibles implicados en operaciones internacionales de lavado de dinero.

Por tal motivo, y de manera unilateral, la UIF solicitó el 29 de junio de 2020 a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) que se congelaran las cuentas del exjefe Antidrogas, lo cual resultó contraproducente, ya que para ese entonces la DEA aún no solicitaba apoyo al gobierno mexicano para continuar con las indagatorias.

No fue sino hasta el 24 de julio y el 26 de septiembre de ese año, de acuerdo con el expediente, que la DEA informó sobre sus investigaciones a Pequeño García, durante las cuales habían identificado operaciones financieras y viajes a Estados Unidos, México y otros países. Por esa razón, el gobierno estadounidense pidió la asistencia de México para averiguar posibles irregularidades bancarias y vínculos con actividades criminales, de manera que fuera posible rastrear las redes de lavado de dinero, incluyendo socios y números telefónicos.

La apresurada orden de la UIF para inmovilizar las cuentas de Ramón Pequeño García fue considerada inconstitucional por las autoridades judiciales, ya que habría sido producto de su propia valoración, sin atender ninguna solicitud adicional.

“Se advierte que la decisión de la Unidad de Inteligencia Financiera de bloquear las cuentas no obedeció a una petición expresa previa de un organismo internacional al dictado del Acuerdo, sino que fue producto de su propia valoración y conforme a la normativa nacional (supuesto en el que su facultad no es constitucionalmente válida en términos de la multicitada jurisprudencia)”, puede leerse en el fallo emitido en febrero por una jueza federal y ratificado este 2 de noviembre por el tribunal colegiado.

En consecuencia, se ordenó a la UIF la liberación de cinco cuentas pertenecientes al exfuncionario en BBVA Bancomer, así como otras más de Banamex, Banco Invex y de CIBanco.

Además de estar presuntamente involucrado en la red de lavado de dinero operada por Genaro García Luna, Ramón Pequeño García estuvo involucrado en una serie de eventos y situaciones que causaron serias dudas sobre su labor como mando de alto rango en la Policía Federal.

Uno de los casos más indignantes y escandalosos fue el del atentado en Ciudad Juárez con un coche bomba el 15 de julio de 2010. Aquel día, miembros del grupo de La Línea, principal facción del Cártel de Juárez, secuestraron y le dispararon a un civil para luego vestirlo de policía municipal y abandonarlo en las calles de la ciudad.

El objetivo era llamar la atención de la Policía Federal. Cuando llegaron elementos de la corporación y los cuerpos de emergencia, los sicarios hicieron estallar 10 kilos de explosivos C4 que habían escondido en un automóvil y provocaron la muerte de cuatro personas.

Un mes después, el 11 de agosto, la PF detuvo a cinco jóvenes y los presentó como presuntos responsables del atentado narcoterrorista. Sin embargo, investigaciones posteriores de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) confirmaron que todos habían sido torturados para autoincriminarse. Rogelio Amaya Martínez, Noé Fuentes Chavira, Gustavo Martínez Rentería, Víctor Manuel Rentería y Ricardo Fernández Lomelí recuperaron su libertad hasta el 7 de marzo de 2014.

Ramón Pequeño García llegó a la Policía Federal en 2008 como titular de la División de Seguridad Regional, cuando la guerra contra el narco declarada por Felipe Calderón ya había sumado alrededor de tres mil muertes.

Entre 2009 y 2013 dirigió la División Antidrogas y luego encabezó la División de Inteligencia hasta su despido el 15 de julio de 2015, días después de que Joaquín El Chapo Guzmán se fugara del Penal del Altiplano en Almoloya de Juárez. Pequeño García era uno de los principales encargados de monitorear el centro carcelario a través de las cámaras de vigilancia.

Finalmente, en 2021 trascendió la noticia de que la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) le habría comprado un software para trabajos de inteligencia a una empresa aparentemente constituida en noviembre de 2016 por Ramón Pequeño García.

De acuerdo con los supuestos documentos de la venta, el software habría sido adquirido en 2019 por la Fiscalía mexiquense a través de una adjudicación directa por más de 11 millones de pesos. Este software le habría permitido a la institución encontrar vínculos entre perfiles de diversas redes sociales y una amplia base de datos con números telefónicos.

En términos generales, esta herramienta descargaría la información disponible de las redes, incluyendo fotografías, datos de usuarios y amigos, para cruzar la información con los números e identificar a los dueños de las líneas telefónicas.

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