Organizaciones de la industria alimenticia pidieron al gobierno no poner en riesgo la calidad y sanidad de los productos

Diversas organizaciones mexicanas de la industria alimenticia se manifestaron a favor del Acuerdo de Apertura Contra la Inflación y la Carestía (APECIC) del gobierno federal con el que se busca disminuir los impactos de la inflación en la economía familiar.

A través de un comunicado dirigido al Secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, organismos como la Asociación Mexicana de Productores de Carne (AMEG), de la COMECARNE y de la Organización de Porcicultores Mexicanos (Opormex), entre otros; aseguraron entender la “relevancia y urgencia de llevar acciones en favor de la economía familiar”.

Sin embargo resaltaron su interés para “que dichas medidas no pongan en riesgo el reconocimiento en materia sanitaria y de inocuidad. Los productores y procesadores estamos comprometidos en garantizar que todos los mexicanos tengan acceso a alimentos sanos e inocuos”, señalaron en su texto.

Las organizaciones hicieron un respetuoso llamado para que el APECIC, próximo a publicarse en el Diario Oficial de la Federación (DOF) además de establecer medidas para contener la inflación “asegure que los controles sanitarios prevalezcan en la internación de los productos y materias primas provenientes del exterior y con ello asegurar el bienestar y salud de las personas a través de alimentos sanos e inocuos”, resaltaron en su comunicado.

El texto finaliza asegurando que las organizaciones firmantes reiteran su compromiso para trabajar con “todos los involucrados” al tiempo que se dijeron seguros de que el trabajo conjunto con el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica), la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) permitirá construir un acuerdo que facilite el comercio “sin que estas medidas impliquen un riesgo sanitario para México” así como un retroceso en el reconocimiento sanitario que se ha construido en el país durante muchos años.

La advertencia de estas organizaciones obedece a que durante la firma del APECIC, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador establece que las 15 empresas involucradas deberán cuidar su propio cumplimiento de las normas sanitarias, de inocuidad y calidad en los alimentos, y no el Senasica y la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris).

Y es que en opinión de algunos expertos, la decisión podría derivar que otros países cierren las fronteras a las exportaciones de alimentos procedentes de México, debido a que nuestro país firmó acuerdos internacionales donde se estableció que los organismos responsables de vigilar el cumplimiento de las normas sanitarias son el Senasica y la Cofepris.

El gobierno otorga a las empresas suscritas una licencia única universal en relación a sus actividades de importación y distribución de alimentos e insumos para el envase de alimentos de las empresas, las exime de todo trámite o permiso, incluyendo aquellos del Senasica y de la Cofepris.

Aunado a ello, la administración actual se exime del Impuesto General de Importación al Comercio Exterior, por lo que se les confía la responsabilidad de asegurar que sus mercancías cumplen con las normas sanitarias de inocuidad y calidad.

“La autoridad suspenderá la revisión de toda regulación que se considere que impide o encarece la importación e internación de alimentos y su movilidad dentro del país”, informó el secretario de Hacienda durante la conferencia mañanera del presidente López Obrador del lunes 3 de octubre.

“Esto incluye aranceles, barreras al comercio exterior no arancelarias y otros requisitos para su ingreso y circulación nacional”, resaltó.

Ramírez de la O detalló que las empresas serán las responsables de verificar que los alimentos e insumos que importen “sean de calidad y se encuentren libres de contingencias tanto sanitarias como de cualquier otra índole”.

El acuerdo para luchar contra la elevada inflación, especialmente en alimentos, contempla la entrega de una licencia única a las compañías para agilizar trámites e incrementar la producción de maíz, pollo y cerdo; así como impedir las exportaciones de maíz, frijol y sardina; con lo que se busca que el precio promedio de los 24 productos de la canasta básica se reduzca.

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