El crimen organizado ya controla los precios de productos de consumo básico con extorsiones y asesinatos: CONCAMIN

La inseguridad que atraviesa el país tiene estragos económicos que afectan directamente tanto a consumidores como productores de alimentos, de acuerdo con la Confederación de Cámaras Industriales (CONCAMIN). El organismo, a través de su presidente José Abugaber Andonie, ha manifestado en diversas ocasiones la preocupación del sector industrial ante la violencias que altera -negativamente- las actividades industriales.

Durante la primera semana de septiembre, el órgano expidió un comunicado reiterando su preocupación por la inseguridad, así como su condena y una exigencia clara al presidente Andrés Manuel López Obrador e instituciones de los tres niveles de gobierno por medidas efectivas de protección a la ciudadanía.

En la misiva, la CONCAMIN refirió diversos hechos de violencias como el robo de insumos y un control, por supuesto ilegal, en la cadena de distribución de alimentos. Señaló además a las poblaciones marginadas y con menos recursos económicos como las más afectadas y siete entidades como las de mayor incidencia: Estado de México, Guerrero, Michoacán, Puebla, Tlaxcala, Veracruz y Zacatecas.

“Para la industria confederada y las industrias de alimentos, es inadmisible que algunos Estados estén pasando por esta complicada situación, con la que se pone en riesgo la seguridad alimentaria, el abasto, y se encarecen los alimentos en esas poblaciones.

“Esto afecta en mayor medida a los que menos tienen, incluso a comunidades marginadas, que están a merced de la delincuencia organizada que controla los accesos a esas poblaciones, amenaza a los proveedores de insumos y alimentos, controla los precios y el abasto, dejando sin transporte a la cadena de suministro, al robar, quemar o destruir los camiones que surten esas regiones”, se lee en el boletín

La CONCAMIN, que fue constituida como una organización de representación empresarial en sus diversos sectores y actividades que actualmente integran 53 Cámaras nacionales, 14 Cámaras regionales, tres Cámaras genéricas y 59 asociaciones, sostuvo que como consecuencia de estas condiciones existen empresas que se cuestionan sobre mantener las rutas de distribución en zonas en las que son violentados sus trabajadores, víctimas de robos y quema de sus camiones.

El llamado fue a mantener una relación cercana a las autoridades para encontrar mediadas que garanticen la “paz social, a la armonía y a la prosperidad de todos” y que puedan ser llevadas a cabo con efecto inmediato. Aunque no directamente hacia el organismo que precede José Abugaber Andonie, el presidente ha desestimado la preocupación de los empresarios.

“Sin duda están exagerando nuestros adversarios (...) Está montado. Es propagandístico. No hay ningún problema mayor, pero sí quieren agarrar esa bandera de la violencia (...) Es evidente, y no tengo duda, que nuestros adversarios ayudan en la propaganda negra”, dijo López Obrador luego de una anormal jornada de violencia durante las segunda semana de agosto.

En aquella ocasión, los hechos que se presentaron a lo largo del país fueron condenados por el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) y la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex). El primero reprobó las agresiones de las que aseguraron, “se presentan cada vez más frecuente y grave”, mientras que la segunda exhortó al Federal “a que cumpla su obligación de garantizar la seguridad física y patrimonial”.

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