MCCI: una ama de casa estaría detrás de empresa fantasma que cobró millones de pesos en Segalmex por azúcar inexistente

Andrés Manuel López Obrador llegó a la presidencia de México en 2018 con la promesa de combatir la corrupción y la impunidad que por años han representado dos de los mayores problemas del país. Si bien en sexenios pasados escándalos como la Estafa Maestra marcaron la administración de algunos presidentes, como fue el caso de Enrique Peña Nieto, lo cierto es que la autodenominada Cuarta Transformación está lejos de ser diferente a sus antecesores.

Desde hace un par de meses, investigaciones con carácter periodístico de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) han revelado una inmensa red de corrupción existente en la Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex), misma que ha dejado alrededor de 11 mil millones de pesos desaparecidos.

Pese a que la opinión pública ya conoce el caso y la Fiscalía General de la República (FGR) ha comenzado a investigar algunas de las transacciones de dicha dependencia, la impunidad continúa siendo el escudo para las o los funcionarios públicos involucrados, lo que ha propiciado a que las omisiones y opacidades en el manejo de recursos de Segalmex continúe siendo una realidad, tal y como lo señala en su nueva investigación la organización civil.

En una nueva entrega, Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) señaló que una ama de casa que no tiene dinero para pagar un adeudo de tres mil pesos en una tienda, es accionista de Servicios Integrales Carregin, una empresa fantasma que en 2020 firmó un convenio por 465 millones de pesos para venderle 25 mil toneladas de azúcar a Segalmex.

La mujer fue identificada como Daffne Pomar Colín y, de acuerdo con lo expuesto por la organización civil, fue utilizada para crear la mencionada compañía, misma que ya fue denunciada ante la Fiscalía General de la República (FGR) por delincuencia organizada y lavado de dinero.

Cabe mencionar que Daffne Pomar no era la única accionista de la empresa pues también formaba parte de ella Jorge Saúl Romero Valencia, quien vive una modesta vivienda en una colonia popular del municipio de Ixtapaluca en el Estado de México.

La organización civil señaló que aunque ambas personas fueron utilizadas como prestanombres, la Fiscalía General de la República (FGR) ya giró órdenes de aprehensión en su contra. Además, destacó el hecho de que uno de los dos apoderados de Carregin participó también en otras dos empresas que han recibido de Segalmex contratos por 52 millones de pesos.

Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) señaló que la compra que se investiga comenzó el 23 de abril de 2020 cuando la Dirección Comercial de Diconsa firmó un convenio con Carregin y posteriormente generó 37 pedidos regionales por los que pagaría 465 millones de pesos para recibir 25 mil toneladas de azúcar estándar a granel en distintos almacenes del país.

No obstante, tres semanas después de la firma de dicho contrato, la empresa solicitó a Diconsa cancelar 36 de los 37 pedidos regionales argumentando dificultados logísticas provocadas por la contingencia sanitaria, motivo por el cual únicamente quedaría un pedido por 7 mil 800 toneladas, equivalente a 145 millones de pesos.

En la denuncia consultada por la organización civil se constató que la compañía declaró no tener la capacidad para almacenar las 7 mil toneladas en sus almacenes, por lo que, tras un acuerdo entre ambas partes se acordó que el azúcar debía ser resguardado en un domicilio ubicado al sur de la Ciudad de México.

No obstante y pese a que no se contaba físicamente con el producto, Segalmex depositó la cantidad total de los 145 millones de pesos pactados en las cuentas de Carregin. En tanto, los funcionarios encargados del pedido fijaron el costo en 18.60 pesos por kilogramo sin realizar un estudio de mercado.

Aún así las relaciones comerciales continuaron y, aunque firmaron un convenio modificatorio y de finiquito en donde dieron por terminada su relación laboral en diciembre de 2020, Diconsa ya había pagado la totalidad de las 7 mil 800 toneladas de azúcar valuadas en 145 millones de pesos mientras que la empresa únicamente había entregado 3 mil 110 toneladas en los almacenes de Segalmex.

Por ello, la organización civil expuso que Diconsa solicitó que Carregin realizara a más tardar el 31 de diciembre de 2020 una devolución a la cuentas bancarias de la dependencia por la cantidad de 88 millones de pesos, lo que es equivalente a las 4 mil 700 toneladas de azúcar que no se entregaron.

Fueron múltiples las ocasiones en las que Carregin solicitó la devolución, no obstante, dicha compañía únicamente hizo el reembolso de 8 millones de pesos. Al respecto, María Oceguera Valle, representante legal de Diconsa presentó en agosto de 2021 una denuncia penal ante la Fiscalía General de la República (FGR) en contra de la empresa y exfuncionarios que resulten responsables.

De acuerdo con Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) entre las órdenes de aprehensión solicitadas por la FGR se encuentran la de Manuel Lozano Jiménez, exdirector comercial; René Gavira Segreste, exdirector de finanzas y Carlos Dávila Amerena, exdirector jurídico de Diconsa.

En su labor de investigación, la organización civil se dio a la tarea de acudir al domicilio registrado por Daffne Pomar, presunta accionista de Carregin. En el sitio, un hombre que se ostentó como dueño del inmueble les informó que la mujer era ama de casa y que tiene ya varios años de no habitar su hogar ubicado en la alcaldía Cuauhtémoc.

Incluso, Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) señaló que el hombre les mostró un estado de cuenta que llega constantemente a su dirección donde la tienda departamental Coppel le solicita saldar una deuda por tres mil pesos que se generó de la compra de un ropero y una cuna en marzo de 2021, tan solo unos meses después de que se convirtiera en una proveedora millonaria de Segalmex.

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