La Fiscalía General de la República (FGR) ha solicitado que se condené a 55 años de cárcel a Gerardo Sosa Castelán, quien fuera presidente del patronato de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH) detenido en agosto de 2020 acusado de delincuencia organizada y lavado de 58 millones 245 mil 948 pesos, utilizando a la propia institución para ello.
La petición del fiscal federal Carlos Melo Ponce es que sean 40 años de cárcel por delincuencia organizada y 15 por lavado de dinero. Asimismo agregó un pago de 30 mil días multa. Además también pidió que se condene a 35 años de prisión y 17 mil 500 días multa a Juan Manuel Hernández Gayosso, María Luisa Montalvo Sierra y María Cruz Campos Álvarez, los presuntos cómplices de Sosa que también están detenidos.
La FGR entreó pruebas en su acusación ante el juez del Centro de Justicia Penal Federal de Almoloya de Juárez, en el Estado de México. Se trata, según ha trascendido, de 54 documentos y 39 testimonios de funcionarios de dependencias como la Secretaría de Hacienda, el IMSS, agentes de la Policía Federal Ministerial, así como gerentes y representantes de Scotiabank Inverlat, Banorte, Citibanamex, Bancomer y HSBC.
Sosa Castelán fue detenido el 31 de agosto de 2020 a consecuencia de tres denuncias que presentó la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) por delitos de operación con recursos de procedencia ilícita, lavado de dinero y defraudación fiscal.
El directivo era investigado desde el 2019 y fue a finales del mes de mayo que la UIF informó que detectó actividades irregulares del presidente del patronato de la UAEH y bloqueó seis cuentas de la institución.
La suma de dichas cuentas ascendía a USD 151 millones, las cuales estaban a nombre del patronato de la UAEH, pero vinculadas con las supuestas actividades de Gerardo Sosa.
En junio de ese año, la UIF desmintió que la Universidad hubiera comprobado el origen de los recursos, ya que les fueron liberadas 46 cuentas con el fin de no afectar el pago de trabajadores, proveedores y servicios, pero mantenían bloqueo de USD 151 millones, recursos que fueron transferidos de Suiza a México y a través de cuentas de 22 naciones.
En un comunicado de prensa del 2019 se indicó que “el sistema financiero reportó la realización de depósitos y transferencias internacionales provenientes de más de 22 países: Suiza, España, Reino Unido, entre otros”. Posteriormente, se dio a conocer que la Administración para el Control de Drogas (DEA) investigaba a la UAEH por el lavado de dinero.
“No hay persecución política, bajo ninguna circunstancia, pero es un tema que afecta la estabilidad del sistema financiero y es un tema que tiene que ser esclarecido de manera pronta”, aclaró el entonces titular de la UIF, Santiago Nieto.
La UAEH había indicado que en junio de 2020 le habían liberaron 44 cuentas, lo cual confirmaba “la confianza en los órganos de justicia federal ante quienes ha quedado probada la licitud sobre el origen, manejo y destino de los recursos que administra la máxima casa de estudios de la entidad”.
La Unidad de Inteligencia Financiera aclaró que en las seis cuentas que decidió bloquear se mezclaron recursos públicos y privados y que no es dinero que pertenece al fondo de jubilados como había justificado la institución.
Cabe señalar que en ese momento se dejaron a salvo las cuentas bancarias de la universidad que recibe subsidios federales y estatales, dispersa pagos de nómina a los trabajadores académicos y administrativos, tanto activos como jubilados; recibe pagos de colegiaturas, exámenes de admisión y demás servicios educativos; administra ingresos propios y becas; efectúa el pago a proveedores e impuestos federales y locales.
Desde febrero del 2019, la UIF había emitido un medida cautelar que se tomó después de que un reporte alertara de “movimientos financieros inusuales en diferentes cuentas bancarias” de la casa de estudios.
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