Han transcurrido casi ocho años desde la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa y, aunque el proceso en busca de justicia no parece tener un fin cercano, la última semana ha estado repleta de actualizaciones respecto al caso.
Luego del informe presentado el pasado jueves por Alejandro Encinas y la detención de Jesús Murillo Karam un día después, la Fiscalía General de la República dio a conocer la solicitud y liberación de 83 órdenes de aprehensión en contra de personas implicadas en los crímenes de Iguala del 26 y 27 de septiembre de 2014.
De manera concreta, la FGR irá detrás de 20 mandos militares y personal de tropa de los batallones 27 y 41 de infantería, 11 policías estatales de Guerrero, 26 agentes municipales de Huitzuco, 6 de Iguala y uno más de Cocula. En la lista también están incluidos 14 miembros de Guerreros Unidos y 5 autoridades administrativas y judiciales de Guerrero.
Entre los agentes de las Fuerzas Armadas que están en la mira de la Fiscalía destaca el excomandante Alejandro Saavedra Hernández, quien se desempeñaba en aquel entonces como comandante de la 35 Zona Militar de la IX Región, con sede en Chilpancingo.
Alejandro Saavedra, el militar que escaló en la Sedena después de la noche de Iguala
Antes de ejercer como un alto mando en las fuerzas castrenses de Guerrero, Alejandro Saavedra Hernández egresó del Heroico Colegio Militar como Subteniente de Artillería.
Según información de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) complementó su formación en la Escuela Superior de Guerra con el Curso de Mando y Estado Mayor.
Llegó incluso a ocupar un cargo en la Embajada de México en Canadá como Agregado Militar y Aéreo, puesto en el que desempeñó labores diplomáticas y de inteligencia, desde el intercambio de información hasta el análisis de estrategias de defensa.
Posteriormente, llegó a ser Comandante de las 11a, 16a, 18a y 35a Zonas Militares. Esta última, con sede en Chilpancingo, es en donde se encontraba cuando fueron perpetrados los crímenes contra los normalistas.
Según se informó, el entonces comandante Alejandro Saavedra estuvo al tanto de todos los hechos ocurridos durante la noche del 26 de septiembre de 2014, pues tenía acceso en tiempo real al a las comunicaciones de inteligencia del C-4 que investigaban la situación.
Además, Saavedra Hernández había recibido una llamada por parte del gobernador de Guerrero en turno, Ángel Heladio Aguirre, con el fin de esclarecer qué ocurría en esos instantes. Hasta la fecha, todo parece indicar que no hubo seguimiento ni acción alguna por parte del comandante.
“Autoridades federales y estatales del más alto nivel fueron omisas y negligentes, existiendo elementos de presunción respecto de alterar hechos y circunstancias para establecer una conclusión ajena a la verdad de los hechos”, estableció el informe de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia (CoVAJ).
Después de la tragedia, su trayectoria en la Sedena continuó en ascenso, pues fue nombrado General de División, Comandante de la Región Militar (ya no sólo de la Zona) y, posteriormente, llegó a ser Inspector y Contralor General del Ejército y Fuerza Aérea.
El 30 de noviembre de 2017, con Enrique Peña Nieto aún en el poder, Alejandro Saavedra fue designado Jefe del Estado Mayor de la Defensa Nacional. Con la entrada de Andrés Manuel López Obrador a Presidencia, Saavedra no llegó al máximo puesto de la Sedena —como lo había recomendado Salvador Cienfuegos—, pero sí obtuvo la dirección del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas.
La información disponible señala que ocupó ese cargo hasta el 2 de marzo de 2021 y, a partir de esa fecha, no se tiene conocimiento sobre sus labores.
“En todo momento las autoridades federales, estatales y municipales tuvieron conocimiento de la movilización de los estudiantes desde su salida de la Escuela Normal Rural ‘Isidro Burgos’ hasta su desaparición, y sus acciones, omisiones y participación permitieron la desaparición y ejecución de los estudiantes, así como del homicidio de otras seis personas”.
Otros mandos militares presuntamente implicados
Francisco Macías Barbosa, el entonces Teniente de Infantería del 27 Batallón es otro de los oficiales castrenses posiblemente vinculados con los crímenes de la noche de Iguala.
Esto, debido a que él era el mando inmediato del soldado Julio César López Patolzin, quien realizaba labores de informante como inflitrado en la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos en aquella época.
“Julio César López Patolzin fue desaparecido junto con los estudiantes normalistas. No obstante que se encontraba activo en el Ejército Mexicano realizando funciones de informante y de que su superior jerárquico estaba al tanto de que se encontraba dentro del grupo de estudiantes, este no realizó ninguna acción de protección a su integridad ni búsqueda de su persona, pese a que era su deber”, señala el informe de la CoVAJ.
También del 27 Batallón de Infantería se ha mencionado al entonces coronel José Rodríguez Pérez. De acuerdo con información publicada por Milenio, él habría estado al frente del personal militar que se encargó de fotografiar a los estudiantes dentro de una clínica en Iguala.
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