Caso Emilio Lozoya: nueva audiencia para definir libertad excluirá capacidad económica y comportamiento

Ni la defensa del exdirector de Pemex ni la FGR podrán intervenir para convencer al juez de una medida cautelar adecuada, ya sea que se ratifique lo decidido en noviembre pasado o sea modificado con ciertas condiciones

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El exdirector de Pemex sigue
El exdirector de Pemex sigue firme en colaborar con las autoridades para ir por más funcionarios (Photo by Alfredo ESTRELLA / AFP)

La nueva audiencia para definir si Emilio Lozoya permanece en prisión preventiva o sigue su proceso en libertad con otras medidas cautelares no deberá tomar en cuenta su capacidad económica ni su actitud procesal en presuntos actos de corrupción que enfrenta por los casos Odebrecht y Agro Nitrogenados.

De acuerdo con fuentes del Poder Judicial consultadas por Infobae México, el juez decidirá si el exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex) se queda tras las rejas este 26 de enero a las 13:30 horas en diligencias que se llevarán a cabo en el Centro de Justicia Penal del Reclusorio Norte.

El Tribunal que concedió una modificación al cambio de medidas cautelares ordenó que se lleve a cabo una comparecencia donde no existan debates entre las partes. De ahí que ni la defensa del acusado ni la Fiscalía General de la República (FGR) podrán intervenir para exponer sus motivaciones.

Emilio Lozoya interpuso dos recursos de apelación contra la prisión preventiva en las causas penales que se le siguen y el pasado 21 de enero le fue concedido que se modificara esa opción para seguir su proceso fuera de la cárcel con un brazalete electrónico, lo cual obtuvo desde julio de 2020 tras negociar colaboración con la FGR.

La planta de Agro Nitrogenados
La planta de Agro Nitrogenados fue comprada a sobreprecio y sin 14 años de operaciones con equipo que lleva 30 años de antigüedad (Foto: Facebook @AceroAHMSA)

Ese beneficio fue por aceptar sus responsabilidades en la compra a sobreprecio de la planta chatarra de fertilizantes Agro Nitrogenados, cuyas instalaciones se adquirieron por 475 millones de dólares, cuando el acusado estaba al frente de Pemex y en tratos con la empresa Altos Hornos de México (AHMSA) de Alonso Ancira.

Sin embargo, la resolución de seguir su ubicación mediante un dispositivo no pudo ser cumplida porque también se encuentra en el centro carcelario por el caso Odebrecht, empresa brasileña que sobornó a funcionarios y políticos mexicanos, e intervenciones en que el exdirector de Pemex aceptó su participación y denunció a decenas de supuestos cómplices.

Este 25 de enero, Lozoya ganó otra apelación correspondiente a Odebrecht y se ordenó al juzgador que realice otra audiencia, pero no tome en cuenta la capacidad económica del procesado, lo cual advertía que podría sustraerse de la justicia al salir del país.

El fallo también contempla que no se considere que estuvo prófugo, fue arrestado en España en febrero de 2020 y desde allá decidió acogerse a un criterio de oportunidad a cambio de penas menos severas en su juicio. Antes de pactar con las autoridades estuvo oculto durante nueve meses y se le extraditó para comparecer, pero no pisó la cárcel.

José Artemio Zúñiga Mendoza, quien lleva ambos casos, volverá a emitir una nueva resolución donde sea más congruente, justifique con suficiencia y exhaustividad lo relacionado con la medida cautelar, es decir, si ratifica que el exfuncionario siga en el Reclusorio Norte o sale bajo ciertas condiciones.

Lozoya fue detenido al sur
Lozoya fue detenido al sur de España en febrero de 2020 (Foto: REUTERS/Jon Nazca)

Las medidas de mantenerlo tras las rejas se dictaron el 3 de noviembre del año pasado, mientras enfrentaba las acusaciones en libertad. Zúñiga Mendoza consideró que existía un alto riesgo de fuga y no se habían concretado las pruebas para demostrar que estaba cooperando.

Ante los recursos de apelación concedidos a Lozoya, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) ha pedido que se suspendan las acciones ordenadas por el Tribunal. Pues la dependencia adscrita a la Secretaría de Hacienda recurrió a la vía del amparo como institución ofendida en la causa penal.

En cuanto al caso Agro Nitrogenados la UIF solicitó que sea revisada la constitucionalidad de la resolución. Para ello pidió la suspensión de sus efectos y así evitar una obstrucción en la continuidad de los procesos en que el detenido se enfrentaría a 54 años de cárcel.

Emilio Lozoya sigue firme a través de su defensa que colaborará y devolverá al menos 5 millones de dólares como pago por daño al erario público, y lo cual correspondería con sobornos recibidos. Sus abogados señalan que no violaron ninguna condición otorgada como testigo protegido y solo decidieron encerrar al exdirector de Pemex luego de exhibirse en un restaurante lujoso en Polanco, como alguien impune pese al reconocimiento de sus delitos.

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