Autoridades federales dieron a conocer el Anexo Transversal Anticorrupción, el cual está incluido en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) para 2022 y dicta cuánto dinero recibirán los órganos que se encargan del combate a la corrupción en diferentes niveles.
Para el 2022, el anexo proyecta que el Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) reciba 135.2 millones de pesos, lo cual será alrededor de un 50% más que lo recibido en 2021, pues este año se le asignaron recursos por 67,254,610 pesos.
Asimismo el presupuesto anticorrupción marca que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y, su brazo anticorrupción, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) obtendrán menos dinero del que recibieron durante este año, pues se harán recortes mínimos a estas dependencias.
El SAT obtendrá 82,580,602 pesos para el ejercicio del próximo año, mientras que anteriormente había recibido 87,370,623 pesos, lo cual significa que los ingresos de esta dependencia se reducirán en un 5.7 por ciento.
Por su parte, la UIF, que ya es dirigida por Pablo Gómez después de la salida de Santiago Nieto, tendrá 157,712,373 pesos para operar tareas de combate a la corrupción, pues sufrió una reducción del 7.23 en su presupuesto con respecto a este año, tras recibir 170,010,527 pesos durante el 2021.
Durante este año, se creó al interior del TFJA la Tercera Sección de la Sala Superior, la cual es integrada por tres magistrados y se especializa en atender casos de corrupción canalizados por la Secretaría de la Función Pública (SFP), es decir, se encarga de atender la corrupción al interior de las dependencias gubernamentales.
El anexo indica que el presupuesto anticorrupción del 2022 será distribuido entre 10 entidades, las cuales realizan tareas marcadas en uno o varios de los cuatro ejes que marca el documento, los cuales son: combatir la corrupción y la impunidad; combatir la arbitrariedad y el abuso de poder; promover la mejora de la gestión pública y de los puntos de contacto gobierno-sociedad; e involucrar a la sociedad y el sector privado.
Las dependencias que recibirán parte de este presupuesto son el Consejo de la Judicatura Federal, la UIF, la Subprocuraduría Fiscal Federal de Investigaciones de la Procuraduría Fiscal, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), el SAT, la SFP, el TFJA, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) y la Fiscalía Anticorrupción de la Fiscalía General de la República (FGR).
Por su parte, los gobiernos de diversos estados de la república redujeron el presupuesto para las fiscalías anticorrupción locales, a pesar de que las tasas de judicialización de las denuncias en algunos de estos lugares llegó a mínimos de cinco por ciento.
De acuerdo con una investigación del Instituto Mexicano para la Competitividad A.C. (Imco) y Tojil, una organización civil sin fines de lucro, sólo ocho estados del país reportaron más del 5% de judicialización de denuncias entre enero del 2019 y el 31 de mayo del 2020, pues sólo dos fiscalías locales obtuvieron cifras mayores, las cuales fueron de entre el 10% y 13%.
Asimismo, se informó que las fiscalías carecen de un protocolo de audiencias, de protección a testigos, entregas vigiladas y operaciones encubiertas; lo cual deja en evidencia la falta de instrumentos para el combate anticorrupción local.
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